El Partido Popular ha cerrado filas con el respaldo del grupo
parlamentario catalán de CiU y el beneplácito del PSOE para evitar un
nuevo escarnio a Rodrigo Rato como presidente que todavía es de Caja Madrid. La institución financiera latente en la estructura de Bankia debería
haber convocado a la asamblea general para regularizar su situación
jurídica y transformar su naturaleza de entidad de crédito en fundación
de carácter especial. Sin embargo, la normativa derivada del rescate bancario permitirá al antiguo vicepresidente económico de Aznar
ahorrarse el trago, dejando que sean el Ministerio de Economía y el
Banco de España los encargados de rubricar de manera directa el
certificado de defunción de la que, en su día, llegó a ser primera marca
bancaria de Madrid.
La ley de Reestructuración y Resolución de
Entidades de Crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado a
finales de la pasada semana, ha reducido finalmente a sólo cinco meses el plazo de tiempo
que tienen las cajas de ahorros para convertirse en fundaciones desde
que han perdido el control de los bancos surgidos tras los distintos
procesos de fusión en el mercado financiero. En el caso de Caja Madrid, el momento concreto a partir del cual empezó a correr ese calendario tuvo lugar a principios de mayo, cuando el nuevo consejo de administración de Bankia, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, propuso que el Estado capitalizase las ayudas oficiales concedidas a su accionista mayoritario, el grupo BFA.
La petición suponía en la práctica una nacionalización pura y dura con la consiguiente pérdida de control de Bankia por parte de sus cajas promotoras, incluyendo por supuesto a Caja Madrid. En
un primer momento, el plazo previsto para llevar a cabo la metamorfosis
de las entidades de crédito a fundaciones había sido estimado en seis
meses, lo que podía obligar a la convocatoria urgente a lo largo de
este mes de noviembre de una asamblea general para refrendar el
preceptivo acuerdo de disolución con el respaldo jurídico del máximo
órgano de gobierno de la caja madrileña.
El que evita la ocasión
evita el peligro y, por eso, el partido en el poder ha decidido reducir a
cinco meses el periodo de transición que va a experimentar el mercado
financiero español. De este modo, la entrada en vigor de la normativa
destinada a dar cuerpo legal al decreto de la última reforma bancaria
se produce una vez que Caja Madrid ha superado los plazos exigidos para convertirse en fundación de carácter especial.
Con estas nuevas condiciones, la
transformación de la naturaleza jurídica se efectuará por decisión
unilateral del Ministerio de Economía y será el Banco de España el
encargado de dar de baja de manera automática a la entidad de crédito
que actualmente preside Rodrigo Rato. De acuerdo con el calendario
previsto, el regulador emitirá su informe de disolución el próximo día 27
revocando a todos los órganos de gobierno de la entidad. El ajuste fino
de la ley, llevado a cabo durante su tramitación en el Senado, otorga a
las autoridades bancarias la responsabilidad de designar también una
comisión gestora que será la encargada de aprobar los Estatutos de la
nueva fundación especial, nombrar el patronato y fijar, en su caso, el
régimen de amortización de las cuotas participativas que carezcan de
derecho de voto.
Caja Madrid será liquidada antes de que acabe
este mes sin necesidad de celebrar una reunión asamblearia con un
consejo de administración en el que una buena parte de sus miembros han
sido imputados dentro del denominado 'caso Bankia'. La última y esperpéntica junta general que
el grupo nacionalizado celebró en Valencia a finales de junio ha pesado
como un mal precedente que nadie quiere ahora repetir.
Callada por respuesta ante las preguntas de la acusación particular
Las únicas comparecencias públicas a las que deberán enfrentarse Rodrigo Rato, José Luis Olivas y el resto de encausados tendrán lugar, en definitiva, ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu. Las citaciones se reanudan precisamente este lunes con la comparecencia de Mercedes de la Merced, exconcejal del PP en la etapa del alcalde José María Álvarez del Manzano, y con el vocal de Caja Ávila, Agustín González.
Como
ya ha ocurrido en las anteriores declaraciones judiciales, los abogados
de todos los imputados han decidido que sus clientes sólo contesten a
las preguntas del juez y del fiscal haciendo caso omiso de las
interpelaciones de la acusación particular. El objetivo es impedir
que el juicio se convierta en un espectáculo mediático a beneficio de
inventario político y con el consiguiente escándalo público. Una
razón similar a la que ha inspirado también la nueva disposición
normativa para que Caja Madrid pase a mejor vida sin hacerse el harakiri en una asamblea general que, con el actual panorama, podría acabar como el rosario de la aurora.
Fuente: EL CONFIDENCIAL LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2012
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