Al español no le falta humor para reírse hasta de sus propias desgracias. Estos comics de http://caxigalinas.blogspot.com.es/2012/06/crisis-economica-espanola-en-clave-de.html tienen un fondo muy representativo del sentimiento de "cabreo" que nos embarga.
El despilfarro del Estado de las autonomías cuesta 24.000 millones al año.
Los excesos de los organismos
públicos son cada día “más sangrantes”, advierten los expertos. La red
de clientelas surgida alrededor de los Gobiernos regionales es uno de
los graves problemas del sistema.
El actual sistema autonómico es cada día más insostenible. “Estamos al
borde de la bancarrota”. Así de alarmante describen la situación actual
del Estado numerosos catedráticos, economistas y la práctica totalidad
de los políticos pero, por el momento, sólo Mariano Rajoy ha prometido
abordar una revisión en profundidad del Estado autonómico.
La propuesta, dicen en el Partido Popular, no la
desvelarán hasta el programa electoral de 2012, pero ya han avanzado que
el objetivo principal será delimitar competencias entre comunidades,
ayuntamientos, Estado y diputaciones provinciales para acabar con los
excesos del sistema.
Según un estudio realizado por el economista y dirigente de Unión,
Progreso y Democracia, Luis de Velasco, las duplicidades actuales del
Estado de las autonomías nos cuestan anualmente entre un 0,7% y un 2,3%
del PIB nacional.
Es decir, que si se acabara con esos excesos la Administración central se podría ahorrar un mínimo de 24.000 millones de euros. Esa cifra equivale, por ejemplo, a la deuda pública emitida por España en este año.
El sillón de consejera de Estado que ocupará la recientemente cesada vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega
es un ejemplo claro de ese despilfarro del Estado descentralizado
español. Prácticamente, todos los Gobiernos regionales han creado sus
propios Consejos de Estado, algunos, incluso, tienen hasta dos consejos
consultivos, como Cataluña.
Defensores del pueblo, del menor, sindicaturas de cuentas, agencias de
protección de datos y un sinfín de observatorios sin competencias pero
presupuestos abultados engrosan la lista de organismos públicos “poco
eficaces y nada eficientes”, explica el catedrático de Ciencia Política y
de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael
Bañón.
El mismo profesor resume a la perfección las tres vertientes de este
elefante administrativo en el que se ha convertido el Estado de las
Autonomías. “Por un lado, está el problema político. Hemos creado un
sistema asimétrico en el que unas comunidades autónomas tienen un
régimen privativo, es decir, que la seguridad en Madrid o en el País
Vasco corre a cargo de la Bescam en un caso y la Ertzaintza en otro. La
segunda vertiente es la económica. Un Estado de las Autonomías como el
que tenemos montado es un despilfarro. La redundancia de gastos lo hace
insostenible y, además, no se controla a dónde va el gasto público. El
tercer problema es la descoordinación. Hemos traspasado la educación y
la sanidad a las comunidades autónomas y eso supone la ruptura de la
caja única y crear un problema de justicia, de vulneración de los
derechos por el hecho de haber nacido en una u otra comunidad”.
Bajo esa maraña de traspasos económicos y competenciales está el
verdadero anclaje que impide avanzar al barco. Según Bañón, el problema
político y económico se resolvería si los dos grandes partidos se
pusieran de acuerdo en hacerlo, pero esto supondría “romper las
clientelas creadas por las comunidades”.
Una prueba de esas clientelas a las que se refiere el catedrático de la
Universidad Complutense es que la mitad de los funcionarios existentes
en toda España dependen de las Administraciones autonómicas, sin
embargo, los Gobiernos regionales sólo gestionan el 30% de los
presupuestos generales.
El informe elaborado por Luis de Velasco, por su parte, pone también de
manifiesto el gasto desproporcionado de los parlamentos autonómicos.
Según los datos denunciados en varias ocasiones por el partido de Rosa
Díez, cada diputado regional catalán cuesta a las arcas públicas más de
505.000 euros, mientras que un parlamentario nacional supone un gasto de
280.000 euros. Esa desproporción surge de la división entre el número
de representantes y el presupuesto de las cámaras. En este caso, el
Parlamento catalán tiene una partida de 68 millones de euros y 135
diputados, mientras que el Congreso cuenta con un presupuesto de 98
millones y 350 parlamentarios.
Además de la duplicidad de organismos y ventanillas existente a
consecuencia de la descentralización, otro de los problemas a los que se
enfrenta el Estado, especialmente en la actual situación de crisis que
se está viviendo, es la desproporcionada creación de empresas públicas.
Entre esas compañías se encuentran las cajas de ahorros, cuya gestión ha
quedado en evidencia y que, de acuerdo a la opinión de los expertos,
son “reinos de taifas” contaminados políticamente.
En esta lista de despilfarro por triplicado se encuentran también las
subvenciones otorgadas por cada una de las Administraciones que han dado
lugar a entidades que viven única y exclusivamente de las ayudas
públicas a pesar de su falta de actividad.
Otro de los problemas es la desigualdad entre territorios. Lo que ha
dado lugar a un gran malestar entre los ciudadanos que apelan a las
distintas clases de votantes, los de primera y los de segunda. En este
sentido, lo más peligroso, según advierten los expertos, son las
desigualdades relacionadas con la sanidad y la educación, que han
provocado que los conocimientos de historia que adquieren los niños
extremeños no tengan nada que ver con los gallegos, por ejemplo.
El caso de las embajadas autonómicas supone también, además de un
despilfarro autonómico, un problema para la imagen que el país da en el
exterior. Vender nuestro producto dividido en 17 piezas es poco
operativo y menos competitivo.
Más rémoras
Según el último estudio de Deloitte para UTECA, la asociación que
agrupa a las grandes cadenas privadas de televisión, actualmente los
canales autonómicos acumulan una deuda de 1.480 millones de euros.
Trece de las 17 comunidades autónomas cuentan con su propia televisión
pública y dan trabajo a unos 10.000 trabajadores. Según los datos
facilitados por las propias cadenas regionales, cada ciudadano vasco
paga unos 140 euros al año por sintonizar en su televisor la EiTB; los
madrileños, por su parte, abonan cada uno 15,5 euros por ver Telemadrid.
A pesar de que el coste de la televisión de la Comunidad madrileña no
es de los más elevados, la primera presidenta autonómica que ha
levantado la voz para plantear la posibilidad de privatizar la cadena
pública de su región ha sido Esperanza Aguirre.
Últimamente, también la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal,
se ha sumado a esa petición, pero la propia legislación existente es
bastante restrictiva y determina que debe ser el Gobierno central el que
debería abordar este asunto en coordinación con los Ejecutivos
regionales.
El ejemplo de las cadenas regionales, que con la llegada de la TDT han
incrementado el número de sus canales, es uno más dentro de una
larguísima lista. Suma y sigue. El Estado pierde dinero por cada agujero
de los bolsillos autonómicos mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se empeña en intercambiar transferencias a cambio de votos parlamentarios.
No cabe duda de que Gonzalo Fernández de la Mora tuvo
razón cuando pronosticó, en la mitad del siglo pasado, el
crepúsculo de las ideologías.
El mundo comenzó a cambiar al derrumbarse
estrepitosamente la URSS y los regímenes socialistas de Europa
.
Fue aquella una crisis espontánea, que no tiene otra causa
que el fracaso de un sistema. Es difícil, por lo mismo, que nuestra
juventud pueda comprender lo ocurrido en Chile durante la Guerra Fría,
cuando el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables que se
amenazaban con el exterminio, y en que cada elección podía sellar el
destino de nuestra patria.
Mucho menos podrá explicarse la profunda
crisis que sufrimos cuando nos enfrentamos a la posibilidad cierta de
seguir el camino de la Cuba castrista.
De aquí que lo sucedido sea
históricamente distorsionado, al extremo de invertir los papeles, ya
que mientras los que predican ahora su adhesión a la democracia fueron
ayer sus enemigos más obcecados, quienes la reconstruyeron sean hoy sus
destructores.
Dígase lo que se quiera, pero la verdad es que la
democracia la restauró el gobierno militar, a través de un itinerario
constitucional aprobado en un plebiscito, que se respetó rigurosamente
y que determinó la entrega del poder a los partidos políticos
tradicionales, tal como se previó diez años antes.
Se dirá que el
gobierno militar tardó mucho en crear las condiciones para volver al
democrático, y que hubo violaciones graves a los derechos
humanos. Lo primero la magnitud de la obra realizada, la misma
que aseguró al país estabilidad y continuidad institucional; lo segundo
es doloroso, pero producto de una resistencia subversiva que en todas
las naciones del mundo, sujetas a la misma experiencia, provocó
excesos, injusticia y sufrimientos.
Chile no podía escapar a esta
realidad, tanto más si, desde diversos países, se estimulaba el
enfrentamiento, se preparaban guerrilleros y se suministraban armas
para la resistencia armada.
Hoy las cosas son muy distintas. Los unos se han
renovado, abandonando posiciones irreductibles y utopías embriagadoras;
los otros han valorizado la importancia del entendimiento, el diálogo y
los acuerdos.
Poco espacio va quedando para el odio, el resentimiento y
el revanchismo histórico que envenena el alma. De aquí que sea justo
reconocer que Chile no es el mismo, que hemos cambiado y que el
sufrimiento no ha sido en vano.
Pero, sin duda, lo más novedoso y
alentador es la invasión de un pragmatismo que privilegia la
y el avance científico, y que exige desarrollo, igualdad de
oportunidades y justicia social.
La inmensa mayoría entiende que nada
de ello se conquistará si el país no crece, que no puede redistribuirse
la pobreza, y que todo lo que se conquiste será fruto de un esfuerzo
compartido.
Muchos sectores reclaman un cambio en los hábitos
políticos, la renovación generacional de las directivas partidistas, la
modernización de las estrategias electorales. Se observa un agotamiento
de los viejos liderazgos y la necesidad de crear nuevas manifestaciones
que expresen con fidelidad lo que anhela la común y
corriente.
Hoy es más importante mejorar la educación, la seguridad, la
salud y el trabajo, que discutir sobre el aumento de la presencia del
Estado en el proceso productor, o las regulaciones y los controles como
única vía para lograrlo, o volver sobre las limitaciones a la libertad
individual a pretexto de preservar valores inmanentes. Han muerto las
ideologías y surge con fuerza el pragmatismo tecnológico. Las utopías
ya no obsesionan a los pueblos, y quienes pretendan imponerlas serán
acallados por la historia.
La visión de esta nueva realidad no puede prescindir
de la necesidad de ensanchar los cauces de participación ciudadana.
En
la crisis de 1973, creemos nosotros, gravitó poderosamente esta
circunstancia. Cuando dichos se saturan, las corrientes de
opinión se desbordan y, generalmente, terminan provocando el caos. No
sólo hay que oír a la gente.
Lo que se requiere es permitir su
participación en las diferentes áreas del quehacer . Una
sociedad dominada por el pragmatismo tecnológico no puede quedar sujeta
a los viejos y desgastados instrumentos de participación concebidos
para otros tiempos.
Mientras
la prensa española sometida y complaciente llena hoy sus portadas con
titulares e imágenes sobre la inútil y vacía primera reunión entre Rajoy
y Rubalcaba en la Moncloa, ignora la noticia más destacada del día: un
sondeo (Eurobarómetro) de Unión Europea, que revela que nada menos que el 93 por ciento de los españoles opina "que su Administración es corrupta".
El dato sobre la corrupción masiva en España es tan elevado que los
sociólogos lo consideran unánime, ya que el 7 por ciento restante son
políticos o asimilados. Aunque no está comprobado todavía, es probable
que el dato sobre la corrupción en España sea el más elevado y unánime
registrado por un eurobarómetro en toda Europa y uno de los más elevados
del mundo.
Los sondeos en España, convenientemente "cocinados" por el poder,
establecen que la primera preocupación de los ciudadanos es la situación
pésima de la economía, seguida del desempleo masivo y, en tercer lugar,
la clase política, que aparece con porcentajes de preocupación
inferiores al 30 por ciento, una cifra que nada tiene que ver con lo que
revela el último Eurobarómetro, según el cual nada menos que un 93 por
ciento, una cifra que refleja una rara unanimidad, cree que sus
políticos y gobernantes son corruptos.
Resulta incomprensible que la corrupción aparezca ya en las
encuestas españolas como la cuarta preocupación ciudadana, con
porcentajes muy pequeños, de menos de una cuarta parte de los que
refleja el sondeo europeo.
Una de las dos partes miente y me temo que es la española, ya que,
por lógica, la corrupción y el rechazo a la clase política están por
encima de dos políticas concretas, como son la económica y la del
empleo, responsabilidad y fracaso de esa clase política rechazada y
corrompida.
Lo que no reflejan las encuestas todavía, aunque seguro que ya
aparece como preocupación creciente, es la inutilidad y el fracaso de la
prensa española, obsesionada con la política, dependiente de los
políticos e incapaz de ser independiente y de cumplir con su deber de
criticar a los poderes y reflejar las preocupaciones y anhelos de la
sociedad, como establece la democracia.
La prensa española es una de las que dedica más espacio a la
política en toda la Unión Europea, pero lo hace no como reflejo de un
interés popular, sino como consecuencia de su vergonzoso sometimiento y
dependencia de la clase política, con la que está ligada a través de
alianzas desconocidas, financiaciones opacas y cruces de intereses que
muchas veces se traducen en autocensuras, ocultación de verdades y
defensas de políticas y de políticos alejados de la ética. .
La mayoría de los grandes pensadores políticos, filósofos y
sociólogos opinan que sin una prensa independiente y crítica, capaz de
fiscalizar al poder, es imposible que exista democracia y que una prensa
sometida y dependiente facilita la corrupción, el abuso de poder y la
arbitrariedad de los poderes.
Ahora
que CiU ha demostrado ser incapaz de controlar una crisis generada
sobre un modelo de administración autonómica ultra subvencionada y
mastodóntica que ellos mismos crearon, vuelve a agitar el fantasma
identitario, para que los catalanes miren el dedo y no la luna.
El
nacionalismo, ya sea catalán, vasco, gallego, canario o cartagenero, se
resume en una frase: si no me das lo que quiero, agito mis ‘hechos
diferenciales’ y me independizo.
En la mayor de las ocasiones, se trata
de una simple amenaza, de un chantaje con el que se logran no pocas
concesiones ante unos partidos ‘nacionales’ con más miedo que vergüenza
en reconocer ese papel, que debería ser su enseña diferencial en esas
regiones. Una vergüenza que demuestran ocultando ese carácter nacional
en esas regiones, donde se mimetizan con el ambiente y pasan por ser más
nacionalistas hasta que los secesionistas.
En
ese totum revolutum del despiste, con un PSOE pasando por tripartitos y
un PP poniendo señeras y negando la existencia de los conflictos
lingüísticos como hizo el actual ministro del Interior, los
nacionalistas sacan pecho y ventaja, ante el cainismo de los dos grandes
partidos nacionales, metidos en berenjenales para mimetizarse con el
ambiente, de café para todos, Nación de naciones y acercamientos y
excarcelaciones de etarras, que sólo dan oxígeno a las reivindicaciones
identitarias.
Ese chantaje constante, incluido el
uso torticero en lo que les conviene de la Constitución, debe acabar. No
puede ser que se pida a papá Estado que rescate a una región que debe
su crecimiento a las inversiones constantes ordenadas desde Madrid desde
hace siglos, y por otro se amenace a independizarse apropiándose de
esas inversiones realizadas ordenadas por Madrid cuando les conviene y
por un modelo absurdo e insostenible económicamente que ellos mismos han
creado.
No tiene sentido que Cataluña siga dedicando auténticas
millonadas a políticas lingüísticas, embajadas exteriores, promociones
de hechos diferenciales y a mantener toda una red clientelar y de empleo
a militantes convergentes, restándole ese dinero a la sanidad,
educación y a los trabajadores catalanes y que luego acuse al resto de
España de que les falta dinero para cuadrar sus cuentas.
Como no tiene
sentido tildar a Extremadura de “región subvencionada” a renglón seguido
de pedir el rescate financiero a Madrid. A Cataluña y a toda España le
hace falta mucha menos demagogia de sus políticos, que se bajen de los
coches oficiales, se reduzca el número de políticos en sus
instituciones, se ponga fin a gastos innecesarios como las embajadas
autonómicas y se adecue el tamaño de la administraciones a lo que
realmente nos podemos pagar. Eso, y recordar que todos los españoles
somos iguales y nadie es más que nadie por haber nacido en una u otra
región. En momentos como este nuestra sociedad no necesita demagogos ni
populistas para salir de la crisis, sino hombres de Estado.
Dice un buen refrán que todos conocemos: A GRANDES MALES GRANDES REMEDIOS.
La acción política de los partidos es evidente que debe ser articulada por los órganos directivos de los mismos.
También debiera ser evidente un funcionamiento democrático de los mismos que posibilite la participación de sus militantes que por encima de todo deben serCIUDADANOS y por lo tanto "afectados" con las medidas justas o injustas que sus referentes propugnen.
Desde mi convencimiento que todos debemos ser responsables de participar en la acción política contra todo vicio de nuestro sistema que ha conformado una clase dirigente en cada partido que se arrogan la responsabilidad de decidir sin contar con sus bases a lo mas consultadas en Congresos distantes en el tiempo y desde luego casi siempre alejados de la realidad diaria.
Se hace necesario un cambio de rumbo en la forma en que los partidos hacen partícipes a sus militantes, de lo contrario se seguirán produciendo divorcios en la acción en forma de movimientos (tipo 25-S) cuando los partidos parece que no palpitan y sintonizan con los verdaderos problemas del pueblo llano.
Los ciudadanos no queremos que se nos siga utilizando, cuando la propaganda de las organizaciones partidistas solo parece que buscan militantes para pagar cuotas y conseguir siervos obedientes a sus orientaciones a cambio de la posibilidad mas o menos tardía de ofrecer prebendas o influencias cuando obtengan representación en el reparto de la tarta.
Nuestra participación política será voluntaria y útil, cuando responde a un sosegado análisis de la situación y de las necesidades que deben abordarse bajo una perspectiva que nos convence.
En los primeros años de la democracia, parecía que el interés de los partidos era principalmente para pegar carteles o repartir proclamas, pero con la evolución de los medios de comunicación o se consigue mas implicación individual en foros de opinión y análisis de respuestas o nos convertimos en títeres de feria hábilmente manejados por los profesionales, tanvilipendiados en los últimos tiempos.
En esta crisis que tanto afecta a nuestro pueblo, se están abriendo muchas fisuras del sistema que hay que refundar - sin repetir errores de antaño - si queremos encararnos con un mejor futuro para nuestros hijos....
