Nota: La intervención de Rosa Díez en el Debate sobre el estado de la nación de febrero de 2013 es a mi juicio la manifestación mas lúcida que cabria esperar si hubiera apoyo para ejecutar la política que necesita el pueblo, no la clase que monopoliza en clave bipartita. Debemos reflexionar sus palabras:
"El Gobierno, en un nuevo intento
de hurtar al Parlamento su función de centro neurálgico de la
democracia, pretende mezclar el debate sobre el estado de la nación con
la dación de cuentas de lo que fue el último Consejo Europeo. Por mucho
que lo intente, Sr. Rajoy, no podrá evitar que esta portavoz se centre
en lo que es más urgente y más importante para España, un país sumido en
una grave crisis política, económica y social cuya superación requiere
de medidas de choque sin ningún tipo de dilación.
La situación es desoladora:
La pobreza progresa: en
sólo un año se ha incrementado dos puntos el número de hogares que se
sitúan bajo el umbral de la pobreza; tres niños de cada diez viven en
España por debajo del umbral de la pobreza; casi tres de cada diez
españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
La igualdad, retrocede:
España es hoy el país con mayor desigualdad de toda la Eurozona. El
grupo que más gana multiplica por 7,5 los ingresos de los que menos
perciben. Al inicio de la crisis el múltiplo era 5,3.
Avanza la corrupción:
En el índice de Transparencia internacional nuestro país se sitúa en el
puesto número 30, habiendo retrocedido nueve puestos en 18 años. Para
vergüenza nuestra la calidad de nuestra democracia se deteriora día a
día.
Retrocede la calidad de nuestro sistema educativo: El
índice de desarrollo educativo en España está veinticinco puntos por
debajo de la media OCDE y la calidad del sistema cincuenta y seis puntos
por debajo de esa misma media.
Por si eso fuera poco, las diferencias
de resultados educativos entre autonomías son tan grandes como entre
países de la OCDE, y aumentan si se compara la calidad de la
educación. Si las regiones españolas obtuvieran los mismos resultados en
PISA que Finlandia, el país de la OCDE que tradicionalmente obtiene los
mejores resultados, la renta per cápita española podría llegar a
aumentar un 1% anual. En definitiva, que España es un país cada vez más pobre, cada vez más desigual, cada vez más injusto, cada vez más corrupto.
Pero a esta situación
no hemos llegado de forma inevitable; ni la mala situación en la que se
encontraba nuestro país cuando ustedes llegaron al Gobierno, ni la
política de ajustes impuesta por Europa explica este deterioro. Las
decisiones de su gobierno han agravado la crisis, han deteriorado la
convivencia y han dilapidado la ya escasa confianza que existía entre
los ciudadanos y las instituciones.
Cabe recordar que su primer año de gobierno ha sido:
1 – El año del rescate de las Cajas y banca nacionalizada o regalada a los bancos
(como la CAM al Sabadell o Banca Cívica a La Caixa, pongamos por caso),
a costa de un enorme aumento de la deuda pública (146.000 millones en
un año, 400 millones diarios) y por tanto del endeudamiento de los
ciudadanos, que en última instancia son los que pagarán todo este
dispendio a costa de la educación, la sanidad, las inversiones y sus
propios bolsillos.
2 – El año del inmovilismo político y las reformas ausentes:
pese a las proclamas de grandes reformas, éstas brillan por su ausencia
salvo en aumento de impuestos directos e indirectos, flexibilización
del despido sin verdadera reforma laboral -2.300 parados nuevos al día- ,
y mantenimiento tal cual de la estructura de Estado que tanto ha
agravado la crisis por el coste derivado de duplicidades, ineficiencia,
despilfarro e irracionalidad. Nada de reformar con fusiones municipales y
supresión de diputaciones –eliminando estos entes no electos nos
ahorraríamos 6.000 millones al año- , racionalización de las
administraciones, etc. Y ni hablar de cambiar la Ley Electoral, por
ejemplo.
3 – El año de la recaudación con fraude fiscal:
casi toda la política económica del Gobierno ha estado consagrada a
aumentar la recaudación a costa de los salarios públicos (funcionarios
sobre todo) y del aumento de tributaciones por doquier (tasas judiciales
incluidas). No hay otro objetivo que recaudar más y más a costa del
consumo privado y del ahorro. Y sin embargo, ha habido amnistía fiscal
para grandes defraudadores.
4 – El año de la insensibilidad social:
Ustedes han reaccionado tarde y mal a emergencias sociales como los
desahucios; en esto, 2012 ha sido un año perdido. Lo mismo cabe decir
del aumento de la pobreza y la exclusión social, especialmente la
infantil, indicador de que les va peor a quienes debería irles mejor:
familias jóvenes con niños. En este sentido también cabe señalar el
fracaso que supone que se ofrezca a los jóvenes formados la emigración
como toda solución al gigantesco paro juvenil y profesional.
5 – El año del mantenimiento del despilfarro:
pese a los drásticos recortes del Presupuesto y la bajada real de las
pensiones, el ahorro se hace a costa de la I+D+i y la inversión
productiva (ayudas a emprendedores, liquidación de la morosidad a pymes
etc.), empeorando la situación y perjudicando la salida de la crisis con
nuevas bases para otro modelo económico basado en la innovación y el
alto valor añadido de la producción. Suprimiendo las Diputaciones (6.OOO
millones de euros al año) se podría haber mantenido la inversión en
Investigación. Pero claro, ustedes optan no sólo por mantenerlas sino
por reforzar su papel en un intento desesperado por salvar el
bipartidismo moribundo.
Porque si hay algo que tienen claro es
que puestos a elegir entre el futuro de su partido o el futuro de
España…el partido es lo primero.
6 – Por último, ha sido el año del auge del nacionalismo separatista:
secesionismo catalán subvencionado con rescate incondicional de la
Generalitat, y vuelta de Batasuna a las instituciones en un clima de
absoluta impunidad y triunfo político de las tesis de ETA.
El resultado de todas sus políticas es inapelable: El Estado común es más débil ahora que antes de las elecciones de 2011.
Capítulo aparte merece la corrupción política.
La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales
instituciones del Estado y en los partidos de gobierno y oposición han
convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de
confianza en el sistema democrático.
Hemos de reconocer que nuestra
democracia ha degenerado, alejando a las instituciones de los ciudadanos
y de sus problemas. Urge devolver la política a los ciudadanos, sus
legítimos dueños, y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del
Estado. Regenerar la democracia no es otra cosa que las instituciones
funcionen y cumplan con su obligación constitucional.
Combatir la corrupción exige aprobar de
inmediato leyes eficaces para acabar con la impunidad de los
responsables y castigar duramente los comportamientos que pervierten
nuestra democracia. La ley ha de prohibir que las personas acusadas por
delitos de corrupción política puedan ir en listas electorales; la ley
ha de establecer el delito de financiación ilegal de los partidos
políticos; la ley ha de perseguir el delito de enriquecimiento ilícito
de todos los cargos públicos; la ley ha de poner coto a la
discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a
los condenados por delitos de corrupción. Es la ley -y no la respuesta
exculpatoria- la que ha de obligarnos a todos; sólo desde la ley
acabaremos con la impunidad y con los privilegios; sólo desde el respeto
a la ley recuperaremos el prestigio de las instituciones y la confianza
de los ciudadanos.
Combatir la corrupción exige implantar
una justicia independiente, acabando con el reparto vergonzoso entre
partidos de los órganos de la justicia. Justo ese pacto que ustedes y
ustedes acaban de renovar – rompiendo una vez más su compromiso
electoral- y que jueces, fiscales y abogados denuncian en toda España.
Combatir la corrupción exige reforzar la
independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y
de control público, como la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas o
el Banco de España.
Combatir la corrupción requiere de una
Ley de Transparencia que regule los lobbies e incluya a la Casa Real, a
los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones
empresariales y a cualquier institución que se financie de ayudas
públicas.
Regenerar la democracia exige aprobar
una Ley Electoral justa y proporcional, que favorezca la representación
del pluralismo político existente, permitiendo la participación política
real de todos los ciudadanos.
Sabemos que estas propuestas de
regeneración democrática y de reforma del modelo de estado chocan con el
pacto para que nada cambie – unas veces tácito y otras expreso- de los
dos grandes partidos. Es ese pacto para mantener triunfante el
bipartidismo el que nos ha llevado a esta situación; es ese pacto el que
ha permitido que ustedes rechacen juntos (en esta y en la pasada
legislatura) todas las propuestas de reformas estructurales que les
hemos venido planteando desde Unión Progreso y Democracia.
Porque ustedes confunden alternancia con alternativa y pluralismo político con bipartidismo.
España no es el PP; España no es el
PSOE; España no es UPyD. España no es sus medios de comunicación. España
no es esta justicia politizada; ni los órganos supervisores politizados
por los partidos políticos, que no los conciben sin sus siglas
superponiéndose a las personas. España no es este Estado del Bienestar
arruinado, esta injusticia creciente, esta pobreza abyecta, esta
sensación de abandono. Como cualquier otro país, España no es más que el
conjunto de las personas que lo habitan, que trabajan, viven y muere en
él, y a veces por él. España no es otra cosa que los españoles.
Frente a toda esta ruina, a todo este
retroceso, ustedes han optado por mantener el actual estado de las
autonomías en vez de proteger y garantizar el estado del bienestar.
Señor Presidente, señorías, ¿no creen que ha llegado la hora de que
antepongamos nuestra condición de representantes de los ciudadanos a la
de políticos de partido? ¿Cuántos parados más tiene que haber en España
para que pensemos en los españoles como ciudadanos en vez de tratarles
como a simples votantes? ¿Cuántos jóvenes más tienen que engrosar las
listas de paro –casi siete puntos más en un año, más de la mitad de la
población juvenil- para que pensemos en las futuras generaciones en vez
de preocuparnos por las próximas elecciones? ¿Hasta dónde ha de llegar
el número de parados sin prestaciones –más de dos millones- para que nos
pongamos a trabajar todos juntos en la búsqueda de soluciones?
Aunque ahora pueda parecer difícil de
creer, España tiene futuro. No tenemos por qué resignarnos a mantener un
modelo de país que se ha mostrado incapaz de enfrentarse con los
problemas que aquejan a nuestra sociedad. Ha llegado la hora de que nos
atrevamos a decir alto y claro que es preciso Refundar el Estado
si queremos garantizar la libertad y la igualdad de todos los
españoles. Porque a pesar de que lo que percibimos cada día es la
durísima crisis económica y social, eso no es lo más grave de lo que
ocurre en España.
Sólo si resolvemos la crisis política
podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro
dramático hasta la deuda o la recesión de nuestra economía. Por eso
quiero insistir en que el verdadero problema, el que lastra nuestra
capacidad de recuperación, es un modelo de estado elefantiásico,
inconexo, injusto, improductivo, que no responde a las necesidades de
los ciudadanos y que, precisamente por eso, hemos de cambiar.
Refundar el Estado requiere promover un proceso de reforma de la Constitución que habrá de acometerse disolviendo las Cámaras y abriendo un proceso constituyente.
Una fórmula jurídica, prevista en nuestra Constitución, que tiene por
objeto dar respuesta a una exigencia política que no es otra que definir
un Estado fuerte, viable y sostenible, con la dimensión y el
presupuesto necesario para dar soluciones a los problemas de los
ciudadanos.
Les proponemos abordar la reforma de la
Constitución pero no para dar encaje a las reivindicaciones de los
nacionalistas – nada más contrario al federalismo, que es igualdad, que
el nacionalismo, que vive de reivindicar la diferencia- sino para
resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad
española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que
se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de
1978; un pacto que sirvió para progresar desde la dictadura a la
democracia pero que hoy está agotado y convive mal con la integración de
España en la Europa política que todos reivindicamos.
Abordemos esa
reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han
producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico; pero
hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha
generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional.
Las leyes no son divinas, y revisarlas a
la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del
mundo que merezca ese calificativo. Si reformaron ustedes la
Constitución en cuarenta y ocho horas para garantizar que pagaremos la
deuda, ¿cómo no se va a poder reformar para garantizar el cumplimiento
efectivo de los derechos básicos de los ciudadanos que el texto
proclama?
La reforma de la Constitución no es un
drama…, ni tampoco una fruslería, lo sé. Somos conscientes de que
requerirá un amplio consenso, como el que tuvo para elaborarla. La
pregunta no es pues si es posible; la pregunta es si es necesaria.
Nuestra respuesta es, rotundamente, SI.
Claro que para afrontar este reto es
preciso que los partidos políticos mostremos altura de miras y seamos
capaces de superar la lucha de trincheras de la política cotidiana para
renovar el consenso constitucional, manteniendo claras las diferencias
entre uno y otro ámbito.
La integración de distintas expresiones
políticas, entre ellas las nacionalistas, no es sino un reto propio de
cualquier sistema democrático. Y cuando digo “integración” y “sociedad
española” no pienso en los sentimientos de los nacionalistas sino en los
derechos de todos los ciudadanos, también de quienes viven en aquellas
comunidades en las que los nacionalistas tienen una presencia y/o una
responsabilidad institucional que utilizan para exacerbar sentimientos
políticos identitarios, de difícil encaje en una sociedad moderna y
democrática.
Nuestro reto no es otro que el de
cualquier sociedad democrática, que en el caso de España es una batalla
crucial que hemos de dar –y ganar- para todos, incluso en beneficio de
los derechos cívicos de quienes en nombre de su religión nacionalista se
opondrán a ello.
En suma, proponemos que se afronte la
reforma constitucional asumiendo expresamente que el terreno de nuestro
sistema autonómico es el de los sistemas federales. Proponemos una
reforma que defina un modelo territorial que garantice la unidad e
incluya la diversidad. Sólo así, garantizada la unidad, la diversidad se
convertirá en un valor añadido para el progreso de nuestras libertades
democráticas.
Esta es la propuesta de Unión Progreso y
Democracia para Refundar el Estado a través de un proceso
constituyente. Presidente, señorías, insistir en fórmulas inmovilistas o
fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a
esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la
política e incrementar la frustración, la indignación y la desesperanza,
poniendo en peligro al propio sistema democrático.
Les proponemos un Pacto de Legislatura
en el que todos nos comprometamos a aprobar por la vía de urgencia las
reformas legales que hemos señalado, incluida la Ley Electoral, para
abrir a continuación un periodo constituyente que ponga a nuestra
democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la
refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el
protagonismo de los ciudadanos. Esto es lo que necesita España.
Fuente: Rosa Diez, UPYD
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