Dos sobrinos del Rey se sientan hoy en el banquillo de los acusados por un presunto pelotazo inmobiliario en la venta, por 2,7 millones de euros, de un chalé propiedad de Don Juan Carlos y sus dos hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón. Si son condenados, Bruno Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo deberán devolver la comisión millonaria que se embolsaron por intermediar en la operación.
La mansión, que el padre del monarca, Don Juan de Borbón,
había dejado en herencia a sus tres hijos, fue adquirida en 2002 por
Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), una cooperativa en
quiebra e intervenida judicialmente que estafó a más de 1.200 familias
madrileñas, y cuyos promotores están en la cárcel. Los dos sobrinos del
Rey, que hicieron de intermediarios en la operación inmobiliaria,
cobraron una comisión de 1,5 millones de euros (vea el álbum con las fotos de la mansión).
Los
síndicos de la quiebra, encargados de recuperar los casi 30 millones de
euros estafados por CPV para repartirlos entre los acreedores de la
sociedad, reclamaron a Bruno Gomez Acebo, sobrino del Rey, y Marcos
Gomez Acebo, sobrino de la infanta Pilar, que devolviesen los 1,5
millones de euros cobrados en concepto de comisión y pasaran a engrosar
la lista de acreedores. Ante la negativa de éstos a reintegrar esa
cantidad, los síndicos presentaron una demanda de retroacción
contra los sobrinos de Don Juan Carlos, que se sentarán hoy en el
banquillo del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid.
El chalé Villa Giralda, bautizado así en honor a la residencia que Don Juan de Borbón, su esposa, Doña María de las Mercedes, y sus hijos ocuparon durante su exilio en Estoril
(Portugal) el siglo pasado, fue vendido en febrero de 2002 por el Rey y
sus hermanas a CPV por 2,7 millones de euros, que se repartieron entre
los tres a partes iguales. El chalé, enclavado en la exclusiva
urbanización madrileña Puerta de Hierro y hoy demolido, ocupaba una
parcela de más de 4.200 metros cuadrados, y se componía de dos plantas,
semisótano y casa de servicio.
La escritura de compraventa fue firmada, en representación de Don Juan Carlos y sus hermanas, por José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y asesor legal del monarca, a quien los tres hermanos Borbón habían otorgado en 2001 los correspondientes poderes notariales. El conde de Fontao adquirió notoriedad pública este mismo año, cuando El Confidencial reveló que estaba desempeñando un papel de intermediación clave en el caso Urdangarín entre el Rey y su yerno, imputado por corrupción y a punto de sentarse también en el banquillo.
Una comisión "desorbitada"
Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran
que la comisión cobrada por los sobrinos del Rey fue "desorbitada", ya
que ambos se embolsaron 1,5 millones de euros por una operación de
compraventa de 2,7 millones. Es decir, más de un 55% sobre el monto
global, cuando lo habitual en estos casos es que la comisión de los
intermediarios no supere el 5%. Don Juan Carlos, por su parte, cobró
901.518,16 euros en un cheque nominal de Ibercaja, al igual que sus hermanas Pilar y Margarita.
En total, la promotora CPV desembolsó 4,2 millones de euros al monarca y sus familiares. "Para enmascarar la estafa, los promotores trataron de dar una imagen de seriedad y solvencia al adquirir Villa Giralda.
Si el Rey vendía su casa a CPV, las familias estafadas pensarían que
invertían sus ahorros en una operación fiable", añaden las mismas
fuentes. Los afectados habían pagado una media de 500.000 pesetas -3.000
euros- en concepto de señal y un millón más de entrada -6.000 euros-
por unas viviendas en los barrios de Sanchinarro, Las Tablas y
Montecarmelo, en la zona norte de Madrid, que jamás llegaron a
construirse.
Bruno Gómez Acebo, en
conversación telefónica con este diario, rehusó ayer hacer comentarios.
El sobrino del Rey confirmó que el juicio por la demanda de retroacción
contra él y Marcos Gómez Acebo se celebra hoy en los juzgados de la
Plaza de Castilla de Madrid, y se limitó a señalar: "Confío en probar mi
inocencia". A petición de ambos, la vista tendrá lugar a puerta cerrada.
El juez, según las fuentes jurídicas consultadas, ha accedido a esa solicitud con el fin de proteger su intimidad, dada su condición de familiares del jefe del Estado. En el juicio prestarán declaración los promotores de CPV, Francisco García Moreno y sus hijos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, que cumplen condena en la prisión madrileña de Soto del Real por varios delitos de estafa.
Fuente: elconfidencial.com
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