HACIENDA DETECTA UN CRECIENTE ABUSO El abono de dietas para eludir el pago de impuestos se dispara.

No hay cifras. Aunque sí una constatación. El pago de dietas para eludir el pago de impuestos se ha disparado desde la crisis. Lo dicen algunos inspectores fiscales que prefieren no identificarse, pero que han comprobado in situ el abuso que se está produciendo en los últimos tiempos.

La operativa es sencilla. Las empresas -el empleador-,  en vez de pagar un salario, abonan dietas de desplazamiento o manutención a sus trabajadores. 

De esta manera, se consigue un doble objetivo. Las empresas se deducen las dietas en el Impuesto de Sociedades al tratarse de un gasto deducible, y, al mismo tiempo, el trabajador se beneficia por el hecho de que el pago de dietas no lleva retenciones del Impuesto sobre la Renta, por lo que aumenta su salario neto. 

La dietas, igualmente, no cotizan a la Seguridad Social, por lo que su utilización vuelve a tener un doble resultado positivo (al menos a corto plazo para el trabajador) a efectos de la cuantía del salario. El Reglamento de cotización establece, en concreto,  que “no se computarán en la base de cotización las dietas y asignaciones para gastos de viaje, gastos de locomoción cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo”.

Esta práctica se ha extendido, hasta el punto de que hay casos en que un arquitecto o un profesional de la construcción cobra -por desplazarse a una obra (que en realidad es su centro de trabajo)- la misma cantidad por dietas que por salario. Algo equivalente sucede en otros sectores, como el del transporte, donde el pago de dietas para eludir al fisco se ha disparado. Como sostiene un importante asesor fiscal, “muchas empresas de la Comunidad de Madrid se han venido quejando desde hace años de competencia desleal por el hecho de que algunas empresas pagan en dietas, mientras que otras lo hacen atendiendo al espíritu de la ley”.

El artículo nueve del Reglamento del IRPF declara exentas de tributación las dietas, aunque con límites. Así, por ejemplo, los gastos de locomoción no tributan con un máximo de 0,19 euros por kilómetro recorrido, más los gastos por pago de peaje y aparcamiento. Igualmente, los gastos por manutención en desplazamiento dentro del territorio español  tienen un límite de deducible de 53,34 euros siempre que se haya pernoctado en un municipio distinto al del lugar de trabajo habitual.

Fraude en las dietas

Combatir este “abuso” en el pago de dietas que en realidad forman parte del salario es complejo, admite un inspector fiscal. Toda vez que es relativamente fácil justificar que un arquitecto ha visitado una obra o que un transportista ha tenido que pernoctar fuera de su domicilio. La práctica fraudulenta se ha extendido a muchos profesionales que justifican dietas por razones estrictas de trabajo, cuando en realidad se trata de gastos de naturaleza personal.

Según los expertos fiscales, estas prácticas son las que explican, sólo en parte, la baja tributación de los empresarios y profesionales a la luz del Impuesto sobre la Renta. La última Memoria Tributaria muestra, en concreto, que los rendimientos por actividades económicas de los empresarios y profesionales en 2009 ascendieron 8.275 euros por declaración. Es decir, menos de la mitad de lo que declaran las rentas del trabajo (19.359 euros). 

Eso explica que de cada cien euros de base imponible total, 80,5 euros procedan de rentas de asalariados; 8,4 euros de rentas se recaudan vía rentas del capital y únicamente 6,1 euros de actividades económicas. El resto corresponde a ganancias o pérdidas patrimoniales  o rentas imputadas.

Fuente: EL CONFIDENCIAL.

Un obsceno sindicalismo general

En 1848, Carlos Marx y Federico Engels comenzaron su famoso Manifiesto con estas palabras: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”. Ha llovido mucho desde entonces: la revolución ha fracasado, pero muchos de sus mitos y sombras habitan entre nosotros. 

Todavía una parte importante de la izquierda se legitima moralmente con la historia de la dominación, con la pretensión de que los pocos explotan a los más, y no se puede decir que no tengan razones para hacerlo, pero abundan más las caricaturas de ese justo espíritu reivindicativo que la claridad de intenciones y el horizonte moral que inspiraban a los revolucionarios de hace dos siglos. 

El heredero universal de esa revolución proletaria, desmentida en todas partes, ha sido el sindicalismo de clase, como todavía gusta de llamarse, aunque sea difícil confundir a quienes hoy dirigen los sindicatos con los líderes ascéticos de otrora: su orondo aspecto de burócratas levemente disfrazados no consentiría esa identificación por mucho tiempo. Esto quiere decir no que sean unos traidores, sino, por el contrario, que heredan una paradójica victoria: son los triunfadores de una batalla simbólica cuyas escaramuzas efectivas tienen frecuentemente más que ver con la defensa de privilegios que con la sociedad sin clases que prometía el Manifiesto. 

La injusticia sostenida sobre algunos hace de piadoso manto para encubrir el cinismo de muchos, ampara y disculpa la demanda general de todos contra todos, de las autonomías que reclaman deudas históricas o tratos especiales, de los secesionistas catalanes a los que, al parecer, robamos todos los demás, de los ayuntamientos que están a la última, de la cultura, de los empresarios, de todo diosSu mayor éxito es también su mayor desgracia. La melodía reivindicativa ha perdido su objeto propio y se ha hecho general: todos queremos más, todos merecemos más, todos hemos sido engañados, postergados, a todos se nos trata  injustamente. 

Un obsceno sentimiento sindical se ha adueñado de la inmensa mayoría de los españoles, desde los jueces, los médicos y los rectores de universidad hasta los pilotos, los controladores o los maquinistas ferroviarios, pasando por todas las ocupaciones y oficios, incluyendo y emboscando en una algarabía general a quienes sí tendrían motivos más que suficientes para rebelarse. 

La injusticia sostenida sobre algunos hace de piadoso manto para encubrir el cinismo de muchos, ampara y disculpa la demanda general de todos contra todos, de las autonomías que reclaman deudas históricas o tratos especiales, de los secesionistas catalanes a los que, al parecer, robamos todos los demás, de los ayuntamientos que están a la última, de la cultura, de los empresarios, de todo dios. Todos piden más, y se sienten humillados y ofendidos. 

La diferencia esencial es que este sindicalismo generalizado que se ha adueñado de nuestra sociedad no se dirige contra ninguna patronal, se dirige contra el resto de los españoles con el trampantojo de oponerse al Gobierno, porque el particularismo se ha hecho universal. Es bien paradójico que en nombre de conceptos que nadie discute, de la solidaridad, la sostenibilidad, o la igualdad, el país entero se levante contra un fantasma, porque lo fantasmal no es ahora el miedo de unos pocos ante la justa reivindicación de los más, sino el sujeto al que se atribuyen los desmanes que, a fin de cuentas, no suele ser otro que el conjunto de los españoles pagando impuestos, aunque hasta ahora casi sin saberlo, y de ahí la preferencia sindical por lo público. 

Ese espíritu reivindicativo se traduce en la convicción de que hay que hacer ajustes o recortes, pero siempre en otra parte, nunca en nuestro sector, que es intocable, sea la sanidad, la educación, la cultura, y así hasta el infinito. Para ser justos, hay que reconocer que aún no se ha dado la protesta de los militares, pero todo se andará.  

En realidad, la queja tiene sentido, porque es difícil entender que cada vez se obtenga menos pagando más. La clave está en que no siempre gritan con más fuerza quienes tienen más motivos, y en que hemos consentido habitualmente que pocos bien organizados chuleen a los más, cada uno a su aire. Los sucesivos Gobiernos han consagrado una nefasta tradición consistente en ceder a las reivindicaciones de quienes han sido lo suficientemente fuertes como para intimidar, sea ETA, los nacionalistas o los controladores, y así se sale adelante, pero el precio está siendo muy alto, porque nos hemos metido en la senda de los Estados fallidos. 

Hace pocos días el líder de la UGT vociferaba, muy en su ser natural, que desearía se hiciese un referéndum, se ve que están de moda, sobre la financiación sindical, para tener así la oportunidad de explicar a todo el mundo la labor de los sindicatos. No sabía que nada le impidiese hacerlo, pero mi temor es que consiga nuevas subvenciones con tan digno propósito.

 Necesitamos un auténtico baño de transparencia para poder empezar a discernir cuándo hay motivos de queja, pero eso tropieza con el interés de los regidores de la farsa, con la preferencia de partidos e instituciones por el oscurantismo, de manera que no es ni siquiera fácil decir si es verdad que la gestión privada nos sale más barata. Así pues, que no se quejen los Gobiernos: la gente protesta porque es rentable, y porque carece de la información para saber cuándo haría bien en callarse.  

Fuente:  José Luis González Quirós en EL CONFIDENCIAL

España no es Somalia, o el destrozo cultural

  

Carece por completo de sentido que los sectores emergentes de nuestra economía, aquellos que añaden valor, crean empleos cualificados y ponen en amplísimos mercados productos españoles, sean lastrados bien mediante cargas impositivas asfixiantes, bien yugulando su desarrollo por la supresión de ayudas públicas, directas o indirectas. 

Eso ocurre en España con la cultura y sus industrias.

 Desde 2009 -ese año con el Gobierno de Zapatero- el sector cultural ha perdido el 70% de sus recursos, pero el Ejecutivo de Rajoy parece haberse ensañado con este ámbito.

Quizás la debilidad política del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte frente al de Hacienda y Administraciones Públicas -pese a ocupar la secretaría de Estado de Cultura un hombre como José María Lasalle, muy vinculado tanto a Rajoy como a Santamaría- explique el salto del IVA cultural del 8% al 21% (el más alto de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 13%) encareciendo en tiempos de restricción del consumo el cine, el teatro, la danza, los conciertos, la ópera, las corridas de toros y las actividades de ocio (como las entradas a los estadios de futbol, sin ir más lejos).

No ha habido forma de que el Gobierno español -como hizo el holandés- diese marcha atrás en el ensanchamiento del hecho imponible del tipo general del IVA hasta alcanzar a las manifestaciones culturales. Tampoco, de que se moderen los recortes para 2013 a los museos (-22,9%), la música y la danza (-22,7%), los archivos (-22,5%), las bibliotecas (-22,2%) y el cine (-22,6%). 

La combinación de la alta imposición con la disminución de las ayudas públicas ofrece una resultante desoladora: el destrozo cultural podría convertirse en irreparable y, desde luego, convierte en una quimera la pretensión preelectoral del PP según la cual la industria cultural española pasaría bajo su gestión del 4% al 10-12% del PIB, transformándose así en un sector-tractor de nuestra economía. Porque, a fin de cuentas, las expresiones culturales en castellano y otros idiomas españoles cuentan con más de 450 millones de potenciales consumidores. Por poner sólo un ejemplo que cualifica la situación: en los Estados Unidos, los hispanos son ya la minoría más importante (50 millones).

La digitalización y la piratería

España, efectivamente, no es Somalia, pero, a veces lo parece. Lo que se está haciendo presupuestaria y fiscalmente con la cultura y la investigación es de una torpeza política y de una miopía política que sobrecoge porque con la primera se hace identidad nacional, riqueza y comunidad de países hispanos, y con la segunda se avanza en todas las ramas de la ciencia y se progresaA este panorama hay que añadir un hecho determinante: la digitalización de la cultura.

El informe de PWC (Global Entertainment and Media Outlook 2011-2015) publicado el mes pasado, constata que la música, el cine y los libros migran ya de forma irreversible a los soportes digitales, que la prensa online avanza con fuerza, que la televisión dispone de una fuerte expansión multicanal y, además, que el ocio de los videojuegos sigue al alza, todo ello sobre el fondo de una penetración constante de Internet. 

Este hecho capital requeriría que en España hubiese funcionado con eficiencia -y sin merma de garantías- la normativa antipiratería. Pues bien: la rapidez del Gobierno en dictar el reglamento de la llamada ley Sinde no se ha correspondido en absoluto con unos resultados aceptables. 

En España se siguen esquilmando los productos culturales -con infracciones constantes de los derechos de los creadores- sin que el Ejecutivo haya reaccionado, difiriendo los ajustes que precisan las normas contra la depredación digital a una futura modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Otro destrozo por omisión. La música y el cine pagan un altísimo precio por este descontrol incívico que en diciembre de este año al ministro Wert le evocó una España digital comparable a Somalia. De aquellas palabras, sólo quedan olvidos.

Tampoco el mecenazgo

Por lo demás, tampoco Educación, Cultura y Deportes ha logrado introducir en la agenda con verosimilitud un anteproyecto de ley de mecenazgo porque según el ministro “toda medida que implique una pérdida de ingresos del Estado hay que estudiarla por delante y por detrás”, después de afirmar que “este país va a salir adelante de la crisis exportando y una de las cosas que se pueden exportar es la cultura” (ABC, de 27 de septiembre pasado). 

Cierto, pero lo están haciendo imposible, como imposible hace esta política de rapiña y recorte -no precisamente de gasto corriente, sino generadora de empleo y riqueza- que la marca España salga a flote (¿qué piensa el comisionado Carlos Espinosa de los Monteros?). Porque tal marca será real si en el concepto material que comporta se incorporan la alta tecnología, la internacionalización de nuestras empresas que bancarizan y electrifican mercados emergentes, y, desde luego, las industrias culturales con las que ya compiten países como México o Colombia. Frente a la protección de Francia –sello de la política de todos los partidos galos- a la francofonía y de Gran Bretaña a su espacio de expansión idiomática -la Commonwealth-, aquí se hace todo lo contrario.

El cine español está pidiendo una financiación  a la francesa y no hay modo. Y así otras muchas manifestaciones culturales. Sólo parece salvarse, y con estrecheces, el Instituto Cervantes. Los insidiosos sospechan que el rescate de ese organismo se debe a que García Margallo en Exteriores dispone del peso político que no hay en Cultura.

La supresión del canon digital

Uno de los peores errores cometidos por este Gobierno ha sido, sin duda, la supresión del canon  digital y su sustitución por una partida presupuestaria para compensar a los creadores cuyas obras son copiadas. El canon digital se articulaba como un sobreprecio a los soportes de reproducción que pagaban aquellos que los adquirían. La justicia europea, y más tarde específicamente la francesa, han avalado la legalidad del canon digital, pero han establecido que debe  discriminarse sobre quienes están obligados al pago: sí las personas físicas, pero no las empresas, los profesionales y las Administraciones públicas. 

Con establecer un ajuste normativo, bastaba. Pero el Gobierno quiso compensar el reglamento de la ley Sinde con la supresión del canon para apaciguar a los colectivos de internautas. El resultado es que el antiguo canon lo pagamos todos y no solo los adquirentes de tecnología de reproducción.

Aunque todas las entidades de gestión europeas han denunciado la medida, el Ministerio -o la secretaría de Estado de Cultura, para ser más precisos- no se ha inmutado, y ha calculado que el perjuicio a los autores por la copia de sus obras será de cinco millones de euros frente a los 115 de recaudación del canon digital en el ejercicio precedente.

Un carga presupuestaria innecesaria (Noruega se la puede permitir, España no) y que, además, expolia de hecho a los titulares de derechos de autor cuyas obras son reproducidas en soportes digitales.

La tesis según la cual ya no se copia porque todo está en la nube digital no deja de ser un filibusterismo dialéctico para no reconocer que se está creando un auténtico proletariado de autores y creadores. Porque el coste por español de la compensación por copia es menor que 0,15 céntimos en España, a la altura de Rumania, Grecia, Bulgaria o Burkina Faso, muy lejos de los 2 euros per capita de Francia, Alemania o Bélgica, y también inferior a Portugal o Canadá.

España, efectivamente, no es Somalia, pero a veces lo parece. Lo que se está haciendo presupuestaria y fiscalmente con la cultura y la investigación es de una torpeza y miopía políticas que sobrecoge, porque con la primera se hace identidad nacional, riqueza y comunidad de países hispanos, y con la segunda se avanza en todas las ramas de la ciencia y se progresa. Y en ambos casos, se innova. Aquí seguimos con lo viejo -un Estado paquidérmico que los partidos se resisten a adelgazar-, y regresamos al que “inventen ellos”. Algo estará ocurriendo cuando autores, creadores y rectores universitarios unánimemente le están diciendo al Gobierno que se confunde. Que España no es Somalia.

Fuente:  José Antonio Zarzalejos en el CONFIDENCIAL.

La crisis se lleva por delante 8 millones de tarjetas de crédito en España

Aversión a las tarjetas de crédito. Esa es la principal conclusión que se puede extraer del segundo informe anual en Tendencias en Medios de Pago elaborado por Tecnocom en el que se pone de relieve la sangría que ha habido en el mercado de tarjetas de crédito y débito en España. En concreto, más de siete millones y medio de tarjetas se han evaporado de las manos de los españoles desde que comenzara la crisis en 2008. 

En opinión del director de internacional de Analistas Financieros Internacionales (AFI) -entidad que ha colaborado en la elaboración del informe-, Álvaro Martín, esta reducción del número de tarjetas se debe a que "el coste de emisión es mayor y ha disminuido la colocación masiva de hace unos años, debido a que ahora hay menos entidades financieras por los procesos de fusión y reestructuración".

En España, el deterioro de la situación económica y el aumento del número de desempleados han provocado que el importe agregado de los pagos haya disminuido en los últimos años hasta los 1,8 billones de euros. Esto se debe a que la caída en el uso de los cheques no se ha visto compensada con el incremento en el uso de transferencias de crédito y los pagos con tarjetas. 

El director general de banca y seguros de Tecnocom, Javier Rey, ha apuntado que, a pesar de este dato, el volumen de negocio se mantiene en "niveles razonables", aunque se ha reducido ligeramente. "No obstante apreciamos que ha aumentado el número de operaciones con tarjeta para compras pequeñas, lo que quiere decir que cada vez están sustituyendo más al efectivo".

El estudio, que analiza la evolución de los medios de pago en España y seis países de América Latina en 2012, indica que la evolución del entorno económico ha condicionado los patrones de consumo de los ciudadanos y, con ello, la utilización de los medios de pago.

 

 

"En España, la prolongación de un entorno económico adverso en los últimos años ha contraído el consumo, lo que ha repercutido en la reducción del número de tarjetas, aunque los pagos con estos dispositivos han continuado creciendo dando muestras de la creciente importancia del uso de medios electrónicos frente al efectivo", señala el informe.

Desde AFI consideran que el aspecto más relevante es que los ciudadanos cada vez ponen de manifiesto mayor control por el gasto, lo que "contribuye a reforzar el débito frente a los mecanismos de crédito". Así consideran que actualmente hay una gran cantidad de crédito concedido en tarjetas que no se está utilizando, "ya que se trata de un dinero que acaba saliendo muy caro" (los créditos preconcedidos suelen estar referenciados a intereses de doble dígito.

De igual manera, los responsables de este informe consideran que las entidades están potenciando cada vez más el segmento de cliente 'premium'. Esto es aquellos con mayor disponibilidad de fondos, mejor comportamiento crediticio y realizan más compras.

Requiem por el cheque tradicional

Tecnocom y AFI han observado que a ambos lados el Atlántico se está produciendo una sustitución "gradual" de los medios de pago basados en papel (efectivo y cheques) por los electrónicos. "La disminución del uso de cheques y efectos es especialmente significativa en el caso de España y Portugal, donde el deterioro de la situación económica y el aumento del número de desempleados ha provocado una disminución del importe agregado de los pagos", pone de relieve el informe.

Para ambas entidades, el "constante" proceso de renovación que está viviendo el sector de medios de pago "no podría explicarse sin el impulso de empresas y gobiernos". Según afirman, las primeras han intensificado el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los pagos minoristas, mientras que los segundos están impulsando políticas públicas (entregas de subsidios) a través de medios electrónicos, "a la vez que establecen mecanismos de protección al consumidor".

Fuente:  http://www.cotizalia.com

El regreso de ‘la Momia’ asusta a Europa, y sobre todo a Merkel

 

Hay que reconocer que Silvio Berlusconi ha resucitado en el peor momento para la Unión Europea. Justo cuando está a punto de concluir este año, en el que la recesión se ha instalado firmemente en la eurozona y en el que los parados, los desesperados y los angustiados, mes tras mes, van formando una legión sufriente que crece y crece a lo largo de todo el continente. Un año en el que los ciudadanos del sur han visto caer su nivel de vida y mermar notablemente el Estado del bienestar como consecuencia de las medidas de austeridad a las que nadie parece poner freno y que se presentan como inevitables.

Y entonces aparece Il Cavaliere como el campeón de esas masas dolientes y dice las verdades del barquero, aunque sean las que a él le interesan: acusa a Mario Monti de ser un lacayo de Berlín y de haber llevado a cabo una política antipatriota sólo para que los alemanes se puedan financiar gratis. “Todos los datos económicos han caído en picado… y nos están machacando con la prima de riesgo. ¿A quién le importa -plantea Berlusconi- la prima de riesgo?”. Inútil esperar por parte del millonario ex primer ministro una mínima asunción de responsabilidad por el lamentable estado financiero de su país. Él dice siempre que sólo mira hacia adelante.

Berlusconi y Rajoy, ¿aliados contra Merkel?

Rajoy, miembro de la misma familia política que Berlusconi, tarde o temprano se verá cuestionado acerca de si no tendrá algo de razón al acusar al actual Gobierno italiano de ser un mero replicante de las órdenes que llegan desde Berlín. Y sobre si no sería razonable actuar con más autonomía e intentar reconstruir ese frente anti- austeridad y pro- crecimiento que el recién elegido Hollande, Prodi y Rajoy intentaron forjar recién iniciado el verano.

Lo peligroso no son las boutades del rey del bunga-bunga, sino que una parte de su discurso, el más populista pero el que más llega a la gente que lo está pasando realmente mal, va a obligar a pronunciarse a otros líderes italianos y europeos que unos días amanecen alineados con Merkel y otros ponen en duda sus principios ortodoxos, sobre todo cuando ven los resultados de esas políticas ultraliberales. 

Y así, Mariano Rajoy, miembro de la misma familia política que Berlusconi, tarde o temprano se verá cuestionado acerca de si no tendrá algo de razón este último al acusar al actual Gobierno italiano de ser un mero replicante de las órdenes que llegan desde la Cancillería de Berlín. Y sobre si no sería razonable actuar con más autonomía de los teutones e intentar reconstruir ese frente antiausteridad y procrecimiento que el recién elegido Hollande, Prodi y Rajoy intentaron forjar recién iniciado el verano y, sobre todo, en la cumbre de finales de junio.

También la izquierda -o lo que queda de ella- deberá retratarse, porque Rubalcaba, Llamazares et altri coinciden, muy a su pesar, con esos llamamientos berlusconianos que invitan a escapar del diktat merkeliano. Y, curiosamente, estas fuerzas progresistas pueden encontrar aliados incluso entre los columnistas del Financial Times. Este lunes, Wolfgang Münchau quitaba laureles a este año de Mario Monti en el poder (“una burbuja que le vino bien a los inversores mientras duró, pero que ya ha estallado”) y sugería dos cosas: deshacer lo hecho por Monti, dar marcha atrás en los planes de austeridad y, de una vez por todas, plantar cara a Angela Merkel, obligándola a que acepte los eurobonos, única manera para que la prima de riesgo se coloque a niveles razonables.

Es muy improbable que la momia Silvio (como le presentaba el diario francés Libération) gane estas elecciones anticipadas en Italia, pero sí está claro que nos vamos a divertir en los próximos meses. Porque los bufones, los farsantes y los mentirosos crean polémica y obligan a pensar y a reaccionar, cosa que en la escena política europea no se está produciendo desde hace mucho tiempo. Sólo hay “Una” que habla y los demás asumen sin discutir. Tal vez, y sólo por eso, sea positiva la resurrección de un personaje tan peculiar y poco respetable como es Silvio Berlusconi.

Fuente: EL CONFIDENCIAL

CADA CONSEJERO, 7.000 EUROS AL MES: PP y PSOE se niegan a un proceso de selección y se reparten la cúpula de la Cámara de Cuentas de Mad

Semana de renovación de los consejeros de la Cámara de Cuentas de Madrid, un órgano dependiente de la Comunidad que preside Ignacio González. Ayer finalizó el plazo para que los grupos políticos presentaran a sus candidatos a ostentar la cúpula del órgano fiscalizador de la región, cuyas candidaturas se votarán el jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. El 30 de noviembre, el portavoz de UPyD en la Asamblea, Luis de Velasco, propuso modificar la ley para apartar a los partidos políticos de esta selección y que las candidaturas respondan únicamente a un proceso de mérito y capacidad, abierto y de libre concurrencia y con audiencias públicas en la propia Asamblea de Madrid. Ni PP ni PSOE ni IU respondieron a esta petición que pretendía otorgar más transparencia a un organismo que paga más de 7.000 euros mensuales a cada consejero y que destina el 84% del gasto a cubrir los gastos de personal. 

Los cinco nombres que el portavoz del grupo parlamentario popular propuso ayer a la Mesa de la Asamblea de Madrid son los mismos nombres que están en la Cámara de Cuentas desde hace seis años, propuestos por los populares en 2006. Arturo Canalda, ex Defensor del Menor, es el actual presidente. Según su perfil de Linkedin, ha sido administrativo de El Corte Inglés entre 1986 y 1991. A partir de entonces fue cuando hizo carrera política dentro del PP de Madrid. 

Otro viejo conocido de la política es su compañero Marino Díaz Guerra, que fue subsecretario de Presidencia y del ministerio de Trabajo con José María Aznar y a quien los populares vuelven a proponer para mantenerse en la Cámara de Cuentas. Su experiencia profesional en la fiscalización de organismos públicos es tan simple como la de Concepción Ruano, también consejera propuesta por el PP junto con María Victoria Malavé y Carlos Salgado Pérez.   

Tomás Gómez presentó ayer como candidatos a Andrés Gómez Sánchez, cuyos máximo mérito ha sido ser consejero de la televisión pública madrileña Telemadrid, y Mónica Melle Hernández, una de las personas de máxima confianza de la socialista Carme Chacón cuando estaba al frente del ministerio de Defensa. Luis de Velasco, portavoz del grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, presentó ayer con carácter de urgencia una proposición de ley para reformar la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, creada hace trece años como órgano técnico dependiente de la Asamblea –independiente desde el punto de vista orgánico y funcional- encargado de la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público de la Comunidad de Madrid. 

“Entendemos que hay un claro conflicto entre el nombramiento de los consejeros por los partidos políticos y la propia función de la Cámara, que no es otra que controlar el poder político”, decía De Velasco a los demás portavoces de la cámara madrileña que hicieron caso omiso a su propuesta. UPyD pide la modificación de los artículos 1, 32 y 33 de la citada Ley. Entre los cambios se propone que los consejeros sean elegidos por mayoría de tres quintas partes entre aquellos candidatos que, de manera personal y pública, presenten su candidatura. 

Profesionalizar la Cámara

También se pide que se acredite un nivel mínimo de estudios, que la elección de los miembros se lleve a cabo entre funcionarios públicos pertenecientes a cuerpos cuyo ingreso se exija titulación académica superior, “así como entre abogados y economistas”, todos de reconocida competencia en relación con las funciones de la Cámara y con más de quince años de ejercicio profesional. 

Para evitar una conexión con un grupo político, la formación magenta proponía que se vetara a aquellos candidatos que “durante los diez años anteriores a su nombramiento” hubiera ejercido algún cargo electo o hubiera sido miembro del gobierno de la nación o de cualquier región o ayuntamiento. 

UPyD también propone vetar de la carrera para ser consejero de la Cámara de Cuentas “a aquellos que durante los diez años anteriores a la fecha de la elección haya desempeñado funciones de dirección, gestión, inspección o intervención de ingresos o gastos en cualquiera de las entidades pertenecientes al sector público de la Comunidad de Madrid, o hayan sido perceptores de subvenciones con cargo a dicho sector público”. 

Fuente: EL CONFIDENCIAL

Cospedal ordena la dimisión de Cervera ante un caso "muy raro"

La dirección nacional del PP no tuvo contemplación con quien llegó a ser presidente de la formación en Navarra, miembro del Comité Ejecutivo y, hasta la fecha, secretario cuarto de la Mesa del Congreso. Que incluso entró en la terna de ministrables, y a quien muchos le veían un futuro fulgurante al lado de Mariano Rajoy. Todo por una "imprudencia", según él, pero que en Génova vieron una trama "muy rara" que puede llegar a ser constituyente de delito.

Santiago Cervera se vio en la obligación de dimitir como diputado nacional -perdiendo así su condición de aforado- y de darse de baja temporalmente como miembro del PP. Una decisión abrupta tras 24 horas de infarto, que daba inicio cuando el domingo se acercaba a una muralla cercana al club de Natación de la capital foral, para recoger de una ranura información presuntamente sensible sobre el presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiaín, con quien tenía su particular guerra. Acudía "de incógnito, con el rostro tapado", según algunas fuentes. Allí le esperaba la Guardia Civil, que le detenía.

"Tuve la curiosidad por saber si la información que se había depositado en el lugar que se me indicó, acudí al sitio y en efecto vi que en él había depositado un paquete aparentemente con documentación", explicó Cervera. Así se lo dijo el mismo domingo a Juan Carlos Vera, secretario ejecutivo deOrganización del PP a nivel nacional. Entonces todavía no había saltado la información, pero Génova ya se preparaba para el golpe.

Pocas horas después de producirse el arresto -y la posterior puesta en libertad, tras dar sus explicaciones ante el juez-, María Dolores de Cospedal ya tenía todos los datos encima de la mesa. Y no le convencían. Los tacha, en público y privado, de "muy raros" y toma la decisión de apartarle de todas sus responsabilidades.

La operación caída estaba en marcha cuando, a primera hora del lunes, se filtra la noticia. La secretaria general quiere una respuesta al unísono, y por ello conversa telefónicamente con Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular y jefe directo de Cervera. No quiere bicefalias, y ambos acuerdan que no puede seguir un minuto más en sus cargos.

A media mañana, y con las excusas de Cervera en su blog, Alonso hace llamar al diputado para informarle de la decisión. Y él la acata. Para la dirección nacional, no había dudadas de cómo actuar: aún manteniendo la presunción de inocencia, se le había descubierto "con las manos en la masa" en un asunto "que huele muy mal". En rueda de prensa, Cospedal hablaba de datos "cuánto menos graves y de rareza". Y "vamos a ver hasta que punto reviste gravedad importante", añadió.

El PP abría entonces un expediente informativo a modo de presión. Pocas veces la dirección fue tan rápida en la toma de ejecuciones internas. Otrora, la trama Gürtel dejó encima de la mesa casos que se prolongaron en el tiempo, como el de Luis Bárcenas o Ricardo Costa. Pero Cospedal, que entonces era ya de la idea de mostrar contundencias, tiene ahora las manos mucho más libres que cuando lidiaban en la oposición.

"Tenemos que saber lo que ha pasado", expuso la número dos. Y, hasta que las fuerzas policiales o la Justicia se pronuncien, "no podía permanecer en su puesto", justifican las fuentes consultadas. "El partido en el Gobierno tiene que ser ejemplar. Y un cargo público no puede hacer lo que ha hecho Santiago", expuso un alto cargo.

Conversación con Rajoy

Antes incluso de que Cervera saliera a la palestra para anunciar su marcha forzada, Rajoy era informado de la decisión. El presidente está de viaje oficial en Oslo (Noruega), para participar en la entrega del Nóbel de la Paz a la Unión Europea. Dio su plácet, toda vez confían en la mano de hierro impuesta por Cospedal.

Bien es cierto que hacía tiempo que Cervera había perdido el cariño de Génova. Que su salida del PP de Navarra y sus relaciones con el nuevo líder, el cospedaliano Enrique Martín, dejaban mucho que desear. Y que todo está relacionado, y visto en la escasa defensa de su presunción de inocencia por parte de la dirección. Pero, insisten desde la cúpula, "cometió un error de bulto", y ahora paga las consecuencias.

Cervera pactó con Alonso y Cospedal lo que diría a las 13:30 horas, final de la breve pero dura travesía. "El PP ha sido enormemente generoso y no debo generarle ningún tipo de perjuicio", y de ahí que informaba de su marcha. "Creo que es lo que más nos conviene a todos". Si bien, también afirmó que no cometió delito alguno, sino que era "víctima" de una conspiración. "Sé las razones por las que se me ha elegido", fueron sus palabras. Para la dirección nacional, se le ha ahorrado un problema a Rajoy.

Fuente: libertaddigital.com