jueves, 4 de octubre de 2012

Los obispos afirman que 'se debe preservar el bien de la unidad' de España.

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IGLESIA | Comisión Permanente del episcopado

Los obispos afirman que 'se debe preservar el bien de la unidad' de España

"Se debe preservar el bien de la unidad". Así de tajantes se muestran los obispos ante la "cuestión nacionalista". Y añaden más: "Propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud". La Conferencia Episcopal , sin condenar los nacionalismos independentistas, les pone condiciones morales claras y tajantes, en el anexo a un documento sobre la crisis y sus implicaciones.

La declaración sobre la crisis y "sobre los nacionalismos y sus exigencias morales" ha sido aprobada por la Comisión Permanente del episcopado en su reunión ordinaria. Este máximo órgano episcopal entre Plenarias está integrado por 21 obispos. El resultado de la votación del documento ha sido el siguiente: 17 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto en contra.

Todo parece indicar que las cuatro abstenciones proceden de los cuatro obispos catalanes presentes en la Permanente: el cardenal de Barcelona, Lluis Martínez Sistach, su obispo auxiliar, Sebastiá Taltavull, el titular de la diócesis de Tarrasa, José Ángel Saiz Meneses y el prelado de Lleida, Joan Piris. Es la hipótesis más lógica, a la hora de analizar las votaciones de los obispos, aunque el portavoz de la Conferencia episcopal, Martínez Camino, aseguró, en rueda de prensa, que "el voto es secreto y nadie sabe qué voto quién".

¿Por qué una declaración así, en estos precisos momentos? Según Martínez Camino, porque "los obispos lo escuchan todo, están a pie de calle". Pero, sobre todo, porque, como dice el número 4 de su declaración, "a nadie se le oculta que la tensión social crece y que determinadas propuestas políticas han venido a añadir elementos de preocupación en momentos ya de por sí difíciles".

La nota comienza haciendo una distinción entre los nacionalismos, "porque no todos son iguales. Unos son independentistas y otro no lo son. Unos incorporan doctrinas más o menos liberales y otros se inspiran en filosofías más o menos marxistas".

'Unidad espiritual y cultural'

Tras este somero análisis de la realidad de los nacionalismos, recuerdan que la unidad española se remonta a la romanización y "al anuncio de la fe cristiana". Y de estas premisas, concluyen: "Esta unidad cultural básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de la historia, ha buscado también su configuración política". Y dicen más, porque concretan que "ninguna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los pueblos de España".

Reconoce la Iglesia, a continuación, que esa "unidad histórica y cultural de España puede ser administrada de muy diferentes maneras". Y sobre esas formas concretas, "la Iglesia no tiene nada que decir", porque "ninguna fórmula política tiene carácter absoluto". Pero dicho eso, recomiendan a todos que tengan en cuenta "los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos".

Como no podía ser de otra manera, "la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las opciones nacionalistas", que "sin recurrir a la violencia, pretendan modificar la unidad política de España". Pero, advierten que tales propuestas "deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada".

Y concluyen preguntándose: "¿Qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de vínculos?" Una pregunta respondida ya antes en cuanto al fondo. Y en cuanto a la forma de una eventual plasmación del independentismo, la Iglesia española vuelve a recordar, también en forma de pregunta, que no sería "justo reducir o suprimir" los bienes y derechos del actual Estado español "sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados".

Crisis económica

El anexo sobre los nacionalismos, deja en penumbra la valiente y samaritana declaración episcopal sobre la crisis económica. Una declaración en la que la Iglesia, propone desde el principio su receta para salir de ella: solidaridad. Los prelados reconocen el "gran sufrimiento" de la población y agradecen "la serenidad y el espíritu de sacrificio" con el que se lleva. De hecho, "los trabajadores se han mostrado dispuestos en no pocos casos a asumir restricciones laborales y salariales".

Por eso, ante esta situación, agradecen "el civismo y la solidaridad". Y piden a las autoridades "que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles", especialmente los inmigrantes.

Amén de la solidaridad, los prelados ofrecen, para salir de la crisis, varias recetas concretas. Primero, la fe, "luz y aliento" en estos momentos difíciles. En segundo lugar, "apartarse de los ídolos de la ambición egoísta y de la codicia, que corrompen la vida de las personas y de los pueblos". Y en una alusión velada a los políticos, aseguran los obispos que "no será posible salir bien y duraderamente de la crisis sin hombres rectos".

Tras la fe y la conversión, la iglesia apuesta, para salir de la crisis, por la caridad (con especial referencia a la labor de Cáritas para paliar la crisis) y por la esperanza, para no culpar sólo a los otros de la crisis o dedicarse sólo "a la protesta fácil".

Esperanza que los obispos piden al Gobierno que alimente con gestos concretos. Especialmente que "se dé un signo de esperanza a las familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y son desahuciadas". Aseguran que "es urgente encontrar soluciones" a esos colectivos y concluyen rezando por los gobernantes "para que acierten en sus difíciles decisiones".

ha buscado también su configuración política". Y dicen más, porque concretan que "ninguna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los pueblos de España".

Reconoce la Iglesia, a continuación, que esa "unidad histórica y cultural de España puede ser administrada de muy diferentes maneras". Y sobre esas formas concretas, "la Iglesia no tiene nada que decir", porque "ninguna fórmula política tiene carácter absoluto". Pero dicho eso, recomiendan a todos que tengan en cuenta "los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos".

Como no podía ser de otra manera, "la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las opciones nacionalistas", que "sin recurrir a la violencia, pretendan modificar la unidad política de España". Pero, advierten que tales propuestas "deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada".

Y concluyen preguntándose: "¿Qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de vínculos?" Una pregunta respondida ya antes en cuanto al fondo. Y en cuanto a la forma de una eventual plasmación del independentismo, la Iglesia española vuelve a recordar, también en forma de pregunta, que no sería "justo reducir o suprimir" los bienes y derechos del actual Estado español "sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados".

Crisis económica

El anexo sobre los nacionalismos, deja en penumbra la valiente y samaritana declaración episcopal sobre la crisis económica. Una declaración en la que la Iglesia, propone desde el principio su receta para salir de ella: solidaridad. Los prelados reconocen el "gran sufrimiento" de la población y agradecen "la serenidad y el espíritu de sacrificio" con el que se lleva. De hecho, "los trabajadores se han mostrado dispuestos en no pocos casos a asumir restricciones laborales y salariales".

Por eso, ante esta situación, agradecen "el civismo y la solidaridad". Y piden a las autoridades "que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles", especialmente los inmigrantes.

Amén de la solidaridad, los prelados ofrecen, para salir de la crisis, varias recetas concretas. Primero, la fe, "luz y aliento" en estos momentos difíciles. En segundo lugar, "apartarse de los ídolos de la ambición egoísta y de la codicia, que corrompen la vida de las personas y de los pueblos". Y en una alusión velada a los políticos, aseguran los obispos que "no será posible salir bien y duraderamente de la crisis sin hombres rectos".

Tras la fe y la conversión, la iglesia apuesta, para salir de la crisis, por la caridad (con especial referencia a la labor de Cáritas para paliar la crisis) y por la esperanza, para no culpar sólo a los otros de la crisis o dedicarse sólo "a la protesta fácil".

Esperanza que los obispos piden al Gobierno que alimente con gestos concretos. Especialmente que "se dé un signo de esperanza a las familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y son desahuciadas". Aseguran que "es urgente encontrar soluciones" a esos colectivos y concluyen rezando por los gobernantes "para que acierten en sus difíciles decisiones".


Fuente:  / 04/10/2012 14:38 horas

miércoles, 3 de octubre de 2012

¿ HASTA CUANDO ?







¿ Que hemos echo para merecernos esto ? Quizás nos hayamos formulado esta pregunta muchas veces. No solo nos produce preocupación el continuo bombardeo de la prensa y la TV sobre la crisis pues todos conocemos gente que ha perdido sus puestos de trabajo y no nos gustaría estar en su pellejo.

Todos nos preguntamos lo mismo: ¿ hasta cuando ?

En las última elecciones culpábamos al PSOE por su mala gestión y especialmente al Sr. Zapatero, que recibió un duro golpe...

Pero él no va a estar afectado por crisis alguna, su millonaria pensión a cambio de hundir al país le va a permitir pasarlo muy bien mientras muchos españoles pasaran hambre.

En Cataluña el Sr. Mas ha salido con la perogrullada de la Independencia y así hace mirar para otro lado a sus ciudadanos para que no vean el desfalco económico de una Generalitat que se ha endeudado mas que nadie.

Mis vecinos votaron al PP confiando que realizarían una gestión mejor que su antecesor, sin caer en la cuenta que la derecha siempre arregla los problemas económicos de la nación arrojando sobre las espaldas de los trabajadores los impuestos y las cargas sin tocar mucho a las clases mas pudientes.

Tendremos que meditar mas nuestras votaciones próximas evitando ampliar el poder de esa clase política que como un sarpullido molesto ha nacido en nuestra sociedad.

Ha llegado el momento de cuestionar muchas cosas que no estamos dispuestos a perpetuar: desde una Constitución que ha generado parte del problema duplicando administraciones estériles y creando instituciones que no sirven para nada y cuestan mucho dinero a los españoles.

Cuando una familia aparenta vivir bien gracias a la VISA y a los créditos, muestra un bienestar ficticio y claro, al final las deudas deben pagarse y se vuelve a la pobreza. Eso es lo que a otra escala está afectando a nuestra crisis y a la de otros países, con mayor o menor eficacia en su control.

Decía un sabio que en los momentos difíciles, hay que volver a las fuentes.

Se puede y se debe descubrir otra alternativa, la sociedad de lo fácil, de los subsidios, “del cuento chino” se ha terminado y de sus cenizas o surge como ave fénix una renovación de valores o habrá que esperar dos décadas con una gran parte de nuestra población joven emigrada, mientras unos pocos tendremos que mantener a otros incapaces de vivir sin las “ayuditas” de la sociedad de bienestar y sin los móviles caros sin los que no pueden vivir.

Es difícil sustraerse al recuerdo del año 2012 en tantos presagios proféticos, y admitamos que en cierto sentido el mundo no puede seguir por el mismo camino... renovarse o morir.

Los “sociatas” de mi pueblo siguen con sus demagogias baratas, - siempre con los mismos argumentos – de fachas, guerra civil, izquierda – derecha ¡ esperando cazar nuevos incautos !

Los “peperos” convencidos de que su mayoría absoluta son como cheque en blanco y nadie debe decir nada hasta dentro de cuatro años...

Necesito creer que hay alternativas ¡ claro que las hay ! ... buscarlas sin derrotismos rechazando ese: ¿para qué si todos son igual? El que busca al final siempre encuentra.


Darío Pozo Ruz.
CEAM CLM - “Mentiras de la crisis”







HAY QUE REVISAR EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



 
Crisis económica de España puede profundizar sin una revisión del funcionamiento internos de los partidos políticos y su capacidad de influir en organismos de control independientes, advirtió Transparencia Internacional España hoy en un informe sobre los riesgos de corrupción en las instituciones del país.
 
El informe sobre el sistema de integridad nacional de España, titulado Marco de Integridad Institucional en España: situación actual y las recomendaciones ( El Marco de Integridad Institucional en España: Situación Actual Recomendaciones Y ), advierte que los instrumentos de integridad que ya existen no se aplican porque los cuerpos como organismos de control del gasto público son presionados por los partidos políticos que defienden intereses a corto plazo a través de reformas a largo plazo.
 
"España tiene una buena puntuación  en materia de gobernar, es decir, que el apoyo de las instituciones españolas a los gobiernos podrían proporcionar un liderazgo eficaz. Sin embargo, en la práctica esto no es garantía teniendo en cuenta que se han identificado debilidades en el sistema de representación y equilibrio de poderes ", dijo Jesús Lizcano, presidente de la Junta de TI España.
 
La confianza en la política es bajo
 
Manifestaciones en España son una muestra más de la poca confianza en la política. Los partidos políticos son vistos como la institución más corrupta del país, según un Transparencia Internacional de 2011 encuesta . A pesar de estar actualmente en el proceso de adopción de una ley de acceso a la información, el hecho de que hoy en día España es el único país de la UE sin una ley que concede al público el derecho a acceder a la información de estado exacerba la brecha entre el estado y pública, advierte el informe.
 
Transparencia Internacional España pidió una acción inmediata:
  • Los legisladores deben adoptar una estrategia nacional de lucha contra la corrupción
  • Reglas que obligan a una mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos
  • La reforma electoral que hace que los partidos políticos más representativos
  • Despolitizar de los órganos supremos del poder judicial y el tribunal constitucional.
Acciones necesarias para evitar futuros problemas económicos
El control de la institución suprema de auditoría de España, un organismo de control independiente importante del gasto público en el derecho, en el sector público se ha debilitado en la práctica por influencia de los partidos políticos, el informe de Transparencia Internacional España, advierte.
 
Los gobiernos locales de España, que acumuló más de € 200 millones de la deuda, se ven obligados a recortar y al mismo tiempo la necesidad de saber cómo cuenta de las autoridades locales por su mayor gasto. A principios de este año, la mitad de los gobiernos locales del país obtuvieron una puntuación 
inferior al 50% en Transparencia Internacional España índice de transparencia.

Casi el 90% de los españoles cree que hay corrupción en España las instituciones locales, por lo que entre los europeos más propensos a creer que sus políticos locales están involucrados en la corrupción generalizada.
"Teniendo en cuenta el importante papel de los partidos políticos en España, la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad debe tener lugar en el ámbito político. 

Teniendo en cuenta el débil marco institucional en España, una mayoría política absoluta garantiza un control casi absoluto sobre las instituciones públicas, y esto crea un gran riesgo para el abuso de poder ", dijo Manuel Villoria, el investigador principal del estudio.

 
Los partidos políticos en sí son independientes, pero su organización interna carece de transparencia y no está abierto a los ciudadanos. Dependen principalmente de la financiación pública, lo que crea desigualdades entre ellos. El nivel de transparencia en la gestión y control de los recursos presupuestarios es baja.

 
Entre las instituciones más sólidas en España son los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que destacan por su responsabilidad neutralidad, profesionalismo y fuerte cuando se trata de abordar el comportamiento corrupto e inmoral. Sin embargo, de acuerdo con el informe, el sistema se caracteriza por un riesgo de politización, que debe ser minimizado. Si bien ha habido éxito en el enjuiciamiento de varios casos de alto perfil de corrupción, éstos también han llamado la atención del público a través de una amplia cobertura mediática. Como resultado, la percepción de aumento de la corrupción.
 
Fondo
 
El informe de hoy evalúa las fortalezas y debilidades de las 12 instituciones españolas: el legislativo, el poder judicial ejecutivo, el sector público, las agencias de aplicación de la ley, los partidos políticos, entidad fiscalizadora superior, el Defensor del Pueblo, el Consejo de administración electoral, la sociedad civil, medios de comunicación y el sector empresarial.

 Publicado 28 de septiembre 2012 por Transparency International España
 




martes, 2 de octubre de 2012

EN 2011 tRANSPARENCY INTERNATIONAL" YA NOS SUGERIA:




Recomendaciones prioritarias del SNI de " Transparency International"

1. Cambiar la normativa de financiación de partidos políticos

 y asegurar un  organismo  supervisor  independiente de los mismos.

2. Modificar el sistema electoral ( desbloqueamiento  de  las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad).


3. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el Tribunal Constitucional.


4. Es necesaria  una  Ley  de  Acceso  a la Información que garantice   efectivamente   la   transparencia   de   nuestras instituciones públicas.


5. Creación    de   una   Dirección   Pública   profesional    y eliminación de los nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública.




Otras Recomendaciones del SNI (efectuadas en el informe del 2011 también y pensemos sobre la situación actual)

1. En algunos  de  los  pilares,  como  el  poder  judicial  o  el legislativo, se destaca como problema la falta de recursos en la práctica.


No obstante, en  la  actual situación económica del país esta recomendación sería  difícilmente  aceptada.  En  todo  caso, creemos que los  recursos  del  poder legislativo, judicial y de las agencias de ejecución de la Ley deben ser mantenidos en su  nivel  actual  sin  recortes  o  ligeramente  incrementados sobre  la  base  de la  reasignación de recursos públicos.


2. Se  debe  mejorar  la  independencia  del  legislativo   y  la rendición  de  cuentas  de  los legisladores con respecto a su distrito electoral, sin caer en un sistema imprevisible y caótico en el apoyo al gobierno; para ello,  la introducción de algunas modificaciones en el sistema  electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, por ejemplo) podrían contribuir a estimular un funcionamiento interno  más  democrático  de  los partidos  y  a  favorecer la rendición   de   cuentas   de   los   representantes   ante  sus
representados.


3. Se debería crear un código ético del diputado y actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés de los legisladores.
 

4. Sería  conveniente despolitizar los órganos superiores del poder judicial.  El establecimiento de una carrera judicial con criterios claramente meritocráticos y objetivos podría ser una solución para el acceso a los puestos en los tribunales superiores.
 

5. Convendría actualizar la normativa de conflictos de interés de  jueces,  magistrados  y  fiscales,  regulando,  entre  otros aspectos,  los  controles  a  la  excedencia  y  a  los empleos aceptables tras ella.




6. Son  necesarias   mejoras   procesales   para  hacer  más
eficaz   la   persecución    de    la   corrupción.   Tal   vez   la
encomienda  a  los  fiscales  de  la  investigación  haría  más
viable el sistema.
 

7. Es   necesario    aprobar   una   ley   de   responsabilidad judicial.  En  ella,  se  incorporarían  prácticas ya existentes, como  la  comparecencia del  presidente del CGPJ ante las Cámaras  anualmente  o  el desarrollo  de  las  estadísticas judiciales  y  se  deberían  regular  de  forma más eficaz las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas.
 


8. La despolitización del CGPJ es esencial. La solución no es sencilla. Tal vez el nombramiento de sus miembros por sorteo entre  magistrados  calificados y entre abogados y juristas de reconocido  prestigio,  con  una  entrevista  selectiva  pública posterior en  el Congreso y Senado para estos últimos, fuera una solución a plantearse.


9. Es  necesaria  una  Ley  de  Acceso  a la  Información que garantice   efectivamente   la    transparencia    de   nuestras instituciones públicas; para ello, además, debería constituirse un   órgano    independiente   que   garantizase   la    efectiva implantación de la misma.  Para  reducir  costes, este órgano podría  ser   la Agencia de Protección de Datos, siempre que se establecieran en ella dos secciones independientes.

10.  Es   recomendable   la   aprobación   de   una   Ley   de Rendimientos    del   Gobierno,   que    obligue   a   todos los organismos    públicos   a   elaborar   un  plan  estratégico  y
presentarlo al Congreso, con una rendición de cuentas anual de su cumplimiento.


Para no cansaros, ir meditando estas recomendaciones que seguiremos publicando en Mentiras de la Crisis.

Fuente:  Segunda Reunión del Comité Asesor
27 Septiembre 2011 www.transparencia.org.

lunes, 1 de octubre de 2012

HABRA QUE TOMARLO A RISA




Al español no le falta humor para reírse hasta de sus propias desgracias. Estos comics de http://caxigalinas.blogspot.com.es/2012/06/crisis-economica-espanola-en-clave-de.html tienen un fondo muy representativo del sentimiento de "cabreo" que nos embarga.

domingo, 30 de septiembre de 2012

HUMOR EN LA RED SOBRE EL 25-S-


YA EL AÑO PASADO CON ZAPATERO






  • El despilfarro del Estado de las autonomías cuesta 24.000 millones al año.



    Los excesos de los organismos públicos son cada día “más sangrantes”, advierten los expertos. La red de clientelas surgida alrededor de los Gobiernos regionales es uno de los graves problemas del sistema.

  • El actual sistema autonómico es cada día más insostenible. “Estamos al borde de la bancarrota”. Así de alarmante describen la situación actual del Estado numerosos catedráticos, economistas y la práctica totalidad de los políticos pero, por el momento, sólo Mariano Rajoy ha prometido abordar una revisión en profundidad del Estado autonómico.

    La propuesta, dicen en el Partido Popular, no la desvelarán hasta el programa electoral de 2012, pero ya han avanzado que el objetivo principal será delimitar competencias entre comunidades, ayuntamientos, Estado y diputaciones provinciales para acabar con los excesos del sistema.

    Según un estudio realizado por el economista y dirigente de Unión, Progreso y Democracia, Luis de Velasco, las duplicidades actuales del Estado de las autonomías nos cuestan anualmente entre un 0,7% y un 2,3% del PIB nacional.

    Es decir, que si se acabara con esos excesos la Administración central se podría ahorrar un mínimo de 24.000 millones de euros. Esa cifra equivale, por ejemplo, a la deuda pública emitida por España en este año.

    El sillón de consejera de Estado que ocupará la recientemente cesada vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega es un ejemplo claro de ese despilfarro del Estado descentralizado español. Prácticamente, todos los Gobiernos regionales han creado sus propios Consejos de Estado, algunos, incluso, tienen hasta dos consejos consultivos, como Cataluña.

    Defensores del pueblo, del menor, sindicaturas de cuentas, agencias de protección de datos y un sinfín de observatorios sin competencias pero presupuestos abultados engrosan la lista de organismos públicos “poco eficaces y nada eficientes”, explica el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Bañón.

    El mismo profesor resume a la perfección las tres vertientes de este elefante administrativo en el que se ha convertido el Estado de las Autonomías. “Por un lado, está el problema político. Hemos creado un sistema asimétrico en el que unas comunidades autónomas tienen un régimen privativo, es decir, que la seguridad en Madrid o en el País Vasco corre a cargo de la Bescam en un caso y la Ertzaintza en otro. La segunda vertiente es la económica. Un Estado de las Autonomías como el que tenemos montado es un despilfarro. La redundancia de gastos lo hace insostenible y, además, no se controla a dónde va el gasto público. El tercer problema es la descoordinación. Hemos traspasado la educación y la sanidad a las comunidades autónomas y eso supone la ruptura de la caja única y crear un problema de justicia, de vulneración de los derechos por el hecho de haber nacido en una u otra comunidad”.


    Bajo esa maraña de traspasos económicos y competenciales está el verdadero anclaje que impide avanzar al barco. Según Bañón, el problema político y económico se resolvería si los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en hacerlo, pero esto supondría “romper las clientelas creadas por las comunidades”.


    Una prueba de esas clientelas a las que se refiere el catedrático de la Universidad Complutense es que la mitad de los funcionarios existentes en toda España dependen de las Administraciones autonómicas, sin embargo, los Gobiernos regionales sólo gestionan el 30% de los presupuestos generales.


    El informe elaborado por Luis de Velasco, por su parte, pone también de manifiesto el gasto desproporcionado de los parlamentos autonómicos. Según los datos denunciados en varias ocasiones por el partido de Rosa Díez, cada diputado regional catalán cuesta a las arcas públicas más de 505.000 euros, mientras que un parlamentario nacional supone un gasto de 280.000 euros. Esa desproporción surge de la división entre el número de representantes y el presupuesto de las cámaras. En este caso, el Parlamento catalán tiene una partida de 68 millones de euros y 135 diputados, mientras que el Congreso cuenta con un presupuesto de 98 millones y 350 parlamentarios.


    Además de la duplicidad de organismos y ventanillas existente a consecuencia de la descentralización, otro de los problemas a los que se enfrenta el Estado, especialmente en la actual situación de crisis que se está viviendo, es la desproporcionada creación de empresas públicas. Entre esas compañías se encuentran las cajas de ahorros, cuya gestión ha quedado en evidencia y que, de acuerdo a la opinión de los expertos, son “reinos de taifas” contaminados políticamente.


    En esta lista de despilfarro por triplicado se encuentran también las subvenciones otorgadas por cada una de las Administraciones que han dado lugar a entidades que viven única y exclusivamente de las ayudas públicas a pesar de su falta de actividad.


    Otro de los problemas es la desigualdad entre territorios. Lo que ha dado lugar a un gran malestar entre los ciudadanos que apelan a las distintas clases de votantes, los de primera y los de segunda. En este sentido, lo más peligroso, según advierten los expertos, son las desigualdades relacionadas con la sanidad y la educación, que han provocado que los conocimientos de historia que adquieren los niños extremeños no tengan nada que ver con los gallegos, por ejemplo.


    El caso de las embajadas autonómicas supone también, además de un despilfarro autonómico, un problema para la imagen que el país da en el exterior. Vender nuestro producto dividido en 17 piezas es poco operativo y menos competitivo.

    Más rémoras

    Según el último estudio de Deloitte para UTECA, la asociación que agrupa a las grandes cadenas privadas de televisión, actualmente los canales autonómicos acumulan una deuda de 1.480 millones de euros.


    Trece de las 17 comunidades autónomas cuentan con su propia televisión pública y dan trabajo a unos 10.000 trabajadores. Según los datos facilitados por las propias cadenas regionales, cada ciudadano vasco paga unos 140 euros al año por sintonizar en su televisor la EiTB; los madrileños, por su parte, abonan cada uno 15,5 euros por ver Telemadrid.


    A pesar de que el coste de la televisión de la Comunidad madrileña no es de los más elevados, la primera presidenta autonómica que ha levantado la voz para plantear la posibilidad de privatizar la cadena pública de su región ha sido Esperanza Aguirre.

    Últimamente, también la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha sumado a esa petición, pero la propia legislación existente es bastante restrictiva y determina que debe ser el Gobierno central el que debería abordar este asunto en coordinación con los Ejecutivos regionales.

    El ejemplo de las cadenas regionales, que con la llegada de la TDT han incrementado el número de sus canales, es uno más dentro de una larguísima lista. Suma y sigue. El Estado pierde dinero por cada agujero de los bolsillos autonómicos mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se empeña en intercambiar transferencias a cambio de votos parlamentarios.
      
    http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/despilfarro-del-estado-las-autonomias-cuest

    N.R: así le fue al PSOE en las ultimas elecciones.