La supresión de las Diputaciones provinciales y la reducción del número de concejales
en los ayuntamientos son los dos puntos que distancian al Partido
Popular y al PSOE en la reforma de las administraciones locales que
ambos partidos comenzaron a negociar a finales del pasado mes de octubre
y que esperan tener finalizada antes de fin de año.
Las delegaciones de ambos partidos, encabezadas por los respectivos secretarios de política municipal de esas formaciones, Manuel Cobos (PP) y Gaspar Zarrías
(PSOE), volvieron a mantener ayer jueves un 'encuentro reservado' en
que se delimitaron los campos de negociación y se constataron las
diferencias existentes. Según han confirmado a El Confidencial
fuentes de la negociación, la principal diferencia por parte del PSOE se
encuentra en su exigencia de suprimir las Diputaciones provinciales, un
objetivo al que se opone el Partido Popular.
Por contra, los populares
han planteado una reducción del número de concejales a la que se opone
el Partido Socialista. Aunque no se ha concretado formalmente, este partido persigue una reducción "significativa" del número actual de concejales en España,
que supera los 65.000 ediles. Al margen de este escollo inicial, ambos
partidos tendrían que concretar también si la reforma, como se ha
planteado inicialmente, se extiende igualmente a otros ámbitos de gasto
de la administración local como la limitación del número de concejales
liberados en las grandes ciudades o la regulación por ley del sueldo.
Algunos
de estos aspectos ya lo plasmó el Gobierno en un anteproyecto de
reforma de la Ley de Haciendas Locales, que ahora está utilizando en
estas negociaciones como 'hoja de ruta', aunque el Ejecutivo pretende
lograr el mayor consenso posible, según las fuentes.
Pese al
avance de las negociaciones, lo que se admite en ambas formaciones es
que, en realidad, no habrá avances significativos hasta después de las
elecciones catalanas, que se celebran el próximo día 25. Será entonces
-se añade- cuando se puedan ir concretando aspectos en los tres campos
en los que se trabaja: un primer bloque dedicado a la reducción de
concejales, un segundo apartado dedicado a la posible eliminación de
algunas instituciones, diputaciones y ayuntamientos, y un tercer
capítulo reservado a las competencias, para evitar algunas de las
duplicidades actuales y clarificar algunas otras competencias que ahora
desarrollan los ayuntamientos y que, sin embargo, dependen de las
comunidades autónomas, sobre todo en lo referido a servicios sociales.
La
referencia explícita que se hace al avance de las negociaciones
vinculada a las elecciones catalanas no tiene nada que ver, según se
afirma, con el resultado de las mismas. "Sea cual sea el resultado y sus
consecuencias, la reforma profunda de las administraciones públicas no
se va a detener porque es una necesidad imperiosa". De hecho, junto a la
reforma de la administración local, el Gobierno ha puesto ya en marcha
la reforma de las comunidades autónomas y de la propia administración
del Estado.
Para la primera, el Gobierno ha creado un grupo de trabajo
interno, presidido por Soraya Sáenz de Santamaría,
cuyas conclusiones se incorporarán posteriormente al grupo de trabajo
que se constituya con los presidentes de las comunidades autónomas.
Aunque los trabajos de ambas reformas se realizan de forma
independiente, el interés del Gobierno es que las dos reformas puedan
aprobarse en el primer semestre del año próximo.
Fuente: http://www.elconfidencial.com
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