La recesión continúa tiñendo de rojo un mapa del desempleo que
empeora para la casi totalidad de las provincias españolas. El primer
mapa muestra el desempleo a finales de 2011 (4º trimestre de la EPA),
mientras el segundo mapa muestra la situación actual. Es decir, la
evolución del desempleo durante los últimos tres trimestres de crisis. La situación ha empeorado para casi todas las provincias españolas (salvo algunas excepciones, como Burgos, Vizcaya, Baleares o Teruel), mientras el patrón norte-sur del desempleo en España se agudiza: todas las provincias de Andalucía, Extremadura y Canarias superan ya el 30% de desempleo.
No
obstante, el desempleo por sí solo no refleja la destrucción de empleo
durante lo que llevamos de año, ya que la disposición a emigrar es
distinta para las diferentes comunidades, y también lo es la composición
demográfica, que determina en parte las entradas y salidas entre la
actividad y la inactividad. Así, un indicador más preciso de destrucción
de actividad económica en un territorio es la variación del número de ocupados.
El
patrón norte-sur no es tan fuerte al analizar la destrucción neta de
empleo, ya que entre las comunidades que más destruyen aparecen La Rioja, País Vasco y Cataluña.
En términos absolutos, España cuenta con 835.000 trabajadores menos que
hace un año. Las comunidades que más empleo han destruido este último
año son Cataluña, con 192.000 empleados menos, y Andalucía, con 155.000
menos (les sigue la Comunidad Valenciana, con 82.000 trabajadores
menos). Entre ambas comunidades (Andalucía y Cataluña) acaparan el 41,6%
de la destrucción de empleo en España.
Estos
titulares sobre el récord de la tasa de paro, ya por encima del 25%,
están oscureciendo una vez más la riqueza informativa de los datos de
ocupación, que constituyen un termómetro mucho más acertado de la
enfermedad que asola nuestra economía. Mientras el fenómeno del paro
depende de los flujos entre la actividad e inactividad laboral, de las
migraciones interiores y exteriores y de los cambios entre sectores, las
cifras de ocupación muestran con nitidez dónde se está produciendo la destrucción de riqueza.
Mientras la estratosférica tasa de paro se trata de un fenómeno coyuntural –algún día volverá a bajar del 10%,
aunque hayan de pasar 10 años-, los datos sobre ocupación envían,
trimestre tras trimestre, señales claras sobre los cambios estructurales
que se están produciendo en nuestro sistema productivo. Empecemos
examinando dichas señales que la Encuesta de Población Activa envía:
- La destrucción total de empleo
ha afectado a 3,2 de los 20,5 millones de trabajadores que España tenía
en el tercer trimestre de 2007, hace justo cinco años; 15 de cada 100
empleados han perdido su trabajo durante esta crisis.
- La distribución por sexos
ha sido muy asimétrica: el 83% de dichos 3,2 millones de empleos
destruidos corresponde a varones, los cuales siguen siendo aun así
mayoría (55%) en el mercado laboral.
- La población joven,
concretamente los menores de 35 años, ha soportado la mayor parte de la
destrucción de empleo. Si en el tercer trimestre de 2007 trabajaban 8,2
millones de jóvenes, hoy lo hacen 3,1 millones menos. No obstante, hay
que tener en cuenta que los trabajadores que en 2007 tenían más de 30
años ya están hoy fuera de dicho grupo. Si corregimos ese efecto
demográfico, observamos que la tasa de jóvenes con empleo ha caído del
66% al 44%. Uno de cada tres jóvenes ocupados ha perdido su trabajo.
-
El paro lo están soportando casi totalmente los empleados poco
cualificados. En 2007, 6,7 millones de trabajadores tenían formación
superior, cifra que ha crecido en unas –exiguas, eso sí- 80.000
personas. Así, la destrucción neta de empleo se ha centrado íntegramente
en las personas sin formación superior: casi una de cada cuatro personas sin formación superior ha perdido su empleo durante la crisis.
España tiene más de 3 millones de desempleados sin formación superior,
de los cuales 1,1 millones tienen más de 45 años y, por tanto, con
muchas dificultades para “reinventarse”.
Mientras en la construcción se han destruido casi 6 de cada 10 puestos de trabajo y la industria y agricultura sufren con más de un 10% de caída, el nivel de empleo en los servicios prácticamente se mantiene. En 5 años se han destruido 1,6 millones de empleos en la construcción. Un sector que representaba el 12% del PIB ha destruido la mitad de su actividad.
La sangría laboral ha afectado de forma contundente al sector privado.
Durante esta crisis, se han destruido 2,7 millones de empleo asalariado
en el sector privado; mientras que en el sector público no se ha
producido un ajuste de empleo; además, 75 de cada 100 asalariados que
han perdido el empleo tenían un contrato temporal.
Hemos elegido mostrar tres gráficos porque reflejan el claro mensaje estructural que envía el mercado laboral: la actual crisis no es solo coyuntural.
No tiene sentido hablar de un descenso temporal de la demanda, ya que
la destrucción de empleo se centra irremisiblemente en las actividades
desarrolladas por trabajadores poco cualificados y fuera del sector
servicios, especialmente en los varones (jóvenes y con contratos
temporales) del sector de la construcción.
Es indudable que la
crisis tiene un componente coyuntural ligado a cómo España financió la
burbuja inmobiliaria. El billón de deuda privada asumida –empresas y
ciudadanos- para financiar el boom ha estallado en los balances
de las antiguas cajas de ahorro, creando un enorme agujero patrimonial. Y
la insolvencia de parte del sistema financiero –junto con la del Sector
Público- está drenando ingentes recursos financieros que no llegan al
resto de la economía.
Pero ello no debe ocultar la realidad que la EPA muestra: el mercado valora cada vez menos las habilidades no cualificadas,
una tendencia probablemente irreversible. La caída generalizada de las
barreras comerciales, incluso en la prestación de servicios, está
deprimiendo los salarios de los trabajadores no cualificados conforme
cientos de millones de nuevos trabajadores sin formación se incorporan a
la cadena mundial de producción.
Sólo el turismo –y ciertas
actividades agrarias y de servicios- constituye en España un paraguas
para los menos formados, que pueden seguir siendo competitivos debido a
nuestro formidable patrimonio natural y cultural.
En una
sociedad sin valores igualitaristas con un mercado competitivo, esta
situación no supondría un problema. Los salarios descenderían hasta el
punto en que contratar a los desempleados fuese de nuevo rentable. Pero
casi ninguna sociedad es así –no al menos la española-, y los sistemas
de cobertura social y la red familiar suponen una barrera de contención
hacia este ajuste vía precios, considerando que las brechas salariales
son inadmisibles a partir de cierto punto.
Y ése es el gran reto de la economía española: realizar la transición hacia un modelo productivo viable
mientras las salvaguardas del sistema –la protección social y laboral-
sufren cada vez más para contener la fractura, actuando incluso en
contra. La brecha entre trabajadores cualificados, los cuales operan con
tecnología que avanza a velocidad supersónica, y los trabajadores no
cualificados, que de repente han de competir con nuevos cientos de
millones de trabajadores de renta baja, constituye una de las mayores
amenazas de fractura de nuestra sociedad. Esta parece la realidad que la
EPA probablemente ya nunca dejará de mostrar.
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