Los orígenes: Argentina, dictadura militar y leyes de punto final
El ‘escrache’ surge en Argentina durante los años más duros de la dictadura, aunque cobra carta de naturaleza a mediados de la década de los 90. Consistía en la protesta pacífica frente a las casas de exaltos cargos del régimen militar a los que el pueblo consideraba responsables de los abusos y las desapariciones de miles de ciudadanos y que habían sido indultados a partir de 1995 por el gobierno de Carlos Menem.
Fue muy frecuente en la capital, Buenos Aires. Pero su eclosión, y su degeneración, se produjo en los tiempos del célebre ‘corralito’ en 2001. Las juventudes peronistas, la temida ‘ Campora’, lo utilizó contra el presidente Fernando de la Rúa -al que llamaban "Fernando de la duda"- y contra miembros de su Gobierno, a quienes se consideraba responsables de la ruinosa situación económica del país. Pasó en aquellos días de ser una protesta pacífica, e incluso festiva, a convertirse en acoso e intimidación.
Hoy, por cierto, algunos de los líderes de aquellas temidas juventudes, de corte filofascista, como el viceministro de Economía del país, Axel Kicillof o el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, lo han sufrido en sus carnes. La historia una vez más repetida, años después, como farsa. Kicillof era abucheado hace algunos meses mientras regresaba en barco a su país acompañado por su mujer y sus hijos. La propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner sufre cada vez más frecuentes caceroladas en las calles de Buenos Aires por una población harta ya de sus políticas. Aquí en España, más de una década después, la autodenominada Plataforma de Afectados por la Hipoteca ( PAH ) la ha importado directamente de Argentina a nuestras calles.
España 2013. Acoso a los políticos
El amago de ‘ asalto ‘ a la vivienda particular del vicesecretario General del PP, Esteban González Pons, ha dado en España el pistoletazo de salida a ésta forma de protesta. Manifestantes pertenecientes a la citada PAH pasaron más de cuarenta minutos aporreando la puerta del domicilio del diputado del PP, en el que sólo se encontraban sus hijos.
En los últimos días son muchos los políticos del PP que se han quejado de ser los únicos destinatarios de éste acoso. Algunos, como la diputada asturiana Carmen Rodríguez Maniega, perseguida e insultada durante una hora por las calles de Oviedo, ya lo han denunciado en comisaría. Otros, como el ministro de Justicia, que tampoco se ha librado de las iras de los miembros de la PAH, han preferido, de momento, no recurrir a los tribunales.
Víctimas de acoso han sido también desde los concejales del PP en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, hasta el número dos de los populares vascos, Iñaki Oyarzábal, que tuvo que refugiarse en un hotel de Valencia, ciudad en la que se encontraba para participar en un acto público. La mayoría de los cargos públicos populares que han sufrido algún tipo de coacción estudian, asesorados por su partido, la presentación de una demanda conjunta.
Fuentes del PP consultadas por ZoomNews se preguntan dónde estaban los miembros de la PAH cuando en 2009, 2010 y 2011 se producían ya en nuestro país tantos desahucios y lanzamientos como ahora. O en el año 2007, cuando Carme Chacón era ministra de Vivienda y se crearon 6 nuevos juzgados especiales para agilizar, precisamente, procesos de desahucio. Entonces nadie protestó. Pero lo cierto es que el pánico crece. Y no sólo en las filas del partido gubernamental.
Todos los dirigentes nacionales del PSOE y de IU han condenado las coacciones a diputados o concejales. Tan sólo un diputado de Izquierda Unida en las Cortes valencianas ha llamado a González Pons “criminal social”, aunque ha dicho no compartir los métodos de las huestes de la líder de la PAH, Ada Colau.
Y lo han condenado porque aún están frescas las imágenes de varios miembros de esa Plataforma expulsando hace algunas semanas, con cajas destempladas, al líder de IU, Cayo Lara, que acudió a sumarse a la protesta pública contra un desahucio. No lo pasaron mejor el exministro socialista y eurodiputado, López Aguilar, y la dirigente de las Juventudes Socialistas Beatriz Talegón, a quienes la policía tuvo que proteger en una manifestación el pasado 16 de febrero ante un más que evidente riesgo para su integridad física.
Una presunta ‘ voluntad popular ’ por encima de la ley
Para el historiador, Fernando Paz, este tipo de fenómenos “ surgen siempre desde una supuesta superioridad moral. Quienes los practican se arrogan la representatividad del conjunto de la voluntad popular, y lo hacen por encima incluso de la legalidad vigente cuando consideran que ésta es injusta “. Normas legales pero injustas… la justificación inmediatamente anterior a saltarse los mecanismos del Estado de Derecho y a tomarse la justicia por propia mano. Otros van más allá que Paz y comparan directamente a ésta PAH con aquel Tribunal de Salud Pública que en la Francia de 1793 condujo a más de seis mil personas a la guillotina mientras alguna mujeres, aquellas célebres “ tricoteuses “, hacían punto.
La cabeza visible de éstas protestas es, como se ha dicho, Ada Colau. Líder de la PAH, célebre por una reciente intervención en el Congreso en la que llamó ‘ criminales ‘ a los banqueros y que prometió públicamente que “ ningún diputado o diputada que no vote a favor de nuestras medidas -la ILP para cambiar la Ley Hipotecaria- podrá ir tranquilo por la calle “.
Ignacio Cosidó, director General de la Policía ha advertido ya que “ni la violencia ni la coacción tienen cabida en un sistema democrático “. La delegada del Gobierno en Madrid ha echado gasolina al fuego en las últimas horas al asegurar que Ada Colau ha manifestado en ocasiones su apoyo a Bildu y a Sortu, relacionados con el mundo de ETA. O lo que es lo mismo, que su lucha callejera tiene mucho que ver con la Kale Borroka. Cifuentes se refiere, está en las hemerotecas, al apoyo dado por ‘Stop desahucios’, integrada en esa ‘Plataforma de Afectados por la Hipoteca’, a marchas como la del 12 de enero por las calles de Bilbao en apoyo a los presos de ETA. Para Colau, las insinuaciones son mentiras y falsedades por las que pedirá cuentas a Cifuentes en los tribunales.
