El Gobierno está estudiando la posibilidad de modificar las normas tributarias para que los nombres de los mayores evasores fiscales sean publicados en el Boletín Oficial del Estado, como ya se hizo, por última vez, en marzo de 1959 por parte del entonces ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio.
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy
ha anunciado esta tarde en la sesión de control del Senado que el
Ejecutivo “está estudiando posibles modificaciones normativas para que
los incumplimientos más relevantes sean objeto de su publicidad”. Una
cuestión que se llevaría a cabo salvaguardando su “efectivo derecho de
tutela” y que, ha añadido, es “delicada”, pero que se está estudiando
“con profundidad” por parte del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro.
La medida, en todo caso, no afectará a las personas físicas y jurídicas que han acudido a la última amnistía fiscal
pues, como ha explicado el presidente, la ley tributaria actual lo
impide, también en el caso de las regularizaciones extraordinarias. “No
se le puede pedir al presidente del Gobierno que incumpla de forma tan
nítida y palmaria la ley”, ha respondido Rajoy en al senador del grupo
mixto Jesús Enrique Iglesias, que había solicitado que se haga
pública la listad de todos los que se han beneficiado de la última
amnistía fiscal. Esos datos, ha explicado Rajoy, “tienen un carácter
reservado que nos protege a todos los contribuyentes”.
El presidente del Gobierno ha citado el artículo 95 de la Ley General Tributaria
para recordar que todos los datos obtenidos por la Administración
Tributaria “tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para
la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga
encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que
puedan ser cedidos o comunicados a terceros”.
Rajoy ha recordado
también que la última regularización extraordinaria no ha sido la
primera que se ha hecho en España, tal y como ocurrió también en 1977,
1984 y 1991 y que, a diferencia de las anteriores, esta obliga a la
identificación ante Hacienda del titular real de la regularización, que
tributa con un gravamen del 10%.
La regularización “ni borra, ni limpia,
ni encubre delitos cometidos”, ha enfatizado.
Fuente: EL CONFIDENCIAL
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