Semana de renovación de los consejeros de la Cámara de Cuentas de Madrid, un órgano dependiente de la Comunidad que preside Ignacio González.
Ayer finalizó el plazo para que los grupos políticos presentaran a sus
candidatos a ostentar la cúpula del órgano fiscalizador de la región,
cuyas candidaturas se votarán el jueves en el pleno de la Asamblea de
Madrid. El 30 de noviembre, el portavoz de UPyD en la Asamblea, Luis de Velasco, propuso modificar la ley para apartar a los partidos políticos de esta selección y que las candidaturas respondan únicamente a un proceso de mérito y capacidad, abierto
y de libre concurrencia y con audiencias públicas en la propia Asamblea
de Madrid. Ni PP ni PSOE ni IU respondieron a esta petición que
pretendía otorgar más transparencia a un organismo que paga más de 7.000 euros mensuales a cada consejero y que destina el 84% del gasto a cubrir los gastos de personal.
Los
cinco nombres que el portavoz del grupo parlamentario popular propuso
ayer a la Mesa de la Asamblea de Madrid son los mismos nombres que están
en la Cámara de Cuentas desde hace seis años, propuestos por los populares en 2006. Arturo Canalda,
ex Defensor del Menor, es el actual presidente. Según su perfil de
Linkedin, ha sido administrativo de El Corte Inglés entre 1986 y 1991. A
partir de entonces fue cuando hizo carrera política dentro del PP de
Madrid.
Otro viejo conocido de la política es su compañero Marino Díaz Guerra, que fue subsecretario de Presidencia y del ministerio de Trabajo con José María Aznar y
a quien los populares vuelven a proponer para mantenerse en la Cámara
de Cuentas. Su experiencia profesional en la fiscalización de organismos
públicos es tan simple como la de Concepción Ruano, también consejera propuesta por el PP junto con María Victoria Malavé y Carlos Salgado Pérez.
Tomás Gómez presentó ayer como candidatos a Andrés Gómez Sánchez, cuyos máximo mérito ha sido ser consejero de la televisión pública madrileña Telemadrid, y Mónica Melle Hernández, una de las personas de máxima confianza de la socialista Carme Chacón
cuando estaba al frente del ministerio de Defensa. Luis de Velasco,
portavoz del grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid,
presentó ayer con carácter de urgencia una proposición de ley para
reformar la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid, creada hace trece años como órgano técnico dependiente de la
Asamblea –independiente desde el punto de vista orgánico y funcional-
encargado de la fiscalización de la actividad económico-financiera del
sector público de la Comunidad de Madrid.
“Entendemos que hay un claro conflicto entre el nombramiento de los consejeros por los partidos políticos
y la propia función de la Cámara, que no es otra que controlar el poder
político”, decía De Velasco a los demás portavoces de la cámara
madrileña que hicieron caso omiso a su propuesta. UPyD pide la
modificación de los artículos 1, 32 y 33 de la citada Ley. Entre los
cambios se propone que los consejeros sean elegidos por mayoría de tres
quintas partes entre aquellos candidatos que, de manera personal y
pública, presenten su candidatura.
Profesionalizar la Cámara
También
se pide que se acredite un nivel mínimo de estudios, que la elección de
los miembros se lleve a cabo entre funcionarios públicos pertenecientes
a cuerpos cuyo ingreso se exija titulación académica superior, “así como entre abogados y economistas”,
todos de reconocida competencia en relación con las funciones de la
Cámara y con más de quince años de ejercicio profesional.
Para
evitar una conexión con un grupo político, la formación magenta proponía
que se vetara a aquellos candidatos que “durante los diez años
anteriores a su nombramiento” hubiera ejercido algún cargo electo o
hubiera sido miembro del gobierno de la nación o de cualquier región o
ayuntamiento.
UPyD también propone vetar de la carrera para ser
consejero de la Cámara de Cuentas “a aquellos que durante los diez años anteriores a la fecha de la elección haya desempeñado funciones de dirección,
gestión, inspección o intervención de ingresos o gastos en cualquiera
de las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad de
Madrid, o hayan sido perceptores de subvenciones con cargo a dicho
sector público”.
Fuente: EL CONFIDENCIAL
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