Dirigentes
de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se enriquecieron
“personalmente” con el caso de los ERE falsos, el mayor escándalo de
corrupción de Andalucía, según consta en el auto de la juez Mercedes Alaya del pasado lunes contra dirigentes de estas dos organizaciones sindicales al que ha tenido acceso El Confidencial. Esta segunda fase de la Operación Heracles se salda con 45 imputados y ocho detenidos. La cifra total de imputados en todo el caso se eleva ya a 170 personas.
Alaya demuestra cómo Juan Antonio Florido García,
exsecretario de Organización de Industria Textil de la Junta de
Andalucía, habría obtenido, además de la cantidad de 221.543,29 euros
correspondientes a las rentas derivadas de su prejubilación tras el ERE
de Hytasa, la cantidad de 43.472,18 euros procedentes del holding Vitalia (derivado de las sobrecomisiones abonadas por la Junta de Andalucía).
La
retribución de Florido se habría conseguido “por sus gestiones,
trabajos, influencias y la facilitación de información, que habrían
propiciado la participación de la mediadora en distintos procesos de
reestructuración de empresa”, como figura en el escrito
judicial de Alaya, que hace referencia al oficio recibido de la UCO
(Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil respeto a medidas contra
las irregularidades de las mediadoras Vitalia y Uniter, Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE, y el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasí.
El
desvío de fondos públicos a través de las sobrecomisiones aplicadas a
las pólizas de renta habría provocado el enriquecimiento personal de
terceras personas que habrían intervenido en la contratación y gestión
de estas pólizas. “Fruto de este escrutinio”, especifica el auto, “estarían emergiendo numerosos indicios de la participación de personas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO,
fundamentalmente como fuente de información respecto a empresas en
crisis a las que pudiera resultar conveniente un proceso de
reestructuración de plantilla, mediante ERE, prejubilaciones u otras
medidas, así como facilitar los procesos habilitando la participación de
las anteriores mediadoras”.
Como alto cargo de Comisiones Obreras en Andalucía, Florido mantuvo una estrecha relación con Jesús Bordallo,
delegado de Vitalia en Andalucía, a quien presuntamente trasladó la
mayoría de los expedientes relacionados con los sectores químico y
textil, en cuyos procesos de reestructuración laboral habría participado
Florido como representante sindical (Bonpunt, Hitemasa, Intesur,
Nilefos Química, Surcolor, Pickman, Tioxide Europe, Tendencias Ferrera).
El despido de 2.000 mineros en Huelva
La implicación de los dos principales sindicatos en este caso también alcanza a otro exdirigente de Comisiones Obreras como Roberto Carmona Soto, exsecretario de Desarrollo Industrial de este sindicato, y Salvador Mera,
secretario general de UGT en Cádiz desde noviembre de 2010, implicado, a
través de la consultora Uniter, en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva
que supuso el despido de 2.000 mineros. Carmona y Mera fueron detenidos
ayer por la mañana.
El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, suspendió una rueda de prensa que había convocado para
explicar detalles de la investigación interna sobre las facturas de
comilonas y fiestas a cargos de subvenciones de la Junta de Andalucía.
UGT, a través de una nota informativa, exigió “respeto” a la labor
sindical; también que la investigación judicial no se puede utilizar
como “una causa general contra los sindicatos”.
Según el sumario de los ERE, un
informe de la Guardia Civil cifró en 7,6 millones de euros el dinero
transferido "a entidades vinculadas directamente" con los sindicatos
entre 2000 y 2010.
Para el Instituto Armado, los conceptos por
los que facturaban los sindicatos eran "asesoramiento, cálculos
actuariales o recogida de datos" que "deberían haber tenido cobertura"
mediante el trabajo de las propias mediadoras de los ERE.
La
Fiscalía Anticorrupción quería saber más y solicitó a la magistrada
Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que indagara
en los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos
por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales.
Alto cargo de la Diputación de Sevilla
La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, por orden de Alaya, también arrestó ayer a Enrique Rodríguez Contreras, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla. Rodríguez Contreras, que era mano derecha de José Antonio Viera
en la Consejería de Empleo, ejercía actualmente de director del área de
Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla. El presidente de este
organismo, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, lo destituyó de sus funciones de modo inmediato.
“Rodríguez Contreras tendría una intervención esencial como perfecto conocedor del sistema opaco utilizado,
para la consecución de otras ayudas a personas de su círculo próximo,
las de su propio municipio (Las Navas de la Concepción). Por las
investigaciones practicadas, podría ser responsable de haber prometido y
facilitado importantes subvenciones excepcionales, las cuales
finalmente se otorgaron de forma fraudulenta con cargo a la partida 31L,
por decisiones influidas de intereses particulares”, indica el auto de
Alaya.
El empresario José María Sayago, con
estrecha vinculación con la trama de ayudas a las empresas de la Sierra
Norte de Sevilla, también ha sido detenido. Sayago fue concejal de El
Pedroso. En la Sociedad de Desarrollo Local de este municipio sevillano
recibió, junto a José Enrique Rosendo, que fue vicepresidente de esta sociedad, ayudas de 29 millones de euros, según se refleja en uno de los autos de la juez Alaya. Rosendo y Sayago habrían recibido el 39% de las ayudas de empleo y 17 millones para capitalizar empresas sin trabajadores.
Dentro
de esta segunda fase de la Operación Heracles, fue detenido Ángel
Quesada, director del complejo de hoteles Don Pedro y Don Pablo de
Torremolinos. En el Don Pedro hubo en 2004 un ERE gestionado
por la aseguradora Vitalia -ahora Generali- por el que se prejubilaron
54 personas. Quesada es además vicepresidente de la patronal hotelera de
la Costa del Sol (AEHCOS).
Fuente EL CONFIDENCIAL
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