El ministro Montoro acaba de amenazar con hacer pública una lista con los mayores defraudadores y morosos
a la Hacienda Pública. No faltarán, entre las filas socialistas y fuera
de ellas, quienes se pregunten si va a hacer pública esa lista para que
todos sepamos quiénes se beneficiarían en el caso de que se aprobara
otra amnistía fiscal como la que Montoro ya ha llevado a cabo.
Habrá otros que no se creerán la amenaza del ministro, no ya por
razones de encaje jurídico, sino porque le obligaría a incluir en la
lista a esos "medios de comunicación" contra los que
Montoro no se ha atrevido a ejercer acciones legales desde la Agencia
Tributaria y que ni siquiera se atreve a citar por su nombre.
En mi caso, como humilde trabajador por cuenta ajena, lo que más me
molesta de la amenaza del ministro es que con ella incida en esa
cantinela, tan típicamente socialista, que proclama que el problema del
déficit público no está en nuestro sobredimensionado y despilfarrador sector público, sino en el hecho de que quienes tendrían que pagar no lo hacen.
A ello habría que sumar el hecho de que somos muchos los que recordamos
la manera más que aceptable con la que Montoro, antes de aceptar ser
ministro de Rajoy, explicaba hasta qué punto era contraproducente,
incluso desde el punto de vista recaudatorio, tratar de atajar el
déficit en plena recesión económica subiendo los impuestos. Vamos, justo
lo que ha hecho.
Gracias a Montoro, España no sólo padece una de las fiscalidades más elevadas
de toda Europa en materia de IRPF y tributación sobre el capital
(ahorro), sino que, tras las últimas medidas aprobadas por él mismo,
también sufrirá uno de los sistemas fiscales más confiscatorios sobre
las empresas.
El ministro Montoro podrá estar al día con Hacienda –cosa que es posible hasta con un Gobierno presidido por Rajoy–, pero como defraudador a los votantes y a los principios que tradicionalmente abanderaba su partido es insuperable.
A pesar de esta defraudadora voracidad fiscal, todo parece indicar que también va a defraudar los comprometidos objetivos de reducción del déficit.
Ministro de un Gobierno moroso hasta la médula en lo que a prometidas
reformas estructurales se refiere, ha defraudado la Ley de Estabilidad
Presupuestaria en lo que a sus mecanismos de "vigilancia, sanción e
intervención" se refiere.
Y es que Montoro ha preferido mirar a otra
parte, incluso ante hechos tan graves como el de que un tercio de los
Gobiernos regionales está maquillando sus cifras de gasto para ocultar
sus auténticos niveles de déficit.
Con tal de evitar a Rajoy polémicas con los nacionalistas, Montoro, el
defraudador, todavía se empeña en hacernos creer que todas las
autonomías están cumpliendo con sus objetivos de reducción del déficit,
algo que ya se han atrevido a desmentir –aunque sólo sea en los casos de
Cataluña y Valencia– sus compañeros de Gobierno. Montoro ha ocultado
también el papel decisivo que esta tolerada indisciplina autonómica
ha tenido –junto a la silenciada y estructural estafa piramidal que
constituye el sistema público de reparto– en la decisión de defraudar la
esperanza de los jubilados de ver revalorizadas sus ridículas
pensiones.
Y es que, por escasa que sea la legitimidad de los editoriales de Prisa
para pedir el cumplimiento con el Fisco, pocas cosas han resultado tan
defraudadoras como este Gobierno y su ministro de Hacienda.
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