¿Es realmente objetiva la información de los medios de comunicación?

Y no es que los medios de comunicación mientan, pero tampoco son objetivos al cien por cien, porque en periodismo, la objetividad es un término muy utilizado en el campo teórico pero muy difícil de llevar a la práctica. 

Los principios básicos del periodismo entienden que la información debe ser objetiva, veraz e imparcial. Ello exige, por una parte, la separación clara y expresa entre la información y la opinión publicadas en los medios de comunicación. También es muy importante que las distintas fuerzas políticas, sindicales, sociales, culturales y religiosas tengan un tratamiento equitativo.

Cuando la información publicada proviene de una institución, organización o empresa, se tiene que indicar claramente la orientación filosófica, política, ideológica, religiosa o económica del autor.

La objetividad viene determinada, en muchos casos, por la estructura personal y financiera del medio de comunicación, y también está sujeta a las presiones propias de la publicidad (en el caso de los medios privados) y a las exigencias políticas (en el caso de los medio públicos).

En este mismo punto también interviene la línea editorial de los medios de comunicación. Esto se ve claramente si ponemos como ejemplo que una revista especializada de una asociación de médicos nunca publicará una noticia donde se hable de los errores médicos de este colectivo que han provocado la muerte de pacientes.

La limitación natural del periodista (como ser humano) para percibir todo lo que va a suceder o dónde tiene que dirigirse para ser testigo de un hecho noticioso. Así, es muy normal que en los medios de comunicación aparezcan noticias de hechos programados pero pueden haber otras informaciones mucho más importantes de las que no se hable porque nadie estaba allí para contarlo.

La elección de la noticia. Todo periodista tiene la necesidad profesional de seleccionar, por puro motivo de espacio y/o tiempo, qué va a decirse y qué va a callarse. Esta selección puede hacer que un hecho que es noticia en un programa de radio que dura una hora, no lo fuese si este mismo programa sólo tuviese una emisión de treinta minutos. El hecho es el mismo, pero puede o no ser noticia dependiendo de si hay tiempo para explicarlo o no.

Las fuentes

Elección de las fuentes. El informador tiene que procurar recurrir a fuentes "objetivas" y, a poder ser, de las dos partes cuando se trate de un conflicto. Pero tampoco se puede controlar al cien por cien el interés que pueda tener una fuente de información (sobretodo empresas, políticos, policías, jueces, ciudadanos, etc.) en decir ciertas cosas y en callar otras. Las informaciones ofrecidas por las fuentes se escapan un poco del control del periodista y pueden hacer que la noticia sea más o menos objetiva.

Jerarquización dentro de la propia noticia. La información dentro de los medios de comunicación suele seguir la estructura básica de pirámide invertida, es decir, se empieza contando lo más importante y conforme se va avanzando se van ofreciendo otros datos y hechos menos relevantes. Pero es el informador el que decide con qué empieza y con qué acaba, qué titular pone y qué es para él lo más importante.

Redacción y diseño de la información. La forma en que redactemos una información, así como el diseño que le demos, puede influir en la objetividad. El hecho de que una información esté acompañada de una fotografía, una gráfica o una animación, puede hacer que el lector o consumidor la considere más importante que el resto (aún cuando esto no sea así). Hay informaciones que son más propensas a llevar fotografías por el simple hecho de que el fotógrafo se encontrase allí en ese preciso momento. Pero esto no significa que sea más importante que otras informaciones que sólo tienen texto.

Jerarquización de la noticia dentro del conjunto del medio. Igual que en el apartado anterior, la ubicación de una información en primera página puede dar a entender que es la más importante. Estas jerarquizaciones influyen en la objetividad de la información ya que predisponen al lector sobre la importancia o no de una noticia, antes de poder tener una opinión por sí mismo.

Fuente: http://www.mujeractual.com

Cuando cualquiera de nosotros lee, escucha o ve una noticia en los distintos medios de comunicación, pensamos que es una información completamente objetiva, lo que ha pasado en realidad, y que no existen otras versiones de los hechos.

Tenemos la sensación, e incluso la seguridad, de que los medios de comunicación nunca mienten y consideramos que la información difundida por ellos es la "verdad absoluta".

En resumen, tenemos una gran fe en la objetividad de la información.

LA ENVIDIA EN DIRIGENTES POLÍTICOS..Está ahí...

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La interesante reflexión de Aminadab Rafael y Pérez Franco viene a nuestra mente cuando contemplamos la aparición de nuevos “salvadores” que dudamos hagan frente auténtico a tantas ignominias que la situación política actual con pretensión de ostentar un espíritu de servicio que en sus vidas nunca demostraron, como si al no haber podido encaramarse en las alternativas fallidas tuvieran que aprovechar la situación crítica que vivimos “para esperar su turno”...

"Existen varias connotaciones del término envidia aplicables a la actividad política. En este caso, la envidia sería la incomodidad o insatisfacción derivada del éxito de otros políticos; el olvido de la trayectoria propia ante la obsesión por el desempeño de figuras públicas a las que se quiere emular; el resentimiento que causa el hecho de que alguien detente el cargo al que uno aspira o que tuvo, o simplemente por las ganas de querer ocupar el puesto que otro tiene y gozar de sus prerrogativas: se envidia así al líder, al dirigente, al candidato, al gobernante o al legislador, al ideólogo, o a todos ellos. 

 

Cuando en política se siente envidia, se vuelve insoportable constatar el triunfo político de otras personas o el recuento de sus logros y realizaciones, lo que causa, en muchos casos, una patología del poder en la que el actor político deja de preocuparse por mejorar sus capacidades o desempeño, porque dedica buena parte de su actividad a hablar y actuar tratando de que al envidiado le vaya mal, lo peor posible.

La vocación política se tuerce entonces para volverse crítica interminable, amargura y frustración que, en algunas ocasiones, tiene un alivio momentáneo cuando los envidiados caen en desgracia: el enfermizo placer de ver correr la sangre de un odiado adversario para luego voltear la mirada y encontrar a un nuevo personaje a quien odiar.

Los sentimientos de envidia son tal vez inexpulsables de la actividad política. Si la democracia tiene un componente inevitable de competencia e intercambio, señalado en procesos regulares de elección para la renovación de dirigencias políticas, gobiernos o legislaturas, la contienda político-electoral que libran permanentemente los partidos y los políticos supone derrotas y fracasos que alimentan envidias y resentimientos.

Basta dar seguimiento una semana a la información política de los medios para constatar un sinnúmero de declaraciones, decisiones y acciones de los políticos tomadas desde una lógica egoísta y envidiosa; no para construir sino para destruir o al menos desprestigiar.

Es ingenuo pensar que este tipo de actitudes se puedan erradicar con facilidad de la política pues tienen mucho que ver con la miseria humana"...

Pensemos si  habrá que aislarlos o seguir montados en la fatalidad.

La Policía sitúa a Oriol Pujol en la cúspide de la trama de las ITV

La Policía judicial considera que altos cargos de la Generalitat de Cataluña están detrás de una gigantesca operación para remodelar las adjudicaciones de estaciones de ITV en Cataluña y para realizar posteriormente suculentos negocios en la concesión de estas.

En la cúspide de esa ‘organización jerárquica’, según un documento del sumario, sitúa al mismísimo Oriol Pujol.

Un informe que consta en uno de los tomos explica textualmente que Josep Tous (presidente de la sectorial de Empresa de Convergència Democràtica de Catalunya y encargado por el partido para organizar un nuevo concurso de adjudicación de ITV) y el subdirector de Seguridad Industrial del Gobierno, Isidre Masalles, “estarían presuntamente realizando la manipulación de un futuro concurso público de autorizaciones de estaciones de ITV, evitando de esta manera un procedimiento de concurrencia pública a la que pudieran acceder diversos operadores que fueran valorados con criterios de objetividad, al estar ya pactadas parte de las adjudicaciones de estaciones que salieran a concurso y obviando, asimismo, las necesidades del mercado”.

Lo grave, no obstante, es un “organigrama jerárquico” en el que constan todas las “partes intervinientes” , a las que Tous, como representante del partido, ya tendría “alineadas”. En la cúspide de la pirámide figura Oriol Pujol, entonces presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlamento autonómico y secretario general adjunto de Convergència (hoy es el secretario general del partido, tras el congreso que se celebró el pasado mes de marzo). El segundo en el organigrama es el propio secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó; el tercero es Enric Colet, secretario general de la Consejería de Empresa y Ocupación; le siguen Josep Maria Canós, director general de Minas y Seguridad Industrial, e Isidre Masalles, subdirector de Seguridad Industrial.

El mes de marzo, Tous y Masalles fueron detenidos, en el marco de una investigación desgajada del caso Campeón, por intentar amañar los concursos. Junto a ellos, fueron detenidos los empresarios Sergi Alsina, Sergi Pastor y Ricard Puignou. Tous y Alsina, además, eran compañeros de clase de Oriol Pujol.

De las intervenciones telefónicas se desprende que uno de los empresarios implicados, Sergi Pastor, se pavonea de sus contactos. Un informe policial señala que el 10 de mayo del año pasado, Pastor afirmaba en una conversación que “a Xavi Pujol [propietario de Ficosa, empresa que querían usar como pantalla y que fue utilizada para otras operaciones empresariales por la trama, como la compra de la factoría de Sony cuando esta multinacional decidió deslocalizarse y marcharse de España] le dan una ITV”, y que el método para conseguirla es que ‘se mueven influencias de todo tipo’. Incluso Sergi Pastor apunta el origen de este presunto fraude, ya que dice que el tema surge de Oriol [Pujol], que le dice a Xavi Pujol “que le ayude a montar algo para sacar algo de dinero”.

“Quieren ocultar su nombre”

“A través de las conversaciones intervenidas, se ha podido saber la importancia de Oriol Pujol en esta operación, al que incluso se refieren como OP, intentado ocultar su nombre”, señala el mismo informe en otro de sus párrafos. Y, en varias ocasiones, se refiere a los comentarios de Pastor sobre el interés crematístico del actual secretario general de Convergència en la trama que están urdiendo.

El sumario incorpora también una conversación de Oriol Pujol con Sergi Alsina el 5 de mayo del 2011. En ella, hacen referencia a Joan Sureda, director general de Industria, a quien intentaban convencer para que les diese luz verde para sus proyectos. Sureda era un hombre de confianza del consejero Francesc Xavier Mena, un independiente de Esade que fue fichado por Mas para este cargo y que sembró su consejería de personas de su confianza, no de la de la cúpula convergente.

Para llevar adelante sus planes, los empresarios amigos de Oriol Pujol se reunieron con Sureda, incluido el dueño de Ficosa, que era la compañía madre a través de la que querían extender la trama de influencias no sólo a la trama de las ITV, sino hasta incluso controlar la empresa pública Idiada, dedicada a alta tecnología de la automoción y de la que Sergi Pastor, uno de los implicados, fue nombrado consejero por la influencia de Oriol Pujol, según se desprende de las escuchas.

Sergi Alsina: Ya te diré, ya te diré. Lo que era más, que quisiera que tuvieses tú el contexto era el tema éste de Sureda, Xavier Pujol...

 

Oriol Pujol: No fue tan bien, no fue tan bien....

Sergi Alsina: ¿Sí?

Oriol Pujol: He visto tu tele... No acabó bien, ¿no?

Sergi Alsina: No. Bueno, también es difícil que en una reunión de cuarenta minutos le puedan transmitir todo un nuevo proyecto como este, ¿no?. Pero básicamente no sé si tú tampoco habías visto la última formulación del proyecto. 

Es, como te decía, construir un Applus pequeño, aprovechando las capacidades tecnológicas de Ficosa. Entrar, trasladar estas capacidades en un ámbito de diversificación con entornos que tengan sentido para Ficosa. Uno era las ITV. El otro era el mundo de eficiencia energética y el otro era la consolidación de centros tecnológicos a través de esta plataforma. Y aquí  hacía mención a una oportunidad de un centro tecnológico que él creía que era Idiada.

Y como Idiada, esto está desaprovechado, ya que está en un entorno que no es el adecuado para sacarle el máximo provecho, pues con esto se podrían emprender cosas más ambiciosas. Entonces, de estos mensajes, ¿cuáles compró Sureda? Dice: el de Idiada fue el primero que compró.

Oriol Pujol: Quitárselo a Applus para dároslo a vosotros.

No se queda ahí el asunto. Alsina le comenta a Oriol que Xavier Pujol no ve el asunto claro si el director general de Industria no está en sintonía. “Bueno, ya le pondremos”, le replica Oriol. Además, en otra de las conversaciones que mantiene Alsina con Pedro Navarrete, director de Sony España y a quien quería hacer su socio en los negocios, le dice que para realizar los negocios moverá lo que haga falta. “Como todos tenemos el mismo interés, yo lo lucharé lo máximo y empezaré por Mas [Artur Mas, presidente de la Generalitat] si es necesario”.

Los dos amigos de clase también atan la presencia del presidente catalán, Artur Mas, en una reunión con un directivo de Yamaha, que ha de viajar de Japón a Cataluña. Yamaha había anunciado su intención de marcharse de España y Oriol Pujol, como responsable del grupo parlamentario de CiU, se había interesado vivamente por el impacto que esta decisión tenía. Según un anónimo que fue remitido al juzgado el pasado mes de abril, Pujol no lo hacía desinteresadamente, ya que había presionado a la dirección europea de la multinacional japonesa para que la empresa de Alsina, Alta Partners, donde además trabaja la esposa del político, fuese contratada por varios millones de euros para asesorar en la deslocalización y la venta de la factoría barcelonesa:

Sergio Alsina: Lo de Hamano, de los japoneses, esperamos que todo siga como está previsto, la reunión de Hamano con el president, ¿has podido...?

Oriol Pujol: Me la has de confirmar. Dieciséis o diecisiete, ¿no?

Sergi Alsina: Dieciséis.

Oriol Pujol: ¿Dieciséis, seguro, al final?

Sergi Alsina: Bueno, se podría quedar hasta el diecisiete al mediodía. Este viene el domingo por la noche. La idea es hacerlo el dieciséis o diecisiete. Aquí se adaptará. Entre el lunes y el martes, se adaptará.

Oriol Pujol: Vale, pero, a ver... yo puedo darle a entender que ya es para darle el OK.

Sergi Alsina: Tú le puedes dar a entender porque este hombre viene a firmar.

Oriol Pujol: Muy bien.

Sergi Alsina: Sí, sí, estamos aún...

Oriol Pujol: Dieciséis o diecisiete. Venga, lo hago ahora mismo, que de aquí a un momento entro en el pleno [se encontraba en el Parlamento catalán] y vuelvo a estar con él.

Sergi Alsina: Venga, gracias, Oriol.

Fuente: EL CONFIDENCIAL  14-12-12

HACIENDA DETECTA UN CRECIENTE ABUSO El abono de dietas para eludir el pago de impuestos se dispara.

No hay cifras. Aunque sí una constatación. El pago de dietas para eludir el pago de impuestos se ha disparado desde la crisis. Lo dicen algunos inspectores fiscales que prefieren no identificarse, pero que han comprobado in situ el abuso que se está produciendo en los últimos tiempos.

La operativa es sencilla. Las empresas -el empleador-,  en vez de pagar un salario, abonan dietas de desplazamiento o manutención a sus trabajadores. 

De esta manera, se consigue un doble objetivo. Las empresas se deducen las dietas en el Impuesto de Sociedades al tratarse de un gasto deducible, y, al mismo tiempo, el trabajador se beneficia por el hecho de que el pago de dietas no lleva retenciones del Impuesto sobre la Renta, por lo que aumenta su salario neto. 

La dietas, igualmente, no cotizan a la Seguridad Social, por lo que su utilización vuelve a tener un doble resultado positivo (al menos a corto plazo para el trabajador) a efectos de la cuantía del salario. El Reglamento de cotización establece, en concreto,  que “no se computarán en la base de cotización las dietas y asignaciones para gastos de viaje, gastos de locomoción cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo”.

Esta práctica se ha extendido, hasta el punto de que hay casos en que un arquitecto o un profesional de la construcción cobra -por desplazarse a una obra (que en realidad es su centro de trabajo)- la misma cantidad por dietas que por salario. Algo equivalente sucede en otros sectores, como el del transporte, donde el pago de dietas para eludir al fisco se ha disparado. Como sostiene un importante asesor fiscal, “muchas empresas de la Comunidad de Madrid se han venido quejando desde hace años de competencia desleal por el hecho de que algunas empresas pagan en dietas, mientras que otras lo hacen atendiendo al espíritu de la ley”.

El artículo nueve del Reglamento del IRPF declara exentas de tributación las dietas, aunque con límites. Así, por ejemplo, los gastos de locomoción no tributan con un máximo de 0,19 euros por kilómetro recorrido, más los gastos por pago de peaje y aparcamiento. Igualmente, los gastos por manutención en desplazamiento dentro del territorio español  tienen un límite de deducible de 53,34 euros siempre que se haya pernoctado en un municipio distinto al del lugar de trabajo habitual.

Fraude en las dietas

Combatir este “abuso” en el pago de dietas que en realidad forman parte del salario es complejo, admite un inspector fiscal. Toda vez que es relativamente fácil justificar que un arquitecto ha visitado una obra o que un transportista ha tenido que pernoctar fuera de su domicilio. La práctica fraudulenta se ha extendido a muchos profesionales que justifican dietas por razones estrictas de trabajo, cuando en realidad se trata de gastos de naturaleza personal.

Según los expertos fiscales, estas prácticas son las que explican, sólo en parte, la baja tributación de los empresarios y profesionales a la luz del Impuesto sobre la Renta. La última Memoria Tributaria muestra, en concreto, que los rendimientos por actividades económicas de los empresarios y profesionales en 2009 ascendieron 8.275 euros por declaración. Es decir, menos de la mitad de lo que declaran las rentas del trabajo (19.359 euros). 

Eso explica que de cada cien euros de base imponible total, 80,5 euros procedan de rentas de asalariados; 8,4 euros de rentas se recaudan vía rentas del capital y únicamente 6,1 euros de actividades económicas. El resto corresponde a ganancias o pérdidas patrimoniales  o rentas imputadas.

Fuente: EL CONFIDENCIAL.

Un obsceno sindicalismo general

En 1848, Carlos Marx y Federico Engels comenzaron su famoso Manifiesto con estas palabras: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”. Ha llovido mucho desde entonces: la revolución ha fracasado, pero muchos de sus mitos y sombras habitan entre nosotros. 

Todavía una parte importante de la izquierda se legitima moralmente con la historia de la dominación, con la pretensión de que los pocos explotan a los más, y no se puede decir que no tengan razones para hacerlo, pero abundan más las caricaturas de ese justo espíritu reivindicativo que la claridad de intenciones y el horizonte moral que inspiraban a los revolucionarios de hace dos siglos. 

El heredero universal de esa revolución proletaria, desmentida en todas partes, ha sido el sindicalismo de clase, como todavía gusta de llamarse, aunque sea difícil confundir a quienes hoy dirigen los sindicatos con los líderes ascéticos de otrora: su orondo aspecto de burócratas levemente disfrazados no consentiría esa identificación por mucho tiempo. Esto quiere decir no que sean unos traidores, sino, por el contrario, que heredan una paradójica victoria: son los triunfadores de una batalla simbólica cuyas escaramuzas efectivas tienen frecuentemente más que ver con la defensa de privilegios que con la sociedad sin clases que prometía el Manifiesto. 

La injusticia sostenida sobre algunos hace de piadoso manto para encubrir el cinismo de muchos, ampara y disculpa la demanda general de todos contra todos, de las autonomías que reclaman deudas históricas o tratos especiales, de los secesionistas catalanes a los que, al parecer, robamos todos los demás, de los ayuntamientos que están a la última, de la cultura, de los empresarios, de todo diosSu mayor éxito es también su mayor desgracia. La melodía reivindicativa ha perdido su objeto propio y se ha hecho general: todos queremos más, todos merecemos más, todos hemos sido engañados, postergados, a todos se nos trata  injustamente. 

Un obsceno sentimiento sindical se ha adueñado de la inmensa mayoría de los españoles, desde los jueces, los médicos y los rectores de universidad hasta los pilotos, los controladores o los maquinistas ferroviarios, pasando por todas las ocupaciones y oficios, incluyendo y emboscando en una algarabía general a quienes sí tendrían motivos más que suficientes para rebelarse. 

La injusticia sostenida sobre algunos hace de piadoso manto para encubrir el cinismo de muchos, ampara y disculpa la demanda general de todos contra todos, de las autonomías que reclaman deudas históricas o tratos especiales, de los secesionistas catalanes a los que, al parecer, robamos todos los demás, de los ayuntamientos que están a la última, de la cultura, de los empresarios, de todo dios. Todos piden más, y se sienten humillados y ofendidos. 

La diferencia esencial es que este sindicalismo generalizado que se ha adueñado de nuestra sociedad no se dirige contra ninguna patronal, se dirige contra el resto de los españoles con el trampantojo de oponerse al Gobierno, porque el particularismo se ha hecho universal. Es bien paradójico que en nombre de conceptos que nadie discute, de la solidaridad, la sostenibilidad, o la igualdad, el país entero se levante contra un fantasma, porque lo fantasmal no es ahora el miedo de unos pocos ante la justa reivindicación de los más, sino el sujeto al que se atribuyen los desmanes que, a fin de cuentas, no suele ser otro que el conjunto de los españoles pagando impuestos, aunque hasta ahora casi sin saberlo, y de ahí la preferencia sindical por lo público. 

Ese espíritu reivindicativo se traduce en la convicción de que hay que hacer ajustes o recortes, pero siempre en otra parte, nunca en nuestro sector, que es intocable, sea la sanidad, la educación, la cultura, y así hasta el infinito. Para ser justos, hay que reconocer que aún no se ha dado la protesta de los militares, pero todo se andará.  

En realidad, la queja tiene sentido, porque es difícil entender que cada vez se obtenga menos pagando más. La clave está en que no siempre gritan con más fuerza quienes tienen más motivos, y en que hemos consentido habitualmente que pocos bien organizados chuleen a los más, cada uno a su aire. Los sucesivos Gobiernos han consagrado una nefasta tradición consistente en ceder a las reivindicaciones de quienes han sido lo suficientemente fuertes como para intimidar, sea ETA, los nacionalistas o los controladores, y así se sale adelante, pero el precio está siendo muy alto, porque nos hemos metido en la senda de los Estados fallidos. 

Hace pocos días el líder de la UGT vociferaba, muy en su ser natural, que desearía se hiciese un referéndum, se ve que están de moda, sobre la financiación sindical, para tener así la oportunidad de explicar a todo el mundo la labor de los sindicatos. No sabía que nada le impidiese hacerlo, pero mi temor es que consiga nuevas subvenciones con tan digno propósito.

 Necesitamos un auténtico baño de transparencia para poder empezar a discernir cuándo hay motivos de queja, pero eso tropieza con el interés de los regidores de la farsa, con la preferencia de partidos e instituciones por el oscurantismo, de manera que no es ni siquiera fácil decir si es verdad que la gestión privada nos sale más barata. Así pues, que no se quejen los Gobiernos: la gente protesta porque es rentable, y porque carece de la información para saber cuándo haría bien en callarse.  

Fuente:  José Luis González Quirós en EL CONFIDENCIAL

España no es Somalia, o el destrozo cultural

  

Carece por completo de sentido que los sectores emergentes de nuestra economía, aquellos que añaden valor, crean empleos cualificados y ponen en amplísimos mercados productos españoles, sean lastrados bien mediante cargas impositivas asfixiantes, bien yugulando su desarrollo por la supresión de ayudas públicas, directas o indirectas. 

Eso ocurre en España con la cultura y sus industrias.

 Desde 2009 -ese año con el Gobierno de Zapatero- el sector cultural ha perdido el 70% de sus recursos, pero el Ejecutivo de Rajoy parece haberse ensañado con este ámbito.

Quizás la debilidad política del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte frente al de Hacienda y Administraciones Públicas -pese a ocupar la secretaría de Estado de Cultura un hombre como José María Lasalle, muy vinculado tanto a Rajoy como a Santamaría- explique el salto del IVA cultural del 8% al 21% (el más alto de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 13%) encareciendo en tiempos de restricción del consumo el cine, el teatro, la danza, los conciertos, la ópera, las corridas de toros y las actividades de ocio (como las entradas a los estadios de futbol, sin ir más lejos).

No ha habido forma de que el Gobierno español -como hizo el holandés- diese marcha atrás en el ensanchamiento del hecho imponible del tipo general del IVA hasta alcanzar a las manifestaciones culturales. Tampoco, de que se moderen los recortes para 2013 a los museos (-22,9%), la música y la danza (-22,7%), los archivos (-22,5%), las bibliotecas (-22,2%) y el cine (-22,6%). 

La combinación de la alta imposición con la disminución de las ayudas públicas ofrece una resultante desoladora: el destrozo cultural podría convertirse en irreparable y, desde luego, convierte en una quimera la pretensión preelectoral del PP según la cual la industria cultural española pasaría bajo su gestión del 4% al 10-12% del PIB, transformándose así en un sector-tractor de nuestra economía. Porque, a fin de cuentas, las expresiones culturales en castellano y otros idiomas españoles cuentan con más de 450 millones de potenciales consumidores. Por poner sólo un ejemplo que cualifica la situación: en los Estados Unidos, los hispanos son ya la minoría más importante (50 millones).

La digitalización y la piratería

España, efectivamente, no es Somalia, pero, a veces lo parece. Lo que se está haciendo presupuestaria y fiscalmente con la cultura y la investigación es de una torpeza política y de una miopía política que sobrecoge porque con la primera se hace identidad nacional, riqueza y comunidad de países hispanos, y con la segunda se avanza en todas las ramas de la ciencia y se progresaA este panorama hay que añadir un hecho determinante: la digitalización de la cultura.

El informe de PWC (Global Entertainment and Media Outlook 2011-2015) publicado el mes pasado, constata que la música, el cine y los libros migran ya de forma irreversible a los soportes digitales, que la prensa online avanza con fuerza, que la televisión dispone de una fuerte expansión multicanal y, además, que el ocio de los videojuegos sigue al alza, todo ello sobre el fondo de una penetración constante de Internet. 

Este hecho capital requeriría que en España hubiese funcionado con eficiencia -y sin merma de garantías- la normativa antipiratería. Pues bien: la rapidez del Gobierno en dictar el reglamento de la llamada ley Sinde no se ha correspondido en absoluto con unos resultados aceptables. 

En España se siguen esquilmando los productos culturales -con infracciones constantes de los derechos de los creadores- sin que el Ejecutivo haya reaccionado, difiriendo los ajustes que precisan las normas contra la depredación digital a una futura modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Otro destrozo por omisión. La música y el cine pagan un altísimo precio por este descontrol incívico que en diciembre de este año al ministro Wert le evocó una España digital comparable a Somalia. De aquellas palabras, sólo quedan olvidos.

Tampoco el mecenazgo

Por lo demás, tampoco Educación, Cultura y Deportes ha logrado introducir en la agenda con verosimilitud un anteproyecto de ley de mecenazgo porque según el ministro “toda medida que implique una pérdida de ingresos del Estado hay que estudiarla por delante y por detrás”, después de afirmar que “este país va a salir adelante de la crisis exportando y una de las cosas que se pueden exportar es la cultura” (ABC, de 27 de septiembre pasado). 

Cierto, pero lo están haciendo imposible, como imposible hace esta política de rapiña y recorte -no precisamente de gasto corriente, sino generadora de empleo y riqueza- que la marca España salga a flote (¿qué piensa el comisionado Carlos Espinosa de los Monteros?). Porque tal marca será real si en el concepto material que comporta se incorporan la alta tecnología, la internacionalización de nuestras empresas que bancarizan y electrifican mercados emergentes, y, desde luego, las industrias culturales con las que ya compiten países como México o Colombia. Frente a la protección de Francia –sello de la política de todos los partidos galos- a la francofonía y de Gran Bretaña a su espacio de expansión idiomática -la Commonwealth-, aquí se hace todo lo contrario.

El cine español está pidiendo una financiación  a la francesa y no hay modo. Y así otras muchas manifestaciones culturales. Sólo parece salvarse, y con estrecheces, el Instituto Cervantes. Los insidiosos sospechan que el rescate de ese organismo se debe a que García Margallo en Exteriores dispone del peso político que no hay en Cultura.

La supresión del canon digital

Uno de los peores errores cometidos por este Gobierno ha sido, sin duda, la supresión del canon  digital y su sustitución por una partida presupuestaria para compensar a los creadores cuyas obras son copiadas. El canon digital se articulaba como un sobreprecio a los soportes de reproducción que pagaban aquellos que los adquirían. La justicia europea, y más tarde específicamente la francesa, han avalado la legalidad del canon digital, pero han establecido que debe  discriminarse sobre quienes están obligados al pago: sí las personas físicas, pero no las empresas, los profesionales y las Administraciones públicas. 

Con establecer un ajuste normativo, bastaba. Pero el Gobierno quiso compensar el reglamento de la ley Sinde con la supresión del canon para apaciguar a los colectivos de internautas. El resultado es que el antiguo canon lo pagamos todos y no solo los adquirentes de tecnología de reproducción.

Aunque todas las entidades de gestión europeas han denunciado la medida, el Ministerio -o la secretaría de Estado de Cultura, para ser más precisos- no se ha inmutado, y ha calculado que el perjuicio a los autores por la copia de sus obras será de cinco millones de euros frente a los 115 de recaudación del canon digital en el ejercicio precedente.

Un carga presupuestaria innecesaria (Noruega se la puede permitir, España no) y que, además, expolia de hecho a los titulares de derechos de autor cuyas obras son reproducidas en soportes digitales.

La tesis según la cual ya no se copia porque todo está en la nube digital no deja de ser un filibusterismo dialéctico para no reconocer que se está creando un auténtico proletariado de autores y creadores. Porque el coste por español de la compensación por copia es menor que 0,15 céntimos en España, a la altura de Rumania, Grecia, Bulgaria o Burkina Faso, muy lejos de los 2 euros per capita de Francia, Alemania o Bélgica, y también inferior a Portugal o Canadá.

España, efectivamente, no es Somalia, pero a veces lo parece. Lo que se está haciendo presupuestaria y fiscalmente con la cultura y la investigación es de una torpeza y miopía políticas que sobrecoge, porque con la primera se hace identidad nacional, riqueza y comunidad de países hispanos, y con la segunda se avanza en todas las ramas de la ciencia y se progresa. Y en ambos casos, se innova. Aquí seguimos con lo viejo -un Estado paquidérmico que los partidos se resisten a adelgazar-, y regresamos al que “inventen ellos”. Algo estará ocurriendo cuando autores, creadores y rectores universitarios unánimemente le están diciendo al Gobierno que se confunde. Que España no es Somalia.

Fuente:  José Antonio Zarzalejos en el CONFIDENCIAL.

La crisis se lleva por delante 8 millones de tarjetas de crédito en España

Aversión a las tarjetas de crédito. Esa es la principal conclusión que se puede extraer del segundo informe anual en Tendencias en Medios de Pago elaborado por Tecnocom en el que se pone de relieve la sangría que ha habido en el mercado de tarjetas de crédito y débito en España. En concreto, más de siete millones y medio de tarjetas se han evaporado de las manos de los españoles desde que comenzara la crisis en 2008. 

En opinión del director de internacional de Analistas Financieros Internacionales (AFI) -entidad que ha colaborado en la elaboración del informe-, Álvaro Martín, esta reducción del número de tarjetas se debe a que "el coste de emisión es mayor y ha disminuido la colocación masiva de hace unos años, debido a que ahora hay menos entidades financieras por los procesos de fusión y reestructuración".

En España, el deterioro de la situación económica y el aumento del número de desempleados han provocado que el importe agregado de los pagos haya disminuido en los últimos años hasta los 1,8 billones de euros. Esto se debe a que la caída en el uso de los cheques no se ha visto compensada con el incremento en el uso de transferencias de crédito y los pagos con tarjetas. 

El director general de banca y seguros de Tecnocom, Javier Rey, ha apuntado que, a pesar de este dato, el volumen de negocio se mantiene en "niveles razonables", aunque se ha reducido ligeramente. "No obstante apreciamos que ha aumentado el número de operaciones con tarjeta para compras pequeñas, lo que quiere decir que cada vez están sustituyendo más al efectivo".

El estudio, que analiza la evolución de los medios de pago en España y seis países de América Latina en 2012, indica que la evolución del entorno económico ha condicionado los patrones de consumo de los ciudadanos y, con ello, la utilización de los medios de pago.

 

 

"En España, la prolongación de un entorno económico adverso en los últimos años ha contraído el consumo, lo que ha repercutido en la reducción del número de tarjetas, aunque los pagos con estos dispositivos han continuado creciendo dando muestras de la creciente importancia del uso de medios electrónicos frente al efectivo", señala el informe.

Desde AFI consideran que el aspecto más relevante es que los ciudadanos cada vez ponen de manifiesto mayor control por el gasto, lo que "contribuye a reforzar el débito frente a los mecanismos de crédito". Así consideran que actualmente hay una gran cantidad de crédito concedido en tarjetas que no se está utilizando, "ya que se trata de un dinero que acaba saliendo muy caro" (los créditos preconcedidos suelen estar referenciados a intereses de doble dígito.

De igual manera, los responsables de este informe consideran que las entidades están potenciando cada vez más el segmento de cliente 'premium'. Esto es aquellos con mayor disponibilidad de fondos, mejor comportamiento crediticio y realizan más compras.

Requiem por el cheque tradicional

Tecnocom y AFI han observado que a ambos lados el Atlántico se está produciendo una sustitución "gradual" de los medios de pago basados en papel (efectivo y cheques) por los electrónicos. "La disminución del uso de cheques y efectos es especialmente significativa en el caso de España y Portugal, donde el deterioro de la situación económica y el aumento del número de desempleados ha provocado una disminución del importe agregado de los pagos", pone de relieve el informe.

Para ambas entidades, el "constante" proceso de renovación que está viviendo el sector de medios de pago "no podría explicarse sin el impulso de empresas y gobiernos". Según afirman, las primeras han intensificado el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los pagos minoristas, mientras que los segundos están impulsando políticas públicas (entregas de subsidios) a través de medios electrónicos, "a la vez que establecen mecanismos de protección al consumidor".

Fuente:  http://www.cotizalia.com