“Mis jefes no están en Génova”, lanzaba el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique,
en una de sus primeras comparecencias en el Congreso. “Procuro no
tratar a nadie como tonto, pero no hay dirección política en RTVE. Creo
en la objetividad y en la verdad, no en las directrices políticas”,
remachaba. Cuatro meses después, hay quien no opina lo mismo. Al punto
que el Consejo de Europa aprobaba recientemente una resolución sobre el estado de los medios en el continente en la que expresaba su inquietud por las interferencias políticas que la televisión pública sufre en España, como sucede en países como Ucrania o Rumanía.
“La Asamblea ve con preocupación informes recientes sobre la presión política en las radiotelevisiones públicas
de Hungría, Italia, Rumania, Serbia, España y Ucrania, e invita a la
Unión Europea de Radiodifusores a cooperar con el Consejo de Europa en
esta cuestión”, reza la resolución, que aborda el "Estado de la libertad en los medios de comunicación en Europa".
España es uno de los 47 estados europeos que integran la institución,
con sede en Estrasburgo. Fundada en 1949, alienta “el desarrollo en
Europa de los principios democráticos con base en la Convención Europea
de los Derechos Humanos y otros textos de referencia sobre la protección
de los derechos individuales”.
El documento remite a la
resolución 1636 del propio Consejo, aprobada en el año 2008, en la que
se dejan claros los principios generales que deben regir en los medios
públicos en democracia. “Los operadores de servicio público deben ser
protegidos contra las injerencias políticas en su gestión diaria y en su
trabajo editorial. Debe evitarse en los cargos de dirección a profesionales con filiación política partidista”,
subrayaba uno de los puntos de la resolución.
Además, “los operadores
de servicio público deberían establecer códigos internos de conducta
para el trabajo periodístico y la independencia editorial respecto a los partidos políticos”, zanja el informe aprobado por la Asamblea.
Indignación en el PP
El PP puso toda la carne en el asador para frenar la resolución, sin éxito. No en vano, Pedro Agramunt,
senador popular por la Comunidad Valenciana, se resistió con uñas y
dientes a que la mención a España figurara en el texto final de la
declaración. Según la transcripción del debate que facilita el Consejo,
el político conservador declaró: “Estoy sorprendido de que (…) España
aparentemente se incluya en la lista de países en los que los operadores
públicos soportan presión política, junto con otros miembros del
Consejo de Europa. Esto es patentemente erróneo. Es indignante. No sé de dónde se ha recibido esa información, pero tengo mis sospechas: hay un partido en el Gobierno y dos en la oposición. Estoy seguro de que uno de los partidos en la oposición ha estado contando mentiras a esta Asamblea”.
Agramunt
no paró ahí. “Somos uno de los países que proporciona las mayores
garantías a los periodistas, tanto en los grupos públicos como privados.
Ha habido muchas sentencias de tribunales españoles que defienden el
derecho a informar de los periodistas. Y aseguro a los miembros que no
hay problemas a este nivel.
Tenemos toda clase de problemas de otra
índole -todo tipo de dificultades económicas; no es un secreto para nadie-,
pero no en el respeto a la libertad de los medios y de los operadores
públicos. Simplemente, no es verdad”, remató. En todo caso, no es la
única fricción que el Consejo ha tenido con Gobiernos del PP a resultas
de RTVE. En su informe titulado "Servicio de Radiodifusión Público", difundido en enero de 2004, el organismo ponía a España como ejemplo de manipulación política en la cadena pública.
“La manipulación de la información por influencia política llevó a una sentencia sin precedentes contra TVE por su cobertura de la huelga general en España en junio de 2002”, expone el texto, en referencia al fallo de la Audiencia Nacional que, tras demanda de CCOO,
condenaba a la televisión pública por vulnerar los derechos
fundamentales de huelga y libertad sindical. El episodio fue cerrado por
el presentador del Telediario, Alfredo Urdaci, con su célebre mención al sindicato “ce-ce-o-o”. La institución europea añadía que “en Grecia, Italia, Portugal y España, situaciones que se pueden definir como clientelismo político, paternalismo estatal y partitocracia, han evitado la completa emancipación de los operadores de servicios público del control directo de la política”.
La
oposición no ha podido ser más crítica con las decisiones tomadas por
el PP en relación con RTVE. De hecho, ha puesto en cuestión desde temas
de estructura –como el nombramiento de Julio Somoano al frente de los Informativos y el affaire posterior que acabó con Ana Pastor
fuera de la cadena pública– hasta de cobertura informativa –con la
manifestación de la Diada, relegada en los Telediarios, como principal
ejemplo- . Todo dentro del marco perverso en el que ambos partidos
políticos asumen sin complejos que un cambio en el Ejecutivo legitima una revolución en los informativos. El propio González-Echenique lo admite al presentar como un logro que 17 de las 35 personas que formaban parte de la estructura se hayan mantenido en la división. Y recuerda que en 2004, después de que el PSOE ganara las elecciones, de 19 salieron 14.
Fuente: EL CONFIDENCIAL
Con
razón un viajero inglés que visitó España en 1830 se sorprendía del
aguante de los españoles: “La alegría con que las gentes de todas las
clases sociales soportan el infortunio, las privaciones y aun el
empobrecimiento es algo que a duras penas puede creerse; no se les oye
una queja; hay una dignidad innata en el pueblo español que les impide
lamentarse ni aun en la intimidad, y tal vez sea esto en lo único en que
son reservados”
