Se reaviva el gran escándalo de la Andalucía socialista

Ayer hubo dosis de recuerdo sobre los ERE fraudulentos en la Andalucía socialista. Bajo el nombre de Operación Heracles, dirigida por la juez del caso, Mercedes Alaya, la Guardia Civil practicó veinte detenciones y trece registros en Barcelona, Madrid, Las Palmas y cuatro provincias andaluzas. Entre los detenidos, un exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, conocido por su habilidad para conseguir jubilaciones tramposas, entre ellas la suya propia y la de su mujer.

Después de una larga convalecencia por enfermedad, vuelve con fuerza la juez Alaya. Ayer tocaba afrontar una derivada del caso: la pieza secreta referida a los mediadores que intervinieron en la canalización ilegal de dinero público. El generoso fluido de millones salidos de los presupuestos de la Junta de Andalucía también dio para pagar comisiones y subcomisiones a estos intermediarios. 

Despachos de abogados, aseguradoras, consultoras y gestorías que en algunos casos se llevaban la parte sustancial por encargarse de tramitar los expedientes y dar apariencia legal a lo que era una descarada forma de saqueo a favor de falsos prejubilados, empresarios amigos, compañeros de partido y paisanos de la sierra norte sevillana, la tierra del entonces director general de Trabajo (1999-2008) y principal imputado, Francisco Javier Guerrero.

Es un desafío a la lógica suponer al Gobierno andaluz ignorante de una gestión plagada de irregularidades a lo largo de nueve años, y nada discreta. Es de sentido común. Pero además tenemos constancia judicial de que Javier Guerrero, ha declarado expresamente que la Junta de Andalucía conocía el modus operandi en la distribución de las ayudas. 

Por orden de la juez Alaya, Guerrero volvió ayer a prisión, de donde había salido bajo fianza de 50.000 euros en octubre del año pasado. Es el máximo responsable de la caribeña gestión de los 647 millones de euros destinados por la Junta de Andalucía al apoyo de empresas en crisis y trabajadores despedidos. 

¿Solo o en compañía de otros? Esa es la pregunta que esconde la verdad política del caso, y seguramente también una parte de la verdad judicial.

No conozco la literalidad del auto judicial que vuelve a enviar a prisión a Guerrero. Pero el que ya le llevó a la cárcel a principios de 2012 mencionaba expresamente el riesgo de fuga por posibles “presiones externas” de terceras personas tal vez interesadas en silenciarle por alejamiento. Seguramente, la juez mantiene vivo ese temor.

Es un desafío a la lógica suponer al Gobierno andaluz ignorante de una gestión plagada de irregularidades a lo largo de nueve años, y nada discreta. Es de sentido común. Pero además tenemos constancia judicial de que Javier Guerrero, imputado por media docena de delitos, ha declarado expresamente que la Junta de Andalucía, entonces y ahora en manos del PSOE, conocía el modus operandi en la distribución de las ayudas. 

Empezando por el superior de Guerrero, el consejero de Empleo (2004-2010), Antonio Fernández, que es uno de los 60 imputados. Y eso deja la pasión indagatoria de la jueza a los pies del expresidente de la Junta, Manuel Chaves, y de su sucesor, José Antonio Griñán, pues ambos tuvieron bajo su autoridad política e institucional al exconsejero Fernández, un histórico dirigente local del PSOE gaditano, y al mencionado  Javier Guerrero, que en cualquier momento puede volver a poner el asunto político al rojo, lo que por desgracia no pudo hacer la fallida comisión parlamentaria.

Fuente: EL CONFIDENCIAL