El Gobierno no ha querido enfrentarse a una reforma legal en
profundidad del mercado hipotecario con los desahucios para no inflamar
los temores de inseguridad jurídica con que la comunidad financiera
observa todo lo que ocurre en la economía española. Los bancos nacionales tienen emitidos más de 425.000 millones de euros en cédulas hipotecarias
garantizadas con el reembolso de los préstamos que han ido concediendo
para la compra de viviendas. Esta inmensa deuda podría verse gravemente
afectada si ahora se abre una vía legal para facilitar el retraso, la
refinanciación o incluso el impago de los créditos.
Para los bancos españoles, la de las cédulas hipotecarias es una línea roja que no se debe traspasar, ya que se trata de su deuda de mayor calidad y, por lo tanto, la más demandada por los inversores extranjeros. Además,
el drama potencial para el sector es que las cédulas también son
empleadas como garantía para acceder a la barra libre de liquidez
abierta por el Banco Central Europeo (BCE). De ahí la importancia de
asegurar el control del mercado hipotecario para evitar conflictos con
las autoridades monetarias y suspicacias entre los analistas del orbe
financiero.
“Las medidas aprobadas por el Gobierno no han tenido
impacto de momento, ni en los precios ni en las rentabilidades de las
cédulas. Eso sólo ocurriría si se vieran afectadas las hipotecas de
mayor calidad por cambios sustanciales en la ley hipotecaria”, aseguran
en una de las grandes entidades financieras. Sin embargo, las
diferencias entre las rentabilidades que tienen que ofrecer unos
bancos y otros son muy distintas según el nivel de solvencia que les
asigna el mercado.
Por
ejemplo, las cédulas hipotecarias de Bankia con vencimiento en
diciembre de 2015 están dando un rendimiento del 5,90%, más del doble de
lo que paga Santander en el mismo plazo. Popular, en plena ampliación
de capital para cubrir las necesidades de capital de 2.500 millones de
euros detectadas por Oliver Wyman, tiene que desembolsar un 4,45%.
Aunque estos productos suelen rentar menos que la deuda pública, que
ahora ofrece alrededor del 3,90% a tres años, los bancos más cuestionados están sometidos a las enormes exigencias de los inversores.
De ahí el temor del sector a que una nueva vuelta de tuerca para frenar
los desahucios pueda dinamitar su línea de financiación más segura y
estable.
Bankia y Caixabank, los más activos.
La gran banca, a través de la patronal AEB, se ha colocado al frente de la manifestación
contra los desahucios con el objetivo de arbitrar fórmulas de
emergencia que no contravengan la estructura y credibilidad del mercado
hipotecario.
En las discusiones de los últimos días con el Ministerio de
Economía las
entidades de crédito más influyentes transmitieron al subsecretario,
Miguel Temboury, las gravísimas consecuencias que podrían derivarse
de un cambio radical en una legislación antigua, pero que da soporte a
un negocio creciente casi en la misma proporción que lo ha hecho la
crisis económica.
Desde el año 2007, el saldo vivo de cédulas
hipotecarias ha aumentado un 60% en nuestro país, siendo las entidades
sistémicas las más activas en el lanzamiento de estos títulos que se
comercializan en su mayor parte entre inversores de carácter
institucional. Precisamente, el liderazgo de este segmento de negocio lo
ostenta Bankia, con más de 60.000 millones en circulación, seguida por
Caixabank, con cerca de 40.000 millones. BBVA sobrepasa los 30.000
millones y el Banco Santander está muy cerca de los 27.000 millones de
euros.
La sombra de los controvertidos test de estrés llevados a
cabo dentro del sistema financiero español ha vuelto a planear en el
toma y daca que PP y PSOE han mantenido con la banca ante la alarma
social provocada por los desahucios. Al final ha prevalecido la opción más conservadora para no despertar la conciencia de los que piensan que la banca española tiene todavía mucho camino que recorrer en materia de saneamiento y provisiones.
Luis de Guindos ha visto de nuevo las orejas al lobo de Oliver Wyman, porque
lo último que le faltaba ahora al mercado financiero español es otra
vuelta de tuerca en los balances de las grandes entidades para cubrir el
quebranto de otro eventual activo tóxico. El Gobierno ha decidido
sacudirse el polvo de las sandalias con una solución parcheada antes que
provocar una nueva burbuja en el estanque dorado de las suculentas y
muy reconocidas cédulas hipotecarias.
El de las cédulas hipotecarias es un mercado hasta ahora blindado. Por
ejemplo, si un banco emite 100 millones de euros, tiene que aportar 120
millones de euros en garantías de hipotecas de máxima calidad. Es
decir, con el doble cortafuego de que el ‘loan to value’ –importe del
préstamo respecto al valor de tasación de una vivienda- debe ser
inferior al 80% y que todas las hipotecas deben estar referenciadas a
primera residencia, el segmento en el que la morosidad es más baja.
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