Reducir concejales: 'cacicada de libro' y 'claro recorte democrático' para UPyD e IU
Carlos Martínez Gorriarán y José Luis Centella, representantes de UPyD e IU.
"Una cacicada de libro que empeorará la ya mala calidad de la democracia española" (UPyD). "Un claro recorte democrático" (IU). "Una 'reforma' que perjudicará seriamente la representatividad de los consistorios y por tanto el pluralismo político" (UPyD). "Otra vuelta de tuerca a una Ley Electoral que ya favorece sustancialmente a los dos partidos mayoritarios" (IU).
Fuera de las bancadas azul (PP) y roja (PSOE), la revisión del modelo de Administración local y la consiguiente reducción en un 30% del número de concejales
anunciada días atrás por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es
duramente criticada. Otras voces van más allá y la califican incluso de "disimulada reforma electoral",
atendiendo a su aplicación en función de los tramos de población y al
impacto en la propia configuración de las corporaciones municipales.
"El único beneficiado con esta medida es el bipartidismo", afirma el diputado Martínez Gorriarán (UPyD)
En la actualidad, el número de ediles (en torno a 68.000 en todo el país) se distribuye de la siguiente manera (Método D'Hondt):
hasta 250 habitantes, 5 concejales (3 con el ajuste); de 251 a 1.000, 7
(5); de 1.001 a 2.000, 9 (7); de 2.001 a 5.000, 11 (7); de 5.001 a
10.000, 13 (9); de 10.001 a 20.000, 17 (11); de 20.001 a 50.000, 21
(15); de 50.001 a 100.000, 25 (17). A los núcleos de 100.001 ciudadanos
en adelante, les corresponde un concejal más por cada 100.000 habitantes
o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea número par.
Con 6.92% y 4.69% del total de votos obtenidos en las elecciones generales
de 2011, las formaciones que lideran respectivamente Cayo Lara y Rosa
Díez rechazan la propuesta del Ejecutivo. Una medida que según los
propios cálculos de Moncloa permitirá recortar el gasto en 3.500 millones de euros,
pero a la que estas formaciones -las que en teoría sufrirán en mayor
grado el 'tijeretazo' junto a la joven Equo y a una miríada de partidos
de índole local (independientes, agrupaciones vecinales...)- se oponen
sin ambages.
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Luis Centella, y el sociólogo Carlos Malo de Molina, presidente de la empresa demoscópica Sigma Dos, han accedido a valorar para ELMUNDO.es el alcance de los planes del Gobierno.
Proporcionalidad
"El único beneficiado con esta medida es el bipartidismo
y, en general, los partidos hegemónicos en cada localidad, porque para
obtener un concejal, con una disminución del 30%, subirá
proporcionalmente el umbral electoral", opina Martínez Gorriarán. "Es
decir, harán falta muchos más votos para obtener un concejal, y un
porcentaje superior de los votantes se quedará sin representación".
"Prácticamente tres de cada cuatro concejales no perciben ningún sueldo", apunta José Luis Centella (IU)
¿Cómo afectaría todo esto a su partido? "De distinta manera según el
municipio: en unos perderíamos nuestro concejal, en otros la mitad o el
10%". En cualquier caso, el 'número dos' de la formación magenta en el
Congreso enfatiza "que no es eso lo que nos preocupa, sino el empeoramiento de la calidad del sistema que esta medida conlleva, porque la consecuencia es que será mucho más difícil obtener representación municipal y mucho más fácil que los partidos grandes acaparen desproporcionadamente, respecto a sus votos reales, el poder municipal".
Silencio del PSOE
En parecidos términos se expresa Centella, quien cree que "Rajoy utiliza ahora la coartada de la crisis económica
para colar unos cambios largamente anhelados por la derecha española
para tratar de acrecentar su ya importante poder local a costa de
laminar a las formaciones más pequeñas". Y agrega: "Además, el PP lo hace sabiendo que desde el PSOE no se va a plantar cara
como debiera a un ataque tan importante como éste. Ambos pactaron hace
años negarse a reformar el sistema electoral en nuestro país".
Malo de Molina se desmarca de esta tesis para subrayar que "como consecuencia de la crisis los grupos minoritarios nacionales que son UPyD e IU han aumentado claramente su expectativa de voto,
compensando con creces las dificultades anteriores de acceso al primero
de sus concejales. Es decir, la crisis, lejos de disminuir la presencia
de sus concejales, va a propiciar un aumento de los mismos".
Austeridad y eficiencia
La cuestión esencial del gasto, impulsora del cambio, suscita
igualmente recelo en ambas formaciones. "Es completamente falso que la
medida redunde en más eficacia y ahorro", sostiene Martínez Gorriarán.
"La eficacia no depende del número de concejales, sino del tamaño del municipio, de sus ingresos y gastos, y de la calidad de la gestión".
A su juicio, "menos pluralismo" se traducirá en "menos control de esa
gestión y menos transparencia". Y pone un ejemplo: "Hasta que UPyD entró
en el Ayuntamiento de Madrid nadie conocía los desorbitados privilegios de los grupos municipales en forma de coches, escoltas, retribuciones y asesores a dedo".
"Hay que hacer un replanteamiento serio de las diputaciones", agrega el sociólogo Carlos Malo de Molina
El compañero de escaño de Toni Cantó califica el ahorro estimado por el Gobierno de "gran mentira". "En la inmensa mayoría de los 8.100 ayuntamientos españoles los concejales sólo cobran dietas, incluso nada
en los pequeños (a veces tampoco los alcaldes)". Coincide IU. "El
argumento no se tiene en pie, y ahí están los datos objetivos para
demostrarlo", indica Centella. "Prácticamente tres de cada cuatro
concejales no perciben ningún sueldo por ejercer su labor. Además, ésta es una medida que tendría sus supuestos efectos en 2015, cuandos las urgencias económicas causadas por la crisis necesitan una respuesta a día de hoy", explica el Secretario General del PCE.
Fusión de ayuntamientos y supresión de diputaciones
Malo de Molina considera "más que conveniente"
adoptar medidas adicionales al recorte de concejales, como el descenso
del número de consistorios. "Aunque la fusión es muy compleja en la
práctica", puntualiza.
Martínez Gorriarán secunda esta opción y lamenta que el Gobierno no quiera tocar "la estructura elefantiásica de un Estado
que debería pasar de 8.100 ayuntamientos a 500-1.000 (en torno a los
20.000 habitantes como mínimo de criterio general). La razón es
sencilla: ellos viven de ese Estado carísimo e ineficaz que permite repartir poder en el seno del partido".
Aceptando como válidos los números del Gobierno, que calcula en 6.000
millones de euros el 'consumo' de las diputaciones provinciales que
pretende impulsar, el representante de UPyD asegura que "está claro qué se debe suprimir". "Las diputaciones son anacrónicas,
porque sus funciones corresponden a las Comunidades Autónomas o a los
ayuntamientos. Sólo se justifican por el minifundio municipal. Y además
carecen de legitimación democrática suficiente: los ciudadanos no
elegimos a los diputados provinciales (salvo en las tres diputaciones
forales vascas). Otra profundización de la cacicada: recortar el número de representantes electos y sustituirlos por burócratas nombrados por los partidos mayoritarios".
Las competencias de las diputaciones podrían asumirlas las CCAA, concuerdan ambas formaciones
También IU percibe negativamente este escenario. "Si
realmente al PP le interesara rebajar sustancialmente el gasto de la
Administración en tiempos de crisis, la medida más efectiva y directa,
con resultados cuantitativos que se traducirían en miles de millones de
euros de ahorro, sería suprimir las diputaciones provinciales", insta
Centella, quien reconoce que "un número significativo" de las
competencias y servicios que prestan en la actualidad podría trasvasarse
a las CCAA. "Pero el PP no quiere ni oír hablar de esto, en buena
medida porque es ahí donde tiene una de sus redes clientelares más importantes, tanto en número de cargos como en ingresos".
Por su parte, Malo de Molina admite que "hay que hacer un replanteamiento serio
de todas las diputaciones, simplificando sus estructuras, eliminando
totalmente sus duplicidades y llegando a prohibir las competencias
impropias".
Clamor ciudadano
Tal vez la clave esté en ponerse en marcha, reflexiona Malo de Molina. "Deberían abordarse reducciones en todas las administraciones,
y habrá que hacerlo paso a paso. Lo importante es dar el primero y a
partir de ahí comenzar a caminar. Más vale llevar a la práctica alguna
reducción que ninguna".
Conscientes de que a pie de calle se exige aligerar drásticamente ciertas instituciones representativas (Congreso, Senado, cámaras autonómicas, 'embajadas')
y eliminar determinadas prebendas de las que disfruta la clase
política, entre otras demandas, tanto UPyD como IU expresan su sintonía
con esa reivindicación.
Centella defiende que su formación "lleva demostrando desde hace
lustros que ha sido pionera en la propuesta de racionalización del
gasto", y que "lo ha hecho a nivel práctico allí donde ha logrado
representación". Frente a ello, "la respuesta despectiva dada por el PP
ha sido sencillamente que IU proponía medidas de ahorro precisamente porque era una formación pequeña y tenía poca representación".
Por último, Martínez Gorriarán recuerda la propuesta de su partido de rebajar el número de diputados
de la Asamblea de Madrid, a la que se ha sumado la presidenta Esperanza
Aguirre, y avanza que reclamará "lo mismo" en otros parlamentos. "Debe
haber una redistribución de competencias Estado-CCAA-Ayuntamientos que
sirva para restablecer por ley un tamaño adecuado de sus cuerpos de
representantes y una ley de retribuciones que impida barbaridades como que muchos alcaldes cobren más que el presidente del Gobierno".
Jose María Robles | Madrid
Publicado en El Mundo viernes 27/07/2012
