Los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas

·                                 La UE cifra el dinero que se pierde por corrupción en las contratas en España.

·                                 El 97% de las empresas opina que hay actuaciones ilícitas en la Administración

Uno de cada cuatro euros destinados a contrataciones públicas en España se pierde en prácticas corruptas. Teniendo en cuenta que las licitaciones de este tipo mueven alrededor del 18,6% del PIB, la economía española pierde más de 47.000 millones de euros en prácticas ilegales. 

Unas cifras enormes que corresponden al informe sobre corrupción en la UE que ha elaborado la Comisión Europea y que pone de relieve los deficientes controles existentes en España para combatir esta lacra que afecta de algún modo a todos los Estados miembros y que cuesta a la UE más de 120.000 millones de euros al año.

Según el informe, los focos principales de corrupción en España sonla financiación de los partidos, las competencias urbanísticas en manos de las administraciones regionales y locales y los contratos públicos.

De acuerdo con este informe, el primero que lleva a cabo la Comisión Europea, la financiación de los partidos, las competencias autonómicas y municipales en desarrollo urbanístico y las licitaciones públicas son las tres puertas traseras por las que han salido miles de millones de euros durante años. Un tiempo en el que España se ha ido ganando un puesto en el podio de los países donde mayor percepción de corrupción existe en Europa.

Los resultados del Eurobarómetro que acompañan al documento de la Comisión señalan que el 97% de las empresas españolas detecta prácticas de corrupción en la Administración y un 83% considera que esas prácticas ilegales están muy extendidas en la contratación pública gestionada por las autoridades nacionales.

«La contratación pública es un área propensa a generar prácticas ilegales dadas las grandes cantidades que se mueven y España es uno de los países que más preocupación nos genera», admite un técnico del equipo de la comisaria de Interior, Cecilia Mälmstrom, encargado de coordinar la investigación. 

Prácticas corruptas

El documento se apoya en un análisis previo para concluir que entre un 20% y un 25% del dinero gestionado en las contrataciones públicas se pierde en prácticas corruptas, aunque admite que, «en algunos casos, puede llegar hasta el 50% de los costes totales de los contratos».

Los sobornos y, en menor medida, las licitaciones fraudulentas son las prácticas más extendidas en España, de acuerdo con un informe encargado por la oficina antifraude europea (Olaf) el año pasado. 

En uno de cada tres contratos evaluados se detectó algún tipo de soborno, según aquel documento que, en realidad, no descubría nada nuevo: un año antes, el Tribunal de Cuentas había analizado 2.500 contratos adjudicados entre 2006 y 2007 por una cuantía total de 10 millones de euros, en los que detectó un buen número de prácticas que, si no eran corruptas, al menos sí evidenciaban vulnerabilidades en los procedimientos, como el fraccionamiento de la cuantía de los contratos con el fin de eludir las normas de contratación pública.

Bruselas propone al Gobierno encargar «una evaluación independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las decisiones de planificación urbana», así como «aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas y organismos similares a nivel regional para llevar a cabo controles sistemáticos y oportunos». No son las únicas recomendaciones que hace la Comisión en este informe, con carácter bienal y que se suma al que ya publicó el pasado año el Consejo de Europa con conclusiones igual de contundentes.

Mayor control a las administraciones

El informe europeo pone de relieve que los controles que hay son deficientes.

Los focos a vigilar son los partidos, el urbanismo y las licitaciones públicas.

También pide reforzar el control sobre las administraciones regionales y locales, donde se concentra la mayor parte de estas prácticas delictivas. «La eficacia de los controles de gasto público a nivel regional y local parece ser insuficiente, en la medida en que las amplias competencias atribuidas no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas equilibrada». El «clientelismo» vinculado a los alcaldes y concejales municipales sonroja en Bruselas, donde ponen de relieve que «numerosos procesos penales pasados y en curso por denuncias de corrupción atañen a cargos electos y locales».

Una base de datos periodística y abierta a la que hace referencia este informe señala que entre 1996 y 2009 tuvieron lugar 5.144 casos de corrupción, en los que estuvieron involucrados 600 municipios. Las actividades más comunes son financiación ilegal, enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses y desvío de fondos, tanto nacionales como de la UE. Precisamente, la Comisión Europea anunció hace dos semanas que ha congelado las ayudas regionales gestionadas por UGT y está investigando su presunto uso fraudulento.

1.754 procesos judiciales

Otro asunto que preocupa en Bruselas son los «amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana» que tienen los ayuntamientos y alcaldes españoles, frente al control «limitado» que ejercen los gobiernos regionales. En este sentido, los autores del documento llaman la atención sobre los 1.754 procesos judiciales relacionados con actos ilegales de ordenación del territorio que se incoaron en 2011. Las recomendaciones piden «reforzar los códigos de conducta», «reforzar las normas sobre publicidad patrimonial» y, con especial énfasis, «garantizar el necesario marco de aplicación de la nueva ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno».

Según explicó ayer la comisaria Mälmstrom, algunos indicadores apuntan a que la corrupción ha aumentado durante la crisis, aunque a la vez son precisamente las dificultades económicas las que agudizan la lucha contra esta «lacra». Aun así, los esfuerzos, no de España, sino del resto de países, son «insuficientes». Sólo los escandinavos registran unos comportamientos ejemplares en los que, según el Eurobarómetro, lo anómalo es que se den prácticas corruptas.

Fuente: JAVIER G. GALLEGO Corresponsal del MUNDO en Bruselas

CORRUPCIÓN: NO ESTAMOS SOLOS

La corrupción, como los brotes de nacionalismo, no es un asunto interno. La Comisión Europea acaba de declararse beligerante. Por ahora, sin medidas concretas. Sólo con un estudio sobre prácticas corruptas en el seno de la UE y algunas recomendaciones para atajar el problema. Hay un capítulo especial dedicado a España, que figura en el informe por méritos propios con más de cinco mil casos denunciados entre 1996 y 2009. Y un destacado tercer puesto, detrás de Grecia e Italia, en la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción ambiental.

Como en nuestro país ya vamos sobrados de memoria respecto a malas prácticas en la vida pública, nos hemos consolado con el mal de muchos. Nunca hubiéramos sospechado que en países como Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia o Austria, más de la mitad de sus respectivos ciudadanos también creen que viven rodeados de corrupción. No es comparable a España, claro, donde lo creen 95 de cada 100 personas, pero si hacemos el recuento general topamos con esta inesperada verdad matemática: tres de cada cuatro europeos creen estar viviendo en medio de una corrupción generalizada. Y eso de alguna manera nos mete en el partido a la hora de las comparaciones con Latinoamérica, que es donde llevan la fama.

Hemos de poner bajo sospecha la voluntad de combatir la corrupción por parte de gobernantes y clase política en general¿Qué decir de nuestro país que no se haya dicho ya? Que no es problema de leyes, sino de actitudes. Y que hemos de poner bajo sospecha la voluntad de combatir la corrupción por parte de gobernantes y clase política en general. Me refiero, como es lógico, a la parte no contaminada de esos servidores de lo público, que es mayoritaria. Siempre reaccionan igual. Por preservar la imagen de la institución, el partido, el sindicato, la corporación, acaban arropando al corrupto, que normalmente no actúa solo, sino con colaboradores necesarios del entorno.

El miedo al escándalo bloquea el deber de colaboración con la Justicia o la natural aversión del grupo a la manzana podrida. Lo vimos en el caso de UGT y la Junta de Andalucía, al negar las evidencias hasta que se les vino encima el tsunami judicial y mediático. Y lo hemos visto en el caso Bárcenas, con las tácticas dilatorias del PP ante la petición de documentos por parte del juez, destruyendo discos duros o acusando al adversario político de haber urdido un montaje.

 

Hay otras dos formas de consolarse con el mal de muchos. Una es que en España la corrupción aumentó con la crisis económica, como se refleja en el informe de la UE. Y otra es convencerse de que la corrupción en la vida pública ha disparado la corrupción en la vida privada por aquello de que si el cura va a peces, qué no harán los feligreses. Eso nos remite a la economía sumergida y, como uno de sus efectos más nocivos, al fraude fiscal.

De esto no se ocupa el informe de Bruselas, pero nos basta y sobra con el reciente estudio de la Asociación de Técnicos de Hacienda, que puso sobre la mesa un dato desalentador: el movimiento de dinero negro en España ha subido siete puntos desde que comenzó la crisis. Alcanza ya el 24,6 % del PIB. Es un volumen de economía sumergida calculado por los profesionales de la Hacienda Pública en 253.000 millones de euros (al cierre de 2012). Imagínense ustedes la potencia inversora del Estado, las rebajas de impuestos o el fin del problema del déficit público, que supondría el afloramiento de tan sólo la mitad de ese dinero.

 Fuente: Antonio Casado en el CONFIDENCIAL

CATALUÑA Y LA GUERRA DE SUCESIÓN.

“Verdades a medias y bastantes demagogias están siendo manejadas por el gobierno del Sr. Mas, confundiendo el conocimiento objetivo de la Historia.

Ahora resulta que la Guerra de Sucesión, felizmente acabada con la capitulación de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, en manos de Felipe IV, se quiere manipular ocultando que el verdadero objetivo de esa triste contienda civil , era el enfrentamiento entre las potencias impulsoras de la entrada como rey del archiduque Carlos de Austria – dando continuidad al la monarquía española – y los que preferían a Felipe de Anjou ( borbones ), con la implicación por tanto de austriacos, ingleses y franceses , con una fatal consecuencia cifrada en torno al millón de muertos por la guerra.

Cataluña, por tanto no cayó, por ninguna guerra de independencia de Cataluña, sino por el enfrentamiento de dos dinastías, que llegaron a producir un riesgo secesionista en Aragón y Castilla.

El “héroe” catalán Rafael de Casanova, combatió en defensa del Austria y nunca en defensa de Cataluña.

Como una “cortina de humo” para aportar miedo y patriotería barata, parece que se está utilizando “el caso catalán” ante una Constitución que deja muy clara la imposibilidad de “consultas” unilaterales...

Como tantos españoles, siempre he amado a Cataluña, incluso elegida para un post grado que realicé en su Universidad Politécnica y desde luego jamas sentí ninguna exclusión por ser castellano.

Habrá casos que se sientan agredidos, - quiero creer que son fruto de animadversiones – pero hay muchos Castellanos-Manchegos residiendo en Cataluña, que se sienten catalanes y por tanto españoles.

Espero que 2014 solucione definitivamente tanta incomprensión e intolerancia, volviendo a su cauce la necesaria convivencia en paz de todos .”

Dario Pozo Ruz.

PACTOS CONTRA NATURA

Es cierto que el sistema electoral español no es de tipo mayoritario, sino proporcional. Los escaños no van a parar en exclusiva a aquel partido que dentro de una circunscripción ha obtenido la mayoría de votos, sino que se reparten proporcionalmente entre las distintas formaciones políticas. La finalidad de esta fórmula es que las instituciones democráticas reflejen de un modo más fidedigno la voluntad del plural pueblo soberano. Sin embargo, cuando los partidos que ostentan el poder tratan de pervertirlo y de retorcer los mandatos ciudadanos, el sistema proporcional puede, paradójicamente, conducir a un ataque directo contra esa voluntad popular.

Una de esas perversiones es el famoso Pacto del Tinell; acuerdo por el que todos los partidos decidieron coaligarse para bloquear el acceso del PP a los distintos gobiernos. Es harto dudoso que la voluntad de sus electores fuera que todas estas heterogéneas formaciones se unieran en un frente común contra los populares, pero aun así se formaron gobiernos cojos y contra natura que, posteriormente, han sido revocados en las urnas. En gran medida, tras sus excelentes resultados electorales del 22-M, el Pacto del Tinell ha dejado de ser funcional. No obstante, todavía existen reductos donde la filosofía del Tinell sigue en pie. Dos ejemplos nos valdrán para ilustrarlo.

El caso más claro puede que sea el del Ayuntamiento de Getafe: allí UPyD tiene la llave para la gobernabilidad. Sus concejales se comprometieron a votar a la lista más votada –que ha terminado siendo el PP– y, en todo caso, marcaron considerables distancias con el PSOE de Pedro Castro, quien llegó a incluir a una imputada en las listas. Pese a ello, parece que la posibilidad de tocar poder real con el PSOE les está llevando a desdecirse y a plantearse incumplir el compromiso que asumieron ante sus votantes (quienes a buen seguro deseaban un cambio en el consistorio): un gesto que resultaría lamentable para un partido que pretende colocarse a la vanguardia de la muy necesaria regeneración democrática en nuestro país.

Algo similar sucede en el caso del Ayuntamiento de Leganés. Allí, PSOE e IU han perdido la mayoría en favor del PP y de la ULEG, un partido local cuyo votante medio está ideológicamente muy cercano al PP. Los de ULEG firmaron ante notario que se apoyarían a sí mismos en la investidura, y de momento no parece que vayan a traicionar este compromiso con sus electores. 

Cosa distinta sucede con PSOE e IU, quienes llevan más de tres décadas controlando el consistorio y están enormemente preocupados de que el PP los sustituya y comience a levantar alfombras. De ahí que se estén planteando elevar a alcalde al candidato de la ULEG, algo que obviamente se opondría por entero a la voluntad de quienes los votaron para que fueran ellos quienes gobernaran.

En definitiva, las ansias de poder de nuestros políticos o el deseo de conservarlo a cualquier costa bien pueden conducir a la formación de gobiernos inestables y contra natura que, lejos de gobernar de acuerdo a los deseos de la mayoría de los electores, subviertan su voluntad en nombre de minoritarios intereses espurios. Esperemos que, finalmente, el sentido común y democrático termine imponiéndose.

Fuente: LIBERTAD DIGITAL. 

GOBIERNOS ABSOLUTOS

“Resulta totalmente imposible gobernar un pueblo si éste ha perdido la confianza en sus gobernantes”.

(Confucio )

Dario Pozo Ruz, para el LANZA de Ciudad Real

“Escuchamos muchas veces: ¡Nada hay nuevo bajo el sol!, mientras seguimos atados al incierto devenir de las cosas que nos suceden en este teatro político, donde todo parece que se compra o se vende tratando de componer el engaño como fórmula del “bálsamo” quijotesco.

En Burgos un alcalde no se apea del burro porque según él, está legitimada su razón en el poder de un voto absoluto emitido en épocas donde no se atisbaba la actual crisis.

Decía Napoleón Bonaparte que solo se puede gobernar a un pueblo ofreciéndole un porvenir y vendiendo esperanzas, en lugar de arbitrarias decisiones impuestas que no se sustentan con el diálogo. 

En Burgos, en Madrid o en Castilla La Mancha hay también mucho hartazgo... y nos sentimos huérfanos ante tanto “mesías” del engaño, que primero dicen que salimos de la crisis ¿ quién la provocó ? Para luego quitarnos ilusión hablándonos de que pasaran mas de veinte años...

El Gobierno y el sistema que lo fundamenta, está acabado ¿ que tendrá que ocurrir todavía para que terminen los “aristócratas” de una política sustentada en el engaño ?

Sabemos que ejercer el gobierno sería mas fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones (Clemenceau) , pero el problema surge cuando gana el que mas roba ilusiones para luego hacer lo que quiera, con la excusa de “ser el elegido” para cuatro años sin dar cuenta a nadie.

Identificamos la política, con el engaño, la mentira y la manipulación de las personas en una sociedad permisiva que alimentamos con mensajes televisivos como “Aida” o “la que se avecina”, donde jóvenes y adultos se divertirán recibiendo mensajes estimulantes de robo, codicia o explotación de inmigrantes, etc.

Corregir el rumbo ha sido mensaje repetido de muchos artículos mios y de otros escritores, ¿ nos empecinamos en seguir este rumbo que conduce al abismo ?

En la antigua Grecia, ya era patente la teoría del bien, de la felicidad, la virtud, la democracia, la amistad y la educación de los jóvenes, pero miles de años después seguimos perdidos sin saber retornar a nuestras fuentes, clave de tantos defectos que impregnan nuestro paso por esos partidos que hemos manchado y que nuestra culpa fue desvirtuar su filosofía ideológica en pro de un pragmatismo usado para el enriquecimiento de unos pocos...

Como dijo muy bien Mempo Giardinelli: “Un pueblo que no lee está condenado a la extinción” y si fomentamos la independencia de juicio que favorece la lectura encontraremos la clave para conseguir nuestra libertad.

Darío Pozo Ruz. Ecologista del CEAM (Valdepeñas)

ESPAÑA, ¿ HACIA UN MODELO DANÉS O VENEZOLANO ?

Dos mujeres pasean por Copenhage. (Corbis)

En su libro El dilema de España (Península Atalaya), el catedrático de Economía y Estrategia de la London Business School Luis Garicano plantea que España debe decidir si quiere ser la Venezuela de Europa, a la que nos parecemos ahora, o la Dinamarca del sur, a lo que, asegura, deberíamos aspirar. Para ello, explica (a modo de relato ficticio en el que un periodista del año 2034 explica cómo ha logrado España que dos científicos españoles ganen sendos premios Nobel) las medidas que nuestros gobernantes deberían llevar a cabo.

Medidas políticas

1. Un gobierno de coalición

Un proyecto ambicioso requiere de un pacto ambicioso.

2. Expulsar a los políticos de los órganos técnicos

Lo primero que debería hacer el nuevo Gobierno es exigir la dimisión inmediata de todos los nombramientos políticos en órganos que deberían ser técnicos, hechos por el anterior Gobierno, y nombrar en su lugar a personas independientes de reconocido prestigio.

3. Una nueva ley de partidos

Que imponga normas mínimas para las primarias, obligatorias para la confección de listas, las auditorías y la transparencia de las cuentas.

4. Una reforma constitucional

Que elimine el Senado y las diputaciones provinciales, excepto las vascas.

5.  Reducir el número de ayuntamientos

Dinamarca convirtió los 1.389 ayuntamientos con los que contaba en 2007 en 98, y obligó a todos los municipios a contar con, al menos, 20.000 habitantes. España podría convertir sus 8.116 municipios en 600, lo que reduciría el número de concejales de 68.462 a 5.000. Tras esto, se podría transferir un gran número de competencias autonómicas en servicios sociales y educación a los ayuntamientos.

6. Reformar el Estado autonómico

El Gobierno debería introducir un sistema con competencias claramente asimétricas, confederal en la práctica para Cataluña y el País Vasco, y un nuevo modelo de financiación basado en la idea del cupo más una tasa. Esto haría que la mayoría de catalanes se inclinaran a favor de la permanencia en España.

7. Reforma de la ley de enjuiciamiento civil y criminal y de la carrera judicial

La conjunción de ambas reformas eliminaría el exceso de formalismo y garantismo y reduciría drásticamente el número de apelaciones. Mejoraría la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley. Los delincuentes de guante blanco y los políticos corruptos perderían su capacidad para retrasar el sistema indefinidamente y evitar el castigo. Una nueva ley anticorrupción, más dura, modelada en la legislación estadounidense contra la mafia y la corrupción política, supondría un incremento notable de la efectividad de los tribunales en estos casos.

Medidas económicas

8. Eliminar todos los contratos temporales y el Estatuto de los Trabajadores

Se debería implantar, de forma general, un contrato de trabajo a la austriaca. Todos los empresarios contribuirían con 10 días por año a una pensión de despido (el 2,75% de la masa salarial) libre de impuestos, que sea un derecho del trabajador. En caso de despido, el trabajador cobra 10 días por año trabajado por esta pensión, además de un máximo de 10 días adicionales pagados directamente por la empresa, que se convierten en 15 en caso de despido improcedente. Si el trabajador no es despedido, los 10 días por trabajador contribuidos se añaden a la pensión de jubilación.

La reforma reduciría los costes de la Seguridad Social para compensar los costes laborales debido a la nueva pensión por despido. Los costes adicionales de la reforma se financiarían vía la expansión de la base del IVA y la subida de los impuestos especiales (gasolina y tabaco).

9. Movilizar a los parados

Los parados, para recibir su subsidio, tendrán que ser “enseñantes” o “aprendices”. Habrá una lista concreta de materias de las que se podrá impartir o recibir clase y se emparejará a los parados alumnos con los parados profesores, según sus aptitudes. Mientras no se tenga un empleo, los parados tienen que asistir como mínimo a cuatro horas de clase al día, o enseñar dos. Tres faltas de asistencia conllevaría la pérdida del subsidio. Supondría un cambio radical en la percepción de lo que realmente es el paro: ya no se estaría desempleado, sino en proceso de formación.

10. Reformar los mercados y organismos reguladores

Con el lema “Incrementar la competencia y la protección del consumidor” se introducirían reguladores independientes de los mercados y se reformaría en profundidad la estructura de los mercados financieros, eléctricos y petrolíferos, de comunicaciones, etc. Todo ello supondría una fuerte caída de los precios, sobre todo eléctricos, y pondría la base para un incremento de la competitividad de las empresas españolas, especialmente las consumidoras intensivas de electricidad y energía.

11. Contundente simplificación administrativa 

El Gobierno debería trazar un ambicioso plan para que España se situara a la altura de Singapur en los indicadores internacionales de facilidad para hacer negocios. Se implementaría un nuevo marco jurídico para la entrada y la creación de empresas y la eliminación de licencias previas y otros trámites.

12. Incrementar la demanda de empleo para los parados sin cualificar

Esto se podría lograr mediante el objetivo Florida. El plan pasaría por introducir una serie de cambios fiscales y en la cobertura sanitaria con el fin de que España fuera el destino más atractivo desde el punto de vista económico para los retirados extranjeros. Esto incluiría la eliminación de los impuestos de sucesión sobre la renta para los mayores de 65 años.

13. Asegurar la sostenibilidad del Estado del Bienestar

Para ello sería necesario conservar la sanidad pública, pero introduciendo criterios de eficiencia bajo el modelo británico y un modelo de cuentas nocionales a la sueca en las pensiones (un modelo por el cual cada trabajador sabe en todo momento cuánto ha acumulado en su cuenta). Finalmente, habría que introducir la eliminación definitiva de la desgravación fiscal por vivienda y fomentar el alquiler hasta que llegue al 40%, lo que favorecería la movilidad interna en el país.

Reformas educativas

14. Reforma del sistema educativo en su conjunto

La educación en España requiere una metamorfosis profunda. El componente clave de la reforma debe ser el cambio en la gobernanza de los centros, así como en la carrera profesional de profesores y directores. Ambos pasarían a cobrar mucho más (los directores el doble que los profesores), y la educación atraería a mejores profesionales. 

El Gobierno debería crear una Agencia Independiente para la Evaluación de las Escuelas, que publicara análisis detallados de su funcionamiento, incluyendo los resultados en los exámenes estandarizados y análisis pormenorizados de la creatividad, la capacidad de expresión oral y escrita, etc. La financiación de los centros quedaría ligada a la demanda de los estudiantes, de forma que aquellos sin alumnos tuvieran que cerrar.

La reforma universitaria se adaptaría a los modelos existentes, sobre tres pilares: autonomía absoluta personal y financiera de la universidad, así como su desfuncionarización; el rector sería nombrado por un patronato externo; toda la financiación se realizaría en función del éxito de investigación y de docencia. Los avances en investigación se medirán por su impacto, no por su número. Algunas universidades caerían, pero el resto mejorarían.

Fuente: EL CONFIDENCIAL

PARADOJAS DE LA INCOHERENCIA DE UN DIPUTADO DE UPYD

El actor y diputado de UPyD, Toni Cantó (d), saluda al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. (EFE)

El actor cobró 134.000 euros en 5 meses

El PP esgrime el sueldo de Cantó y manejos de Puig para defender el cierre de Canal Nou

El cierre del canal de televisión de la Generalitat Valenciana provocó un duro debate en el Congreso en el que el Grupo Popular se ha defendido atacando a los partidos que exigen su mantenimiento (desde el bloque de izquierdas a CiU y UPyD) y lo ha hecho exhibiendo informaciones sobre la relación personal de diputados de la oposición con Canal Nou. 

La más llamativa es la de Toni Cantó, que cobró 134.000 euros por presentar un programa de cámara oculta que duró 5 meses en antena.

La portavoz del PP, Macarena Montesinos, acusó a los socialistas, a los nacionalistas catalanes, a IU y a la formación de Rosa Díez de pretender que el Congreso se entrometa en decisiones de un Gobierno autonómico que lo que pretende con la renuncia a su televisión, según reiteró, es ahorrar para sostener los servicios básicos que debe prestar a los ciudadanos. 

A partir de ahí se ha volcado en denunciar “la desfachatez” de los portavoces que ahora claman a favor de Canal Nou cuando antes pedían cerrarlo por considerar que estaba al servicio del PP y un poco más atrás en el tiempo se beneficiaban directamente de él.

Montesinos ha acusado al diputado del Grupo Socialista Ximo Puig de manejar a su antojo los informativos de la emisora cuando gobernaban los socialistas y él estaba en la consejería de Presidencia. Para ello exhibió un correo para explicar que un dirigente del nacionalismo valenciano, Pere Mayor, sostiene que Puig dirigía los telediarios de Canal Nou cuando estaba en la Generalitat. “Puig recibía todos los días un fax con la escaleta de los informativos y él elegía las noticias”, según el citado líder del Bloc.

Además, la diputada del PP recordó que la televisión autonómica fue condenada por manipulación por primera y única vez cuando los socialistas gobernaban la Comunidad y Puig era un alto cargo en el ejecutivo de Joan Lerma. También le imputan haber movido sus influencias para que su hermano se hiciera con un canal de TDT de concesión municipal. 

Contra el PSOE en general, sacó a colación que cuando José Blanco era ministro en el Gobierno de Zapatero recomendaba al PP que cerrara la televisión. Puig pidió la palabra para decir que todo lo que sostenía Montesinos sobre sus manejos desde el poder era falso.

La parlamentaria del Grupo Popular iba documentada para cargar contra el hoy diputado de UPyD Toni Cantó, posible candidato de su partido en las próximas elecciones municipales en Valencia. 

Se refirió primero a la imagen que el actor colgó en su cuenta de Twitter en la que se podía ver la sede de la televisión autonómica atacada con un misil. Lo hizo en plenas negociaciones del ERE. 

Se da la paradoja de que UPyD está oficialmente en contra del despilfarro del dinero público en las autonomías y a favor de la reducción de su aparato político y propagandístico.

La portavoz del Grupo Popular sacó también informaciones de la prensa valenciana sobre los ingresos que proporcionaba Canal Nou al entonces actor hace una década: 134.000 euros por un programa de cámara oculta que hizo durante cinco meses. Cantó no niega que hiciera el programa, pero sí que cobrara tanto. Según fuentes de UPyD, de esa cantidad habría que descontar la comisión del representante, más los impuestos: un 30 por ciento menos.

En la votación sobre la iniciativa suscrita por toda la izquierda de la Cámara más CiU y UPyD, el Congreso rechazó, por la mayoría del PP, entrometerse en la decisión de Alberto Fabra de cerrar una televisión autonómica que ha llegado a acumular un déficit de 1.200 millones de euros.

Fuente: EL CONFIDENCIAL