35 ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA
¿Es legítima
una Constitución que apenas ha votado el 23% de los actuales españoles?
La pregunta puede parecer pertinente. Pero no lo es. Ni siquiera
contribuye a entender la desafección creciente hacia la cosa pública.
Como sostiene con sorna el economista Gabriel Tortella,
“tampoco siguen vivos los americanos que votaron la suya [hace 226
años] y no pasa nada”.
La diferencia, sin embargo, estriba en algo
esencial: la Constitución de EEUU lleva sobre sus anchas espaldas
multitud de enmiendas y reformas. Y tampoco pasa nada. Sigue fresca como una lechuga.
En
España, al contrario, la Carta Magna de 1978 -aprobada con la
participación del 67,1% de los españoles- se ha fosilizado. No se ha
tocado ni una coma salvo por mandato europeo (dos veces). El resultado
es inquietante. Como sostiene el catedrático Muñoz Machado, “el
inmovilismo comienza a ser el principal enemigo de la Constitución”.
Y
no sólo eso. A modo de premonición sostiene que “la crisis institucional
durará más que la económica”.
No es un asunto menor. A los
constitucionalistas les gusta recordar que en España, al contrario que
en otros países, en vez de reformar la Constitución lo que se ha hecho
es tirar el edificio abajo. Y eso explica que desde 1812 (sin contar el Estatuto de Bayona, que para algunos es un texto constitucional), se hayan promulgado
ocho constituciones.
La de 1978 es la más larga tras la del largo
periodo de la Restauración. Pero nunca antes se habían producido las transformaciones sociales y demográficas que ha vivido España en los últimos 35 años.
Algunos
datos lo ilustran. En 1981, censo de población más cercano a 1978,
residían en España apenas 37,7 millones de españoles; y se puede decir
‘españoles’ con propiedad porque apenas 150.000 eran residentes
extranjeros. Hoy la población asciende a 46,7 millones. Es decir, nueve
millones más. Es como si la Constitución de 1978 no la hubieran votado
ni los andaluces (la región más poblada de España) ni los cántabros.
Aunque hay un dato probablemente tan significativo en términos sociales.
Casi el 50% de la población (el 48,6%) vivía cuando se aprobó la Carta
Magna en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Una España, por lo
tanto, muy diferente. También en costumbres, renta per cápita, hábitos
sociales o relaciones personales.
Media España contra la otra media
¿La solución pasa por reformar la Constitución? Sí y no, responde el filósofo Javier Gomá. Y hace dos reflexiones. La historia de España ha demostrado nuestra incapacidad para tejer consensos. Y en demasiadas ocasiones “media España ha hecho constituciones contra la otra media”.
Sin
duda, por la escasa capacidad de renuncia que han acreditado los
ciudadanos y los dirigentes políticos. Aunque en ocasiones, como en
1978, se haya producido “un cierto milagro” y los españoles fueron
capaces de renunciar a los intereses particulares para que ganara el interés general. Esa es la clave de bóveda de la actual Carta Magna: que supo armonizar intereses contrapuestos.
Esa medicina, sin embargo, no es eterna. “La gente”, dice el filósofo Gomá, continúa discrepando.
Hay acuerdo en que el Gobierno tiene la culpa de casi todo, pero poco
más. Y de ahí que, en su opinión, lo relevante sea la actitud de la
ciudadanía.
La reforma de la Constitución no es un problema jurídico-formal, sino que, por el contrario, hay que situarla en el ámbito de la moral. Y cita unos versos de Rilke:
“Tienes que reformar tu vida”. Gomá juega con las palabras y plantea un
viejo debate: “Hay que reformar las leyes, pero también hay que
reformar a la ciudadanía”. Es la hora, viene a decir, de una nueva educación sentimental que reivindique el valor de lo ejemplar.
O dicho en otros términos: “Le hemos dado a las leyes un poder taumatúrgico que
no tienen, cuando lo importante es la actitud de los ciudadanos”. Y una
Constitución lo que debe hacer es precisar los “valores básicos”. Si un
país funciona no es por las leyes, “lo importante es la virtud de la
ciudadanía, lo importante es que no se mire hacia otro lado cuando hay
corrupción, lo importante es tener buen gusto que repugne el incumplimiento de las leyes”.
El catedrático Muñoz Machado pasa de las musas al teatro. La Constitución no es que haya envejecido, es que al no haber puesto al día se ha olvidado de muchos derechos subjetivos
que hoy reconocen las leyes, pero no la Carta Magna. Y cita la
educación, la sanidad o la lucha contra la pobreza, parcelas “que
afectan a la dignidad del hombre”.
¿Qué quiere
decir esto? Pues que políticas tan importantes -y que probablemente no
fueron suficientemente evaluadas en 1978 por problemas presupuestarios-
dependen en última instancia de forma discrecional del
Gobierno de turno, que puede recortar a su antojo prestaciones
esenciales.
Continúan sin ser derechos subjetivos que los ciudadanos
puedan reclamar ante los tribunales en aplicación del mandato constitucional.
Lo curioso es que esa misma Constitución garantiza a los españoles
cosas que no puede cumplir: una vivienda o un empleo. "Es”, dice
Tortella, “como si el Estado garantizara a los españoles un matrimonio
feliz. Por eso, no se toma en serio la Constitución”.
Cataluña y la Constitución
No sólo por eso ha envejecido la Carta Magna. Su aplicación ha demostrado, sugiere Muñoz Machado, que no hay realmente separación de poderes.
Y lo que es igualmente preocupante. En ocasiones se ha intentado
reformar la Constitución “por la puerta de atrás”, como ha sucedido en
el caso del Estatut de Cataluña hasta que el propio TC puso pie en
pared.
El historiador económico Gabriel Tortella insiste en esa
idea, y asegura que “si así se quería”, habría que haber reformado la
Constitución, toda vez que “la soberanía de Cataluña es incompatible con la España”. No es posible, insiste, salvo que España fuera un Estado confederal. Y no lo es.
De
nuevo, la España posible frente a la España de la quimera. Olvidando,
como dice Tortella, que en 1978 hubo una gran voluntad de superar las
dos Españas. Algo que ha hecho posible un indudable avance social.
El
nivel de renta per cápita de 1978 era tres o cuatro veces el de 1936, y
eso atemperó los enfrentamientos entre españoles. Una amplia clase
media quería evitar a toda costa el enfrentamiento. Algo que explica la
gran estabilidad que ha habido en España en los últimos 35 años.
Ejemplar de la Constitución conservado en el Congreso de los Diputados.Como dice Muñoz Machado, es verdad que el sistema autonómico tiene agujeros, tiene deficiencias, pero “habría que huir de los extremos
para reformarlo”. Ni una confederación, como reclaman algunos, ni un
nuevo Estado centralista. Pero, en cualquier caso lo importante es que
se cumpla. Y eso no siempre ocurre.
El profesor Tortella habla claro. “Yo no la voté”, reconoce, pero “el problema es que no se cumple, tan sólo se acata”.
Y pone varios ejemplos: “Las banderas siguen sin ondear en muchísimos
lugares del País Vasco y Cataluña y nadie dice nada”. Tampoco hay
cooficialidad en el uso de la lengua: “El castellano es cada vez más
residual y ni siquiera la palabra ‘calle’ está rotulada en castellano;
ni se pueden presentar documentos oficiales en una lengua que es
cooficial”.
Hay más. El artículo 155 no se aplica pese a que el
Gobierno autonómico se niega a cumplir algunas leyes o sentencias
judiciales, y ni siquiera se les apercibe. Se llega al extremo, dice
desde la amargura, que se afirma en público que “la ley Wert no se va a cumplir en Cataluña" y “nadie” dice nada. “Me asombra”, concluye, “el grado de pasividad ante tanto incumplimiento”.
El
filósofo Gomá no entra en cuestiones concretas. Pero sí tiene clara una
cosa. “El patriotismo constitucional pasa hoy por renunciar de forma
expresa a los intereses particulares para que salgan adelante los
intereses generales”. A lo mejor es el primer paso para reformar una
Constitución fosilizada.
Fuente: EL CONFIDENCIAL.
