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MULTIMEDIALA OPOSICIÓN MACHACA CON TRES ESCÁNDALOS QUE AFECTAN A CiU
.
Los jueces barceloneses ralentizarán los procedimientos que hay
en curso y que afectan a políticos para no interferir en la campaña
electoral de las autonómicas catalanas que se celebran el próximo 25 de
noviembre, según pudo saber El Confidencial de fuentes judiciales. Quien más beneficiado sale de esta discreción de la justicia es el candidato de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, ya que tres de los principales casos que se están investigando afectan a miembros de su partido.
El
caso estrella es el del Palau de la Música, del que no se esperan
novedades en breve. Tras la petición del juez el pasado mes de julio de
una fianza de 3,3 millones de euros a Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) para responder del desvío de dinero de la institución
musical hacia la Fundación CatDem (lo que equivale a decir hacia el
propio partido), la investigación sigue su curso. El mes de septiembre,
el juez también imputó al actual director de Comunicación del
Ayuntamiento de Barcelona, exalto cargo de la Generalitat y uno de los
hombres del círculo de confianza de Artur Mas, Marc Puig, que ya
declaró en el juzgado. Puig, según parece, había realizado trabajos de
comunicación para el Palau debido a su especialidad profesional.
El caso Palau preocupa, y mucho, a CDC, ya que también está en el punto de mira el extesorero del partido, Daniel Osàcar, una de las personas que presuntamente recibía dinero bajo mano del saqueador confeso Fèlix Millet.
Pero ahora le ha salido otra china en el zapato: el caso ITV. En el
nuevo escándalo, sale salpicado el propio secretario general de
Convergència y tercero de la lista de Mas, Oriol Pujol, a quien
se relaciona con la trama para amañar los concursos de concesión de
estaciones de ITV y de configuración de una red de empresas que
presuntamente se iban a beneficiar de concesiones oficiales en el campo
de la inspección técnica.
El escándalo estalló el pasado mes de marzo,
cuando fueron detenidos los empresarios Sergi Alsina, Sergi Pastor y Eduard Puignou, además del subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y del responsable de la Sectorial de Empresa e Industria de Convergència, Josep Tous, que había sido destinado por el partido para revisar el régimen de adjudicaciones de estaciones.
Alsina
había sido compañero de clase de Oriol Pujol, lo mismo que Josep Tous.
En el sumario, constan interceptaciones de conversaciones telefónicas
donde losprincipales implicados pactan entre ellos la estrategia que
seguirán sobre cómo beneficiar a determinadas empresas y de cómo sacar
beneficios en el futuro incluso modificando leyes a su conveniencia. A
mediados del mes de julio pasado, la juez que investiga el caso, Silvia López Mejías, pidió un informe sobre Pujol para determinar si le imputa en el sumario, que ocupa ya más de 16.000 folios.
Según ha podido saber este diario, el informe está prácticamente concluido,
pero no se le dará curso hasta después de las elecciones, ya que de lo
contrario podría malinterpretarse cualquier decisión que tomase el
magistrado.
Otro de los casos investigados afecta a Ramon Bagó,
exdirector general de Turismo de la Generalitat, gran amigo de Jordi
Pujol y propietario del grupo Serhs. Como presidente del Consorcio de
Salud y Social de Cataluña (CSSC), Bagó se autoadjudicó durante dos décadas importantes contratos de servicios.
La Oficina Anticorrupción de Cataluña (OAC) realizó un informe sobre su
persona, pero este verano la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP),
organización independentista, presentó una querella contra él, ya que
advirtió graves irregularidades en unas concesiones realizadas en
Barcelona el año pasado.
En otro juzgado de Barcelona se siguen también diligencias contra el expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta,
a quien un socio del Barça presentó una querella por diversos presuntos
delitos. El expediente se tramita en el juzgado número 22 pero, aunque
Laporta no repite candidatura, no habrá modificaciones sustanciales del
mismo hasta después de las autonómicas.
Una decisión “acertada”
En
medios políticos se considera la ralentización de los sumarios en época
electoral “acertada”. Desde las filas convergentes se ve normal que la
justicia intente no interferir en la campaña. En la formación
nacionalista, existe un cierto temor a que en el caso de las ITV pudiera
haber alguna novedad que afectase a Oriol Pujol antes del 25 de
noviembre, a pesar de que admiten que el procedimiento judicial es
independiente de la agenda política. Es más, cuando el juez pidió el
informe sobre el político no estaban convocadas elecciones e incluso
desde CiU se insistía en que no se iban a adelantar. Eso sí, en las
filas nacionalistas defienden a capa y espada la honorabilidad de su
secretario general y aseguran que algunos de los empresarios
investigados utilizaron su nombre para darse importancia.
Desde
la oposición también se considera que es positiva la medida. ”Es cierto
que si hay alguna imputación en plena campaña electoral, podría
distorsionar la misma”, señala a El Confidencial uno de los candidatos de la oposición. Y añade: “De lo que no nos cabe duda es de que CiU volvería a apelar al victimismo,
denunciando que es un ataque al nacionalismo y una venganza por su
deriva independentista, ya que su estrategia pasa por denunciar ataques
sistemáticos a los nacionalistas”.
Una fuente de la cúpula del PSC señala que “es necesario que CiU aclare todas las acusaciones que se le hacen, porque siempre que sale algo echa la culpa al sistema judicial o al Estado español. Sus excusas son ridículas.
Utiliza el victimismo como recurso cuando se siente acorralada”. Para
estas fuentes, ”los procesos judiciales no tienen nada que ver con los
políticos, por lo que los jueces no deberían variar su agenda”.
Fuentes de Ciutadans, por su parte, cargan contra los convergentes. ”Hablan mucho de expolio, pero el verdadero expolio en Cataluña se llama CiU
y es la red clientelar y mafiosa de CiU que se nutre de recursos
públicos.
La Administración es una gran máquina de generar dinero y aquí
se ha blindado a un grupo para que haga y deshaga a su antojo. En los
últimos años, ha habido escándalos monumentales, como el caso Pallerols,
el caso 3%, el Palau, las ITV... Y no pasa nada. En el caso Palau, el
juez ha llegado a poner una fianza millonaria a CiU, porque hay indicios
muy serios de que había cobrado dinero a cambio de concesiones. Es
decir, que ha habido un Gobierno prevaricador. Y sigue sin pasar nada. Ni una dimisión. Mas no ha dado ni una sola explicación en el Parlamento catalán.
Claro que, para ello, contó con el apoyo de ERC. Ahora, han de cerrarse
los trabajos de dos comisiones de investigación parlamentarias: la de
sanidad y la de las cajas de ahorros. Lo que querríamos saber es si
estas comisiones se volverán a abrir en el caso de que CiU saque la
mayoría absoluta. ¿O es que le servirá al señor Mas su mayoría absoluta para tapar estos escándalos?”, dice a El Confidencial una fuente de la dirección de C’s
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