El Congreso modifica su web a escondidas para camuflar el gasto de alojamiento y manutención

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LOS DIPUTADOS DE FUERA DE MADRID SEGUIRÁN COBRANDO LA AYUDA DE 1.800€ MENSUALES

El Congreso ha modificado a escondidas su página web oficial para borrar el rastro de los controvertidos "gastos de alojamiento y manutención" de los diputados, que cobran mensualmente 1.800 euros por ese concepto -salvo los que fueron elegidos por la circunscripción de Madrid, que perciben 870 euros- incluso si disponen de una o más viviendas propias en la capital. Fuentes parlamentarias consultadas por El Confidencial han admitido que el profundo malestar ciudadano provocado por ese privilegio ha forzado el cambio. Pero éste se ha limitado a maquillar el nombre de esas ayudas, no a suprimirlas o reducirlas.

Sin que haya mediado un acuerdo previo de la Mesa del Congreso -el órgano de gobierno de la Cámara-, han desaparecido de la web oficial de la institución, sin previo aviso, "los gastos de alojamiento y manutención en la capital" de los parlamentarios. O mejor dicho: se ha eliminado de un plumazo ese párrafo, porque la cuantía de las ayudas permanece inalterable: 1.823,86 euros para los diputados de fuera de Madrid -314 sobre un total de 350- y 870,56 euros para el resto. La plataforma de activismo social Change.org ya ha recogido casi 150.000 firmas exigiendo acabar con esas prebendas.

 

El nuevo párrafo dice ahora que, con esas ayudas económicas, "los parlamentarios deben afrontar los gastos que les origine la actividad en la Cámara".​ Las fuentes consultadas no supieron precisar cuándo fueron introducidas las dietas de alojamiento y manutención en el régimen económico de los diputados, pero éstas se remontan al menos a hace tres décadas, y fueron publicitadas por primera vez en la web del Congreso durante la legislatura inicial de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), cuando Manuel Marín presidía la Cámara Baja. Desde entonces, esa asignación económica ha figurado en el apartado de "indemnizaciones y ayudas" que perciben los parlamentarios para sus "gastos de alojamiento y manutención en la capital".

​¿Quién ha ordenado modificar a hurtadillas la web oficial del Congreso para enmascarar esas polémicas ayudas? Nadie se hace responsable. Fuentes parlamentarias del PP y del PSOE han asegurado a este diario que no han sido consultados al respecto, y que ni siquiera sabían que esos cambios en el régimen económico de los diputados se hubiesen producido. Tampoco ha sido un acuerdo adoptado por la Mesa, en la que, además de populares y socialistas, se sienta también un representante de CiU. Y un portavoz del presidente de la Cámara, Jesús Posada, ha asegurado tajantemente que la orden no ha partido de éste. Descartada "sin ningún género de dudas" una posible manipulación intencionada de la web, las fuentes consultadas apuntan a Posada y al secretario general del Congreso, Manuel Alba, que asesora a aquél.

 

 

"Interpretaciones erróneas"

​ Los argumentos ofrecidos por el portavoz de Posada sustentan esa hipótesis: "Al presidente del Congreso le parece adecuado que la web se haya modificado para corregir los términos en los que estaba redactada esa retribución". Esas ayudas económicas "no se destinan exclusivamente a sufragar el alojamiento y la manutención de los diputados, sino que sirven principalmente para cubrir los gastos que genera su labor parlamentaria, y la redacción anterior podía dar lugar a interpretaciones erróneas", añadió el mismo portavoz. Éste no aclaró, sin embargo, la razón de que la modificación se haya producido a espaldas de los grupos parlamentarios, sin un acuerdo consensuado en la Mesa de la Cámara y coincidiendo con la creciente ola de rechazo popular a esas "indemnizaciones por gastos".

​UPyD pidió el pasado mes de marzo a Posada que los diputados con vivienda propia en Madrid dejasen de cobrar los 1.823 euros para "alojamiento y manutención". Éste dijo entonces que estudiaría la propuesta, pero tanto el PP como el PSOE la tacharon de "populista" y "demagógica". El partido de Rosa Díez se planteó entonces presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año para tumbar esas ayudas, pero finalmente no lo ha hecho. Las cuentas públicas de 2013, que la semana pasada superaron el primer trámite parlamentario para su aprobación, mantienen intacta la partida correspondiente a las retribuciones de los diputados, casi 19 millones de euros, cantidad que incluye esas dietas o "indemnizaciones por gastos" de sus señorías, que están exentas de tributación.

​Algunos casos son especialmente chirriantes. Como el de la expresidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez -hoy al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-, que posee cinco pisos en Madrid y cobraba los 1.823 euros para alojamiento por su condición de diputada por Jaén. O el del ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, que percibe la misma cantidad pese a ser dueño de tres viviendas en Madrid. O el del ministro del Interior y diputado por Barcelona, Jorge Fernández Díaz, que reside en la propia sede del ministerio, en el paseo de La Castellana, y también cobra la dieta.

​Odón Elorza, ex alcalde de San Sebastián y diputado del PSOE por Guipúzcoa, reclamó el pasado mes de julio a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista que acabe con los "injustificables" gastos de alojamiento de los diputados "elegidos en provincias" pero con vivienda propia en Madrid. "La ciudadanía espera de los políticos una actitud moral ejemplar en tiempos de obligada austeridad", dijo entonces Elorza, que reclama "introducir cambios" en las normas que regulan el régimen económico de los diputados para acabar con "una situación que resulta injustificable y que ha provocado indignación en la sociedad española".

 

 Fuente: EL CONFIDENCIAL

Bancarrota Ayuntamiento Socialista de Jerez...El PP no lo hizo mejor.

Jerez se gastó 1,5 millones en 33 asesores: ahora tiene sólo uno que gana 45.000 €

"La puerta del despilfarro abierta de par en par. El Ayuntamiento de Jerez, pilotado por la socialista Pilar Sánchez, se gastó 1,5 millones de euros en 33 asesores. Ahora, en la etapa de María José García-Pelayo, sólo está en nómina un asesor que cobra 45.000 euros anuales. Es una de las pruebas de cómo la ciudad andaluza, que llevaba 20 días de huelga del servicio de recogida de basura, dilapidó las arcas municipales. 

Ayer por la noche, la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de basuras, y los representantes de los trabajadores alcanzaron un principio de acuerdo que pondrá fin a la huelga que los operarios mantenían. 

Tras una reunión de más de cuatro horas se alcanzó un principio de acuerdo en el que, según José Manuel Cazalla, presidente del comité de empresa, "se han salvado 125 puestos de trabajo", los que recogía el ERE que Urbaser había planteado y que ha motivado la protesta. 

El principio de acuerdo será refrendado por una asamblea de trabajadoreshoy por la tarde, cuando, "en un 99,9% de posibilidades", se pondrá fin a la huelga que ha llevado a que en las calles de Jerez se acumulen más de 3.000 toneladas de basura.

La deuda de Jerez es inasumible para el quinto núcleo de población más importante de la comunidad autónoma. Se aproxima a los 1.000 millones de euros (958,7 millones de euros, de los que 687 corresponden a deuda del Ayuntamiento y 271 a empresas municipales). La deuda a la Seguridad Social y Hacienda se eleva a 120 millones de euros. El remanente negativo de Tesorería (déficit acumulado) asciende a 429 millones.

Las soluciones del equipo del PP que llegó a la Alcaldía en mayo de 2011 pasaban por reducir el capítulo 1 (el de personal), que en cuatro años aumentó un 60% y suponía el 34% de los gastos (110 millones de euros). El informe de Tesorería de julio de 2011 ya había alertado de una “deuda desmesurada, nulo seguimiento de los Planes de Saneamiento, agravamiento de la situación por recurrir únicamente a soluciones financieras, colapso absoluto de tesorería, recaudaciones futuras comprometidas”. Además, el Ayuntamiento asumía que no podía garantizar los pagos a la Seguridad Social y Hacienda y que tampoco se podía asegurar los pagos de compromisos financieros ni de proveedores esenciales.

La asfixia económica era tal que cuando el actual equipo de Gobierno municipal llegó al poder sólo había 10.000 euros en caja. Todos los ingresos de 2011 estaban comprometidos al 80 % y para pagar nóminas de mayo a diciembre de 2011 hubo que pedir anticipos a la Diputación de Cádiz de la recaudación no de 2011, sino de 2012. “De los 67 millones de euros que el Ayuntamiento debía recibir, 55 millones estaban comprometidos con las tomas de razón”, explica el informe que presentó la alcaldesa en el pasado debate sobre el estado de la ciudad.

El Ayuntamiento de Jerez tenía claro que era absolutamente necesario un recorte drástico de personal. Se elaboró un ERE para 260 personas para así adelgazar la plantilla de 2.500 empleados y cumplir con las exigencias impuestas por el ministerio de Hacienda, tras acogerse a la línea de crédito ICO que el Gobierno puso a disposición de los ayuntamientos que necesitasen liquidez para pagar las facturas atrasadas.

¿Y cómo está la situación actualmente? Tras este ERE, el pleno del 30 de marzo de 2012 elaboró un segundo plan de ajuste que incluía unas previsiones de ahorro de 3 millones en 2012, de 94 millones en 2013 y de 100 millones lineales desde 2014 a 2022.

 Hay otras medidas que están aportando una luz entre las tinieblas financieras del Consistorio: la Alcaldía redujo el presupuesto en un 77% y desaparecen partidas como protocolo, publicidad y  propaganda. 

Los salarios del equipo de Gobierno municipal bajaron un 27% en 2012. De los 15 concejales del PP, 5 no cobran del Ayuntamiento y 2 tienen una retribución parcial (la alcaldesa gana 68.000 euros anuales). Además, el Ayuntamiento ha pagado pluses de asistencia, fidelidad y nupcialidad, como denunció El Confidencial, hasta el pasado mes de octubre. Y la basura sin recoger, mientras aumenta el riesgo de epidemia para los 215.000 habitantes".

Fuente: EL CONFIDENCIAL

"Las acusaciones de corrupción harán que CiU gane votos"

El eje de la campaña catalana estaba bien definido, con una línea divisoria trazada a partir del referéndum sobre la independencia, hasta que se filtró un informe que acusaba a Jordi Pujol y Artur Mas de tener cuentas ocultas en Suiza. Regresaban así las acusaciones de corrupción que han perseguido a la gestión convergente, dando a la campaña un impulso inesperado. Lo que está por comprobarse es si esos nuevos elementos van a modificar el mapa previo, y si producirán efectos electorales sensibles el día de la votación. 

Desde luego, lo que sí van a generar es un recentramiento de los debates al romper con la agenda prevista, señala Ismael Crespo, catedrático de la Universidad de Murcia y director del departamento de Comunicación política de la Fundación Ortega-Marañón. “Hasta la fecha, la campaña la estaba estructurando  CiU, y no se hablaba más que del referéndum y de la independencia, evitándose temas como la sanidad, educación, impuestos, etc.  Ahora se ha dado entrada a otros asuntos, Mas se ha visto obligado a contestar a las acusaciones, y tiene la tarea de hacer que los ciudadanos no le vean más preocupado por sus propios asuntos que por hacer lo mejor para Cataluña”. 

Hay experiencias previas, como el caso Banca Catalana, que favorecieron electoralmente a Convergencia

El efecto fundamental que suelen producir estos cambios de tercio es el de reforzar la intención de los votantes de los partidos que no han sido acusados de llevarse el dinero, así como el de desmovilizar a los seguidores de la formación acusada. Según Pere Oriol Costa, catedrático de Comunicación Política de la UAB y experto en campañas electorales, este efecto es probable que no llegue a producirse, porque la reacción de los convergentes ha sido rápida y adecuada. 

“Cuando hay una acusación contra un candidato, lo usual es obviarla hasta que, llegado el momento en que se entiende que puede hacer daño, el cabeza de lista aparezca en público para desmentirla contundentemente. 

Esto es lo que hizo Kennedy cuando le acusaron de estar al servicio del Papa de Roma por ser católico. Hizo un desmentido muy claro y salió reforzado. Una buena reacción resulta esencial, y la de Mas lo ha sido al interponer la querella”. Sin embargo, el asunto va mucho más allá de haber sabido sortear una trampa electoral, ya que es muy probable que CiU consiga sacar provecho de las acusaciones. Como señala Oriol Costa, “que te metan en la agenda un tema de corrupción no es bueno, pero si tu electorado cree que esto responde a una acción surgida de las cloacas del estado, puede generar una reacción notable en sentido contrario”. 

Escenificando una narrativa

Así lo cree Julián Santamaría, catedrático de Ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid y director de Noxa Consulting, quien recuerda experiencias previas, como el caso Banca Catalana, que terminaron por favorecer electoralmente a Convergencia. Y En este contexto enfrentado en el que la campaña se desenvuelve, es probable que suceda algo similar. “Incluso las manifestaciones del Ministro de Interior de ayer por la tarde, ratificando la validez del informe filtrado, pueden provocar un efecto boomerang, ya que serán interpretadas como las afirmaciones de un miembro del PP que intenta atacar a CIU”.

El momento de filtrar la información, a diez días de las elecciones, “y el medio en que se ha hecho” favorecen este tipo de reacciones, según el asesor de comunicación política Luis Arroyo. “Es muy habitual que en esta clase de escenarios se recurra a la victimización, algo que en la campaña catalana está siendo utilizado desde el minuto cero.

 Hasta ahora, todo lo que se ha hecho es de manual: la escenificación de la narrativa interponiendo una querella, la alusión a las cloacas del estado, los discursos que se están utilizando…Lo que importa no es tanto el hecho de fondo de la corrupción, sino la narrativa en la que te muestras como víctima”.

Hasta la fecha, lo esencial no han sido las características vinculadas con la gestión, sino las ligadas a la identidad nacional.

Estas tácticas han sido utilizadas con notable frecuencia en otros casos de corrupción, en la que notorios imputados vivían noches electorales muy felices, ya que no sólo ganaban las elecciones sino que aumentaban su número de votos. Pero este caso es diferente, toda vez que eso sólo funciona cuando hablamos de ámbitos locales en los que, afirma Santamaría, “la gestión de los alcaldes corruptos resultaba beneficiosa para un grupo relativamente importante de ciudadanos. Cuando los casos de corrupción afectan sólo a una persona o un grupo de ellas sin beneficio alguno para el pueblo, las cosas se ven de forma muy distinta”. 

La mayoría absoluta en el horizonte

Coincide Crespo en esa perspectiva, ya que “cuando los ciudadanos están valorando a quién votar, tienen en cuenta las características de esa persona y, sobre todo, lo que consideran referentes ideales. En noviembre de 2011 medidos 25 atributos de Rubalcaba y de Rajoy, y de ellos, Rubalcaba ganaba en 22. 

Pero los tres en los que Rajoy estaba por encima, como era la capacidad para salir de la crisis, para abordar el desempleo y para formar un buen gobierno, fueron los que decidieron las elecciones. E igual ocurrió en los últimos comicios en Valencia, donde los atributos preferidos eran los relacionados con la gestión y no con la honestidad. De hecho, muchos seguidores del PP percibían a su candidato como no demasiado honesto pero decían que iban a votarle”.

En las elecciones catalanas, y hasta la fecha, lo esencial no han sido las características vinculadas con la gestión, sino las ligadas a la identidad nacional. Lo que está por verse es si las acusaciones de corrupción resituarán el debate del lado de la gestión o si ratificarán las discusiones sobre asuntos identitarios. Y esto será lo que decida si CiU logrará o no la mayoría absoluta, que es el tema real de fondo. Porque si no lo consiguen, afirma Arroyo, “los dirigentes de Convergencia no podrán explicar para qué han convocado estas elecciones. Muchos medios internacionales están subrayando ya la estupidez de iniciar este proceso si al final del camino no obtienen la mayoría absoluta. Habrían hecho el ridículo”. EL CONFIDENCIAL

Iberia retiró cientos de millones de Bankia para depositarlos en bancos ingleses

International Airlines Group (IAG), el holding aeronáutico participado por British Airways e Iberia, no se fía de España. Según han confirmado fuentes próximas a la cúpula directiva, la compañía ha retirado este año cientos de millones de euros que tenía depositados en Bankia y en otros bancos nacionales por el riesgo que suponía tener gran parte de la caja de Iberia en entidades con sede en nuestro país.

Las mismas fuentes han señalado que IAG, controlada en un 55% por British Airways, ordenó a Iberia el reembolso de gran parte de los depósitos, imposiciones a plazo fijo y pagarés que tenía en el banco presidido antes por Rodrigo Rato y ahora por José Ignacio Goirigolzarri. La medida se adoptó para proteger el rating financiero de la matriz ante la posibilidad de que una quiebra de la antigua Caja Madrid afectase a la salud de la compañía aeronáutica.

 

La decisión es llamativa, ya que Bankia es el principal accionista de IAG, con el 12% del capital, así como el dueño casi único de Iberia, de la que tiene el 87% del capital. Por tanto, la comunicación entre Antonio Vázquez, presidente del holding británico-español, y sus homólogos de Bankia es absolutamente directa, en tanto en cuanto los representantes del banco están sentados en el consejo de administración de IAG. 

Sin embargo, según distintas fuentes, las explicaciones que en su día les transmitió Rato y después Goirigolzarri no fueron suficientes para evitar la retirada de cientos de millones de Bankia a favor de entidades financieras británicas. Iberia ha explicado a preguntas de El Confidencial que “la compañía decidió ponderar las inversiones financieras de gran liquidez que clasifican en el epígrafe de Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes en detrimento de las inversiones financieras a corto plazo”.

“Este cambio de criterio obedece a primar en estos momentos de gran riesgo financiero los productos de mayor seguridad financiera y consecuentemente de menor rentabilidad”, añaden fuentes oficiales de Iberia. Esta partida del balance de 2011 refleja que las inversiones financieras a corto plazo (entre tres meses y un año) pasaron de 1.274 millones a tan solo 316 millones. Es decir, 958 millones menos.

Recomposicion del riesgo

Iberia califica estos movimientos como “recomposición de parte de nuestras posiciones en banca española”.  Sostienen que “hemos diversificado en una cartera más amplia de bancos europeos con el objetivo de tener menos exposición al riesgo existente en la actualidad”. Se trata de “una medida de prudencia”, si bien añaden que la compañía sigue teniendo cuentas en Bankia y en las grandes entidades nacionales. Fuentes financieras indican que muchas empresas están sacando el dinero de España para ponerlo en libras esterlinas, una inversión considerada más segura.

En la memoria de la aerolínea española se argumenta que “como consecuencia de la crisis económica y el riego inherente en el mercado financiero, la sociedad redujo notablemente los plazos de los vencimientos de sus inversiones financieras temporales, trasvasando más de 950 millones de euros de un epígrafe a otro”. Ese otro epígrafe es el de efectivo, que se incrementó desde los 857 hasta los 1.256 millones.

La diferencia neta entre un apartado y otro es de 559 millones de euros, una situación que Iberia explica por el consumo de caja. En concreto, por la reducción de 156 millones de la deuda, los 127 millones invertidos en la renovación de la flota, los 112 millones destinados a pagar los expedientes de regulación de empleo (ERE) anteriores y las pérdidas de 98 millones de ejercicios anteriores. Una cifra que puede empeorar el próximo año cuando Iberia ponga en marcha el nuevo ajuste de personal para 4.500 empleados, el 25% de la plantilla.

Fuente: EL CONFIDENCIAL

El Gobierno claudicó ante la gran banca para salvar sus cédulas hipotecarias

 

El Gobierno no ha querido enfrentarse a una reforma legal en profundidad del mercado hipotecario con los desahucios para no inflamar los temores de inseguridad jurídica con que la comunidad financiera observa todo lo que ocurre en la economía española. Los bancos nacionales tienen emitidos más de 425.000 millones de euros en cédulas hipotecarias garantizadas con el reembolso de los préstamos que han ido concediendo para la compra de viviendas. Esta inmensa deuda podría verse gravemente afectada si ahora se abre una vía legal para facilitar el retraso, la refinanciación o incluso el impago de los créditos.

Para los bancos españoles, la de las cédulas hipotecarias es una línea roja que no se debe traspasar, ya que se trata de su deuda de mayor calidad y, por lo tanto, la más demandada por los inversores extranjeros. Además, el drama potencial para el sector es que las cédulas también son empleadas como garantía para acceder a la barra libre de liquidez abierta por el Banco Central Europeo (BCE). De ahí la importancia de asegurar el control del mercado hipotecario para evitar conflictos con las autoridades monetarias y suspicacias entre los analistas del orbe financiero. 

“Las medidas aprobadas por el Gobierno no han tenido impacto de momento, ni en los precios ni en las rentabilidades de las cédulas. Eso sólo ocurriría si se vieran afectadas las hipotecas de mayor calidad por cambios sustanciales en la ley hipotecaria”, aseguran en una de las grandes entidades financieras. Sin embargo, las diferencias entre las rentabilidades que tienen que ofrecer unos bancos y otros son muy distintas según el nivel de solvencia que les asigna el mercado.

 

Por ejemplo, las cédulas hipotecarias de Bankia con vencimiento en diciembre de 2015 están dando un rendimiento del 5,90%, más del doble de lo que paga Santander en el mismo plazo. Popular, en plena ampliación de capital para cubrir las necesidades de capital de 2.500 millones de euros detectadas por Oliver Wyman, tiene que desembolsar un 4,45%. Aunque estos productos suelen rentar menos que la deuda pública, que ahora ofrece alrededor del 3,90% a tres años, los bancos más cuestionados están sometidos a las enormes exigencias de los inversores. De ahí el temor del sector a que una nueva vuelta de tuerca para frenar los desahucios pueda dinamitar su línea de financiación más segura y estable. 

Bankia y Caixabank, los más activos.

La gran banca, a través de la patronal AEB, se ha colocado al frente de la manifestación contra los desahucios con el objetivo de arbitrar fórmulas de emergencia que no contravengan la estructura y credibilidad del mercado hipotecario. 

En las discusiones de los últimos días con el Ministerio de Economía las entidades de crédito más influyentes transmitieron al subsecretario, Miguel Temboury, las gravísimas consecuencias que podrían derivarse de un cambio radical en una legislación antigua, pero que da soporte a un negocio creciente casi en la misma proporción que lo ha hecho la crisis económica.

Desde el año 2007, el saldo vivo de cédulas hipotecarias ha aumentado un 60% en nuestro país, siendo las entidades sistémicas las más activas en el lanzamiento de estos títulos que se comercializan en su mayor parte entre inversores de carácter institucional. Precisamente, el liderazgo de este segmento de negocio lo ostenta Bankia, con más de 60.000 millones en circulación, seguida por Caixabank, con cerca de 40.000 millones. BBVA sobrepasa los 30.000 millones y el Banco Santander está muy cerca de los 27.000 millones de euros.

La sombra de los controvertidos test de estrés llevados a cabo dentro del sistema financiero español ha vuelto a planear en el toma y daca que PP y PSOE han mantenido con la banca ante la alarma social provocada por los desahucios. Al final ha prevalecido la opción más conservadora para no despertar la conciencia de los que piensan que la banca española tiene todavía mucho camino que recorrer en materia de saneamiento y provisiones.

Luis de Guindos ha visto de nuevo las orejas al lobo de Oliver Wyman, porque lo último que le faltaba ahora al mercado financiero español es otra vuelta de tuerca en los balances de las grandes entidades para cubrir el quebranto de otro eventual activo tóxico. El Gobierno ha decidido sacudirse el polvo de las sandalias con una solución parcheada antes que provocar una nueva burbuja en el estanque dorado de las suculentas y muy reconocidas cédulas hipotecarias. 

El de las cédulas hipotecarias es un mercado hasta ahora blindado. Por ejemplo, si un banco emite 100 millones de euros, tiene que aportar 120 millones de euros en garantías de hipotecas de máxima calidad. Es decir, con el doble cortafuego de que el ‘loan to value’ –importe del préstamo respecto al valor de tasación de una vivienda- debe ser inferior al 80% y que todas las hipotecas deben estar referenciadas a primera residencia, el segmento en el que la morosidad es más baja. 

 Fuente: J.A. Navas en http://www.cotizalia.com

PRIVILEGIOS DE VERGUENZA ANTE LA CRISIS: Los diputados con casa en Madrid seguirán cobrando en 2013 dietas de alojamiento

Los diputados de fuera de Madrid que cobran dietas de alojamiento pese a tener casa propia en la capital seguirán percibiendo en 2013 esa ayuda de 1.823 euros mensuales. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, que la semana pasada superaron su primer trámite en el Congreso, mantienen intacta la partida correspondiente a las retribuciones de los diputados, casi 19 millones de euros, cantidad que incluye las dietas o "indemnizaciones por gastos" de sus señorías, que están exentas de tributación. 

Pese a la ola de indignación popular desatada por ese privilegio, ningún grupo parlamentario ha presentado una sola enmienda a los PGE para eliminar o reducir esas dietas. Hasta el día de ayer, casi 150.000 ciudadanos habían exigido ya con su firma, a través de la plataforma de activismo social Change.org, cambiar el régimen económico de los diputados para acabar con esas prebendas. Sin embargo, el eco de la iniciativa, que partió de la profesora universitaria malagueña Ana María Castillo, no ha llegado a la Carrera de San Jerónimo.

UPyD pidió el pasado mes de marzo al presidente del Congreso, Jesús Posada, que los diputados con vivienda propia en Madrid dejasen de cobrar los 1.823 euros en concepto de alojamiento y manutención. Posada dijo entonces que estudiaría la propuesta, pero tanto el PP como el PSOE la tacharon de "populista" y "demagógica". El partido de Rosa Díez se planteó presentar una enmienda a los PGE de 2013 para tumbar esas dietas, pero finalmente no lo ha hecho. Un portavoz de UPyD señaló ayer a El Confidencial que la propuesta "está en estudio", y que, en cualquier caso, se plantearía como una reforma del Reglamento del Congreso.

De los 350 diputados que forman la Cámara Baja, 314 fueron elegidos en las pasadas elecciones generales en circunscripciones distintas a Madrid. De ellos, 64 poseen una o más viviendas en propiedad en la capital, pese a lo cual perciben 1.823 euros mensuales para gastos de alojamiento y manutención.

 

 La dieta de los parlamentarios madrileños -entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría- asciende a 870 euros, también libres de impuestos.

Elvira Rodríguez, Montoro, Fernández Díaz...

Algunos casos son especialmente llamativos. Como el de la expresidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez -hoy al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-, que posee cinco pisos en Madrid y cobraba los 1.823 euros para alojamiento por su condición de diputada por Jaén. O el del ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, que percibe la misma cantidad pese a ser dueño de tres viviendas en Madrid. O el del ministro del Interior y diputado por Barcelona, Jorge Fernández Díaz, que reside en la propia sede del ministerio, en el paseo de La Castellana, y también cobra la dieta.

Odón Elorza, ex alcalde de San Sebastián y diputado del PSOE por Guipúzcoa, reclamó el pasado mes de julio a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista que acabe con las "injustificables" dietas de alojamiento de los diputados "elegidos en provincias" pero con vivienda propia en Madrid. "La ciudadanía espera de los políticos una actitud moral ejemplar en tiempos de obligada austeridad", dijo entonces Elorza, que reclama "introducir cambios" en las normas que regulan el régimen económico de los diputados para acabar con "una situación que resulta injustificable y que ha provocado indignación en la sociedad española".

 

Fuente: EL CONFIDENCIAL.

España perderá población en 2013 por primera vez desde 1981 según el INE:EL DESCENSO LLEGARÁ AL 10% EN 2052

El número de población en España descenderá en 2013 por primera vez desde 1981, al pasar de los 46.196.278 millones de este año a los 46.094.454 proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el próximo año. Esta cifra alcanzaría en 2052 los 41,5 millones de habitantes, un 10,2% menos que en este 2012.

Así, el estudio 'Proyecciones de Población a corto plazo (2012-2022) y a largo plazo (2012-2052)', señala que, de mantenerse la tendencia demográfica actual, España contaría en 2022 con 45,0 millones de habitantes, un 2,5% menos que este año.

Además, prevé que España registrará "un paulatino descenso de la natalidad" en los próximos años, ya que en 2021 nacerían 375.159 niños, casi un 20% menos que en el último año, y hasta 2031 se registrarían 7,7 millones de nacimientos, un 9% menos que en los últimos 20 años.

Este descenso de nacimientos vendría determinado por "una progresiva reducción" del número de mujeres en edad fértil, según el INE. Por ello, el número de nacidos no volvería a crecer hasta 2030, aunque volvería a decrecer a partir de 2040. En cualquier caso, en los próximos 40 años nacerían en España 14,6 millones de niños, un 24% menos que en los últimos 40.

Además, el número medio de hijos por mujer se situará en 1,51 en 20 años y en 1,56 en 40, frente a los 1,36 de 2011. A su vez, con la tendencia actual, la edad media a la maternidad llegaría a los 31,5 años en 2051. Mientras, la evolución de la curva de tasas de fecundidad por edad de la madre se desplazaría hacia edades más altas (entre 35 y 40 años) así como a tasas más elevadas de fecundidad de mujeres de entre 18 y 25 años.

Por otro lado, el INE puntualiza que, de mantenerse los ritmos actuales, la esperanza de vida alcanzaría los 86,9 años en los varones y los 90,7 años en las mujeres en 2051, lo que supone un incremento de casi ocho años y de seis años, respectivamente, con respecto a la cifra actual.

El envejecimiento de la población provocará que los mayores crecimientos de población se concentren en edades avanzadas. En concreto, en 2052 el grupo de edad de mayores de 64 años se incrementaría en 7,2 millones de personas (un 89%) y pasaría a constituir el 37% de la población total. Por el contrario, España perdería 9,9 millones de personas de edades comprendidas entre 16 a 64 años (un 32%) y casi dos millones en el grupo de población de 0 a 15 años (un 26%).

Por ello, de mantenerse las tendencias y comportamientos demográficos actuales, en 2022 la tasa de dependencia se elevaría hasta el 58%, Es decir, por cada 10 personas en edad de trabajar, en 2022 habría casi seis potencialmente inactivas. En 40 años, esta tasa de dependencia se elevaría al 99%, por lo que por cada persona en edad de trabajar prácticamente habría otra que no estaría en edad de hacerlo.

Además, una estructura demográfica cada vez más envejecida produciría un continuo crecimiento del número anual de defunciones por lo que el INE vaticina que, en los próximos 40 años, morirían en España unos 17,9 millones de personas, un 34% que en los últimos 40, resultando decreciente el saldo entre nacimientos y defunciones.

Aumenta la emigración al extranjero

  El estudio del INE añade que el saldo migratorio sería negativo en el año 2012, en 181.479 personas, en línea con 2011, que también fue negativo, en 50.090. Este saldo, según el INE, es consecuencia de un flujo inmigratorio esperado de 376.696 inmigrantes, un 17,7% inferior al año anterior y de una emigración al extranjero prevista de 558.175 personas, un 9,9% superior a la de 2011.

En la misma línea, el flujo inmigratorio que recibiría España se iría incrementando progresivamente en los próximos años. En su conjunto, en los próximos 10 años España recibiría unos 3,9 millones de inmigrantes y, en 40 años, el flujo inmigratorio ascendería a 16,7 millones.

La mayor parte de la inmigración procedería de la Unión Europea (4,9 millones), aunque el envejecimiento poblacional también esperado en Europa iría reduciendo progresivamente el flujo migratorio comunitario. Por ello, el INE especifica que Sudamérica y África se mantendrían como los otros dos grandes puntos de origen de la inmigración de España, con 3,8 y 3,5 millones, respectivamente.

En cuanto a la emigración, la pérdida progresiva de población en las edades adultas jóvenes tendría como consecuencia que el flujo de salida de población al extranjero "se fuera reduciendo lentamente en el tiempo". En cualquier caso, la prolongación de la propensión actual a emigrar al extranjero provocará que 5,2 millones de personas abandonen España en los próximos 10 años, cifra que ascendería a los 18,1 millones en los próximos 40 años.

A pesar de que el saldo migratorio de España se iría recuperando paulatinamente en los próximos años, el INE añade que en el conjunto de las próximas cuatro décadas estas tendencias migratorias llevarían a una pérdida neta de población de 1,4 millones de personas.

Casi todas las CCAA pierden población

 

Teniendo en cuentas estos datos, el estudio del INE especifica que casi todas las comunidades autónomas perderían población en la próxima década, salvo Islas Baleares, Canarias, Región de Murcia, Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Galicia, Castilla y León, Principado de Asturias, País Vasco, Aragón, Extremadura, Cantabria y La Rioja el número de defunciones superaría al de nacimientos entre 2012 y 2021. Además de en estas, en Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña el saldo vegetativo anual pasaría a valores negativos antes de que acabe la década.

De mantenerse las tendencias actuales, el saldo migratorio con el extranjero sería negativo en casi todas las comunidades autónomas entre 2012 y 2021, especialmente en Cataluña (con un saldo acumulado de -472.549 personas), Comunidad de Madrid (-381.632), Comunidad Valenciana (-176.027) y País Vasco (-140.171). Canarias, Principado de Asturias, Aragón y la ciudad autónoma de Ceuta serían los únicos territorios con balance positivo en los intercambios de población con el extranjero.

Mientras, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Andalucía, Canarias, Cataluña, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y La Rioja, además de la ciudad autónoma de Ceuta, presentarían un saldo total negativo entre 2012 y 2021. Por el contrario, Comunidad de Madrid, País Vasco e Islas Baleares se situarían como las mayores receptoras netas de población procedente del resto de España.

Fuente: EL CONFIDENCIAL