Deudas catalanas

No es la primera vez que me manifiesto en contra de que el Gobierno de la Nación conceda ayudas a Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómico.

Después de conocer el contenido del pacto de gobernabilidad suscrito entre CiU y ERC, creo que es más importante que nunca que el Ejecutivo de Rajoy se niegue a conceder ayuda alguna a una autonomía que quiere marcharse de España en 2014, probablemente dejándonos colgados con sus deudas.

El programa económico del pacto de gobernabilidad catalán es todo un bofetón a los necesarios planes de saneamiento presupuestario del Gobierno de la Nación. 

El nuevo Ejecutivo catalán ni quiere cumplir los objetivos de déficit marcados para Cataluña ni quiere recortar ese gasto público con el que financia el nacionalismo y que, de paso, sirve de vehículo para todo tipo de latrocinios.

Al contrario, exige al Gobierno de la Nación más dinero, y como este último no se lo dará, pues probablemente cree una agencia tributaria propia para quedarse con los impuestos que se paguen allí –que va a subir, y a aumentar en número– y no dar nada al Estado.

Es decir, en plena crisis fiscal, que en Cataluña es más profunda que en el resto de España, los independentistas catalanes optan por saltarse a la torera las exigencias obvias de ajuste presupuestario y por quedarse con toda la recaudación tributaria, que es, en definitiva, en lo que consistía el famoso pacto fiscal de Artur Mas. 

Todo lo cual indica que si algún día, en efecto, llegan a convocar un referéndum por la independencia y lo ganan, se negarán a aceptar la parte correspondiente de la deuda pública del Estado español, para lo cual alegarán vete tú a saber qué fantasía inventada o qué discriminación imaginada.

Así las cosas, el Gobierno de Rajoy debería negar a Cataluña cualquier ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico mientras no cumpla con lo que tiene que cumplir y forzar a la Generalitat a que se enfrente con los mercados. Si no quisiera hacerlo, entonces Rajoy debería suspender la autonomía catalana.

Lo que no puede ser es que los demás españoles tengamos que respaldarles, salir en su ayuda y pagar sus facturas mientras nos insultan un día sí y otro también, para que después se marchen y nos dejen colgados con sus deudas. 

Claro que, en ese hipotético caso, habría que hacer lo mismo que hizo Rusia cuando las antiguas repúblicas soviéticas que se separaron de ella y repudiaron la deuda de la URSS: se quedó con los activos radicados en su territorio de las empresas de las repúblicas secesionistas.

Nosotros deberíamos pensar en hacer lo mismo, ya digo, sobre todo porque muchos de esos activos proceden de empresas de origen español, creadas o sostenidas por decisión pública, que hemos pagado entre todos, durante generaciones, a través de nuestros impuestos.

Fuente: 

Emilio J. González en http://www.libertaddigital.com