El ministro de Economía, Luis de Guindos,
lo llama “reordenación del sector”, los más elegantes hablan de
“socialización de las pérdidas”, mientras que los enemigos de los
eufemismos se decantan directamente por el término “expolio”. Dicen que
la reforma financiera de 2012 será recordada en un futuro como el mayor expolio cometido contra los españoles. Y no, todavía no ha ido nadie a la cárcel.
Básicamente,
la reforma ha consistido en detraer recursos de los contribuyentes para
salvar a las entidades financieras. A todas las entidades. Tanto las
‘tóxicas’ como las que conforman esa reducida elite mal llamada ‘banca
sana’.
El diputado y portavoz de UPyD para los asuntos económicos, Álvaro Anchuelo, preguntó recientemente a De Guindos por la cuantía total de las ayudas públicas destinadas a la reestructuración. Nadie lo sabe.
Ni siquiera el ministro. Entre el dinero de Bruselas, el FROB, los
esquemas de protección de activos (EPA), los avales (¿alguien se acuerda
ya de los avales?), resulta imposible realizar un cálculo exacto.
Uno
comienza a sumar y se va a los 50.000, los 60.000, o incluso a los
70.000 millones. Es casi como contar monedas al juego de los chinos en
la barra de un bar.
De Guindos insiste hasta la extenuación en que estas ayudas tendrán un coste cero
para el Estado, en tanto en cuanto deberán ser reintegradas por las
entidades beneficiadas. Ahora bien, que levante la mano quien crea que
la banca va a devolver el dinero prestado por el FROB. ¿Va a generar una
Bankia en proceso de desguace recursos suficientes para cancelar el
préstamo de 22.000 millones? ¿Qué sucede con los 8.850 millones inyectados a Banco de Valencia una vez que se lo ha vendido a la Caixa por un
euro? Sencillo: ese dinero ya se ha perdido. Lo mismo que los créditos
concedidos por el FROB 1. Todo perdido.¡ NADIE VA A LA CÁRCEL!
En aras del rescate del
sistema financiero, el Gobierno ha subido impuestos a los ciudadanos, ha
dejado atrapados a cientos de miles de particulares en el corralito de
las preferentes, se ha llevado por delante los ahorros de los inversores
particulares que acudieron a la “aplaudida” salida a bolsa de Bankia y ha dado el nihil obstat
al despido de 10.000 trabajadores del sector. Son las víctimas del
expolio. En el otro plato de la balanza se encuentran los acreedores
internacionales y los gestores de las cajas que condujeron con su mala
praxis a esta situación. Estos, en cambio, han salido indemnes. Y NADIE VA A LA CÁRCEL.
Los
exdirectivos de las cajas hoy nacionalizadas o en quiebra se han
paseado ufanos por el Congreso y tribunales como si la cosa no fuera con
ellos. “Invertimos en el aeropuerto de Ciudad Real porque nos dijeron
que era un gran proyecto cuya racionalidad económica estaba más que
probada” (el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, el pasado 27 de noviembre); “Créanme, un coche blindado no es la cosa más cómoda del mundo” (el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa,
sobre su BMW de medio millón de euros). Pocos espectáculos han
resultado tan bochornosos como las comparecencias de estos directivos.
Se autoeximían de responsabilidad alguna y argüían que no
entendían de balances, que a lo que se dedicaban era a la Obra Social. Y
no, todavía no ha ido nadie a la cárcel.
Una reforma para tapar agujeros
Existe
la convicción de que el Ejecutivo se está valiendo de la reforma
financiera para tapar los agujeros de un barco cuyas cuadernas parecen
sufrir de carcoma, esto es, de que las ayudas indirectas que están
recibiendo los grandes bancos tras engullir a las cajas nacionalizadas
se están empleando para arreglar los maltrechos números de estos.
Y todo ello a costa de provocar un ingente agujero en las arcas del
Estado. No en vano, España cerrará el año 2012 con un déficit público del 9%, de los que dos puntos porcentuales corresponden exclusivamente al rescate bancario. ¡Y nadie va a la cárcel!.
Grosso modo,
el Gobierno se está valiendo de las entidades nacionalizadas para que
la gran banca solvente sus propios problemas, ya sea el agujero que
tiene en su cartera de participaciones industriales, ya sea la situación
de insolvencia en sus divisiones españolas. Economía entrega una
suculenta dote pública a las cajas en quiebra y, acto seguido, se las
‘regala’ a los popes financieros. Salvando las distancias, recuerda a la
venta de ciertos activos de Banesto tras su intervención. Hubo quienes
los adquirieron a precio cero y hoy son multimillonarios.
El Sabadell recibirá más de 21.000 millones de euros para quedarse con la CAM (la Santa CAM,
que así es como se refieren a ella en el banco catalán), de los que
5.300 son capital más un EPA de 16.000 millones (el 80% de una cartera
de 20.000); el BBVA se ha llevado 1.997 millones con Unnim, divididos en
953 de capital y 1.044 de EPA (80% de una cartera de 1.350), y la Caixa
se ha comprado Banco de Valencia por un euro y a cambio ha recibido
8.850 millones en ayudas públicas, 4.500 de capital más un EPA de 4.350
(72,5% de una cartera de 6.000 millones).
Sobre esta última operación, Tano Santos, doctor en Economía por la Universidad de Chicago y miembro de Fedea, se preguntaba recientemente en un artículo
por qué se inyectaba en Banco de Valencia una cantidad muy superior a
las necesidades de capital estimadas por Oliver Wyman en el escenario
adverso y cuál era el coste de las alternativas contempladas, tal como
la liquidación de la entidad. La conclusión a la que llegaba era la
siguiente:
“Esto es un capítulo más de la triste gestión de
nuestra crisis bancaria. El volumen de la inyección al parecer se ha
justificado por las prisas con las que se ha hecho la venta y la falta
de tiempo para que Caixabank evaluase a fondo el estado financiero de
Banco Valencia. ¿Para qué evaluar a fondo cuando se obtiene mejor precio
bajo la ignorancia y así aprovecharse de las prisas del FROB para
quitarse de encima entidades azuzado, como estaba, por Bruselas?”.
Santos hace alusión a otro de esos extraños elementos sobre los que ha pivotado la reforma financiera. A saber: la auditoría de Oliver Wyman.
Estos señores de OW, de los que apenas teníamos conocimiento hasta hace
escasos meses, realizaron una evaluación del sector bancario español en
tiempo récord con unos criterios que, si bien no pueden ser tildados de
dudosos, cuanto menos resultan subjetivos. No se entienden de
otra forma los distintos esfuerzos de saneamiento exigidos a unos y a
otros atendiendo a las mismas ratios, ni que el Popular se haya visto
obligado a realizar una ampliación salvaje por su exposición a ladrillo y
pyme, y la Caixa haya salido sin un rasguño pese a las minusvalías que
arrastra su cartera industrial.
En
el cuadro superior, que incluye los datos públicos de OW para el
escenario adverso pero omite la capacidad de generar beneficios de las
entidades, llama la atención que la calidad del balance de la Caixa (más
Cívica) sea el doble de bueno (6,5%) que el del Popular (13,1%) e
incluso que el de Santander (10,3%) y BBVA (10,4%). ¿Por qué se exige a
la Caixa menos provisiones que al resto en porcentaje con su balance?
Sea como fuera, esta pregunta carece ya de sentido tras la absorción de
Banco de Valencia.
Todavía quedan otras dos peritas en dulce con las que solventar los desaguisados internos: CatalunyaCaixa y NovaGalicia.
Una de las dos irá a la buchaca del Santander, que por ahora no ha
participado del juego de las sillas de la reorganización financiera. La
entidad presidida por Emilio Botín se ha presentado a las subastas
anteriores y ha quedado lejos de las ofertas ganadoras. Ha
sugerido al Ejecutivo que si quiere encasquetarle una entidad
nacionalizada, tendrá que ser con el zurrón lleno de ayudas, al igual
que ha hecho con sus rivales.
De tal forma que el contribuyente
volverá a ser el pagano de las dádivas a la banca. Es la técnica del
apaleamiento: te recortan el sueldo, te fríen a impuestos, te congelan
la pensión, a algunos los desahucian y luego toman tu dinero prestado
para dárselo a los bancos. Palo tras palo, llega un momento en que el
contribuyente deja de sufrir. ¿ Irá alguien a la cárcel? . Lo dudamos porque nuestro pueblo está "drogado".
Fuente: EL CONFIDENCIAL
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