El próximo viernes se cumplirán 35 años del mayor engaño sufrido por el pueblo español en toda su historia. Nos referimos a la llamada Constitución, que no es tal, sino en realidad la Ley Fundamental de la Monarquía de Partidos.
En ella se establecen las directrices para vaciar de competencias al Estado central a través del reparto autonómico.
Para
que ese reparto y el del inmenso botín económico que suponía se
hicieran con normalidad, se necesitaba una ley electoral que, en lugar
de ser representativa de la sociedad civil, lo fuera de los jefes de
partido que hacen las listas.
Y para no dejar ningún cabo suelto, impusieron en la Constitución la no separación de poderes estatales, poniéndolos en manos del ejecutivo.
El poder legislativo y el judicial quedaban así sometidos al poder
ejecutivo, lo que garantiza a este la total impunidad ante la
corrupción, la malversación de fondos públicos, el nepotismo más
absoluto y la prevaricación.
El primer agente de esta oligarquía, el rey Juan Carlos, traicionó a su padre y a Franco.
La clase franquista traicionó a Franco para sobrevivir y participar en
el reparto del botín con los nuevos allegados. Estos, la nueva clase
política procedente de la ilegalidad, descubrirían de pronto que si
también ella traicionaba a sus principios ideológicos, con los que había
tenido que vivir pobremente en la sombra, también podrían participar
del botín y enriquecerse sin riesgo alguno a costa de los demás.
La
Carta Magna fue el resultado de un simple reparto de poderes entre
traidores: a sí mismos, a la libertad política constituyente y a la
unidad de España.
El segundo agente, el presidente Suárez,
fue tres veces traidor: traicionó los principios del Movimiento
Nacional, a los españoles no permitiendo que alcanzaran la libertad
política y a España, dividiéndola en diecisiete trozos, contrarios todos
ellos a la realidad histórica y objetiva de la Nación.
En el caso del
PSOE de Felipe González, un diseño de partido de 'izquierdas' realizado por la CIA a través de Willy Brandt
para frenar al comunismo, renegó de sus principios marxistas y desde el
poder traicionó a la clase obrera en favor de las elites financiera y
mediática. Miguel Boyer les entregó los monopolios públicos por la
décima parte de su valor.
Con estos mimbres, la Carta Magna fue el
resultado de un simple reparto de poderes entre traidores: a sí mismos,
a la libertad política constituyente y a la unidad de España. La
Constitución de 1978 ha destruido la unidad administrativa del Estado,
la unidad de mercado, todas las referencias éticas en lo público y las
morales en lo privado, ha aniquilado el sentimiento patriótico de España
y suprimido la representación política de los ciudadanos.
Asesinos de la libertad
Los autores de este engendro son auténticos criminales de la paz, porque no hay mayor delito que el de matar las esperanzas de libertad de un pueblo
que llevaba casi 40 años sin conocerla. Fue el asesinato de la libertad
colectiva y el abuso sin medida de las libertades individuales por
parte de los oligarcas. Los culpables visibles de esta traición a todo
un pueblo fueron siete, queden sus nombres en la historia negra para
vergüenza de sus descendientes y desprecio de las generaciones futuras,
porque aunque eran sólo los 'chicos de los recados', ya que la
Constitución les fue dictada, se prestaron a representar y avalar la
farsa infame que supuso todo el proceso.
Gabriel Cisneros (UCD)
Miguel Herrero de Miñón (UCD)
José Pedro Pérez Llorca (UCD)
Gregorio Peces Barba (PSOE)
Miguel Roca (Pacto Democrático por Cataluña)
Jordi Solé Tura (Partido Comunista de España)
Manual Fraga (AP)
En
los artículos de contenido social, la Constitución trata cínicamente de
convertir en norma obligatoria los simples deseos de bienestarLos
verdaderos artífices fueron sus jefes políticos, Adolfo Suárez por un
lado, y Felipe González por otro, y más directamente sus respectivas
manos derechas, Fernando Abril y Alfonso Guerra, que discutían y pactaban en secreto todo lo esencial, completamente al margen de los ciudadanos, a los que no se consideraba dignos de conocer cómo se estaba decidiendo su destino.
En particular, pactaron la monarquía de partidos estatales, donde todo
el poder se reparte en exclusiva entre las agrupaciones políticas,
aunque el Rey siempre conservó el derecho de designar ministros por vía
de pasillo.
En los artículos de contenido social, la Constitución
trata cínicamente de convertir en norma obligatoria los simples deseos
de bienestar. Los partidos estatales basaron su propaganda demagógica en
estas simplezas utópicas que ninguna constitución seria puede albergar,
pues son engaños siniestros. “Los españoles son iguales ante la ley”, mentira:
el Rey, los partidos, y los jueces demuestran a diario este colosal
engaño. “Todos los españoles tienen el derecho al trabajo y una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia”, mentira: las estadísticas millonarias de paro y pobreza evidencian tan escandaloso embuste.
“El derecho a una vivienda digna y adecuada”, mentira. Familias
hacinadas en una sola habitación, sin agua ni electricidad, dos
millones de ellas que viven en infraviviendas, según Cáritas, y más de
400.000 desahuciadas prueban no sólo la falsedad, sino la maldad de esta
norma contraria a la normativa europea. “La independencia de la
Justicia respecto a los órganos políticos”, mentira. PP
y PSOE, sin recato ni vergüenza alguna, nombraron a los rectores de la
judicatura para que los jueces no persigan la corrupción política. Somos
un país arbitrario sin seguridad ni ordenamiento jurídico.
PP
y PSOE, sin recato ni vergüenza alguna, nombraron a los rectores de la
judicatura para que los jueces no persigan la corrupción política. Somos
un país arbitrario sin seguridad ni ordenamiento jurídico.Al
menos, el régimen de Franco cumplía las normas administrativas y
civiles. Hay infinidad de pruebas, entre ellas, por ejemplo, la
sentencia del Supremo que el abogado Trevijano ganó al Estado franquista
y a la presión de Carrero Blanco logrando una fuerte indemnización (11.000 millones de euros en valor actual) por el cierre ilegal del diario Madrid.
Hoy eso sería inconcebible, ¿imaginan Uds. al actual Tribunal Supremo
obligando a indemnizar al Estado con 11.000 millones de euros por el
cierre ilegal de un periódico?
Los españoles ni siquiera pueden concebir el daño que está causando a nuestra economía la falta de seguridad jurídica.
Otras mentiras escandalosas de la Constitución se comentan por sí
mismas: “El Estado debe garantizar una redistribución de la renta
más justa”, pero tenemos la más injusta de Europa; “ninguna autoridad
podrá adoptar legislaciones para obstaculizar la libertad de circulación
y establecimiento”, cuando todos los caciques locales lo hacen; “todos
los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier
parte del Estado”, un rimero de mentiras y así todo lo demás.
“Los
españoles estuvieron a la altura de las circunstancias”, afirmó
cínicamente el Rey después de la aprobación de este engendro. Los
españoles no estuvieron a la altura de nada, se comportaron como un
rebaño de borregos que fueron a votar su propia ruina y la de sus hijos,
haciendo lo que les dijeron los capos de la nueva mafia política
oligárquica, un nuevo “vivan la caenas” en versión moderna.
La opereta de Tejero aborta el “golpe de timón”
A
pesar de que esta nueva Ley Fundamental del Reino llamada Constitución
estaba concebida, única y exclusivamente, para satisfacer las ambiciones
siempre desaforadas de la oligarquía política, financiera y mediática,
la convicción de que sólo el Ejercito podía acabar con ETA, que se
estaba saciando a asesinar y secuestrar, junto a la idea transmitida
por Alfonso XIII a sus descendientes de que la monarquía no podría
asentarse en España hasta que gobernara con el partido socialista,
determinaron la decisión del Rey de “dar un golpe de timón”.
Para
ello exigió la dimisión a un presidente del Gobierno, Suárez, que nunca
dio la talla, pero se mantuvo en el poder político mientras le quedaba
algo que regalar (legalizaciones y autonomías). El Rey quería un
Gobierno de militares y socialistas presidido por el general Armada, quien ya había pactado las bases del mismo en la reunión de Jaca con el socialista Enrique Múgica, supuestamente autorizado por Felipe González.
El
hecho de que la radio y la televisión continuaran transmitiendo, con un
energúmeno pegando tiros al aire y el mundo entero viéndolo en directo,
hacía el “golpe de timón” absolutamente infumable a nivel internacional
Pero los golpistas del 23-F fueron víctimas de la fatalidad: el teniente coronel Tejero,
encargado de la toma de las Cortes, se negó a obedecer a Armada cuando
supo que iba a formarse un Gobierno con socialistas y otras izquierdas
de nombre. En una entrevista radiada la pasada semana con el señor
Trevijano, el coronel Diego Camacho, del CESID, relató
cómo sus jefes estaban dentro del golpe y cómo lo apartaron cuando lo
denunció ante su superior el general Calderón, sin saber que formaba
parte de la trama. Según este coronel, el Rey dio marcha atrás cuando
Armada le comunicó por teléfono que Tejero iba por libre y no le
obedecía.
Además, el hecho de que la radio y la televisión
continuaron transmitiendo, con un energúmeno pegando tiros al aire y el
mundo entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón”
absolutamente infumable a nivel internacional. En otra entrevista
realizada en la COPE por César Vidal al coronel Perote del CESID, que
vivió en directo todo el asunto, al preguntarle qué habría pasado si
Tejero hubiera obedecido y las cámaras hubieran sido desconectadas, su
respuesta fue rotunda: “Armada habría salido del Congreso investido como
presidente del Gobierno”.
Milán
del Bosch, que ya había sacado los tanques a la calle, no obedece al
Rey al instante, por eso el mensaje del monarca en la televisión no
puede emitirse hasta la madrugada
El jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, cuando fue expulsado de su cargo por el Rey, le contó a Trevijano cómo en el libro de visitas al monarca del día 11-F aparecía borrado el nombre de D. Alfonso de Borbón y en su lugar se había puesto el del general Armada,
que se presentó de improviso en la Zarzuela, sin conocimiento de su
capitán general.
Y -continúa el general Fernández Campos- “tratándome
como si fuera un soldado”, ante mi sorpresa me exigió “dígale que estoy
aquí y vera cómo me recibe (el Rey) en el acto”, lo que efectivamente
sucedió.
Fernández Campos le contó también a Trevijano que, a las
tres de la mañana del 24-F, ordenó a un capitán de servicio en la
Zarzuela que se presentara en la agencia EFE y retirara el cable enviado por el Rey a Milán del Bosch
en el que le decía “que ya no podía dar marcha atrás”. Se refería a la
suspensión de la operación político-militar promovida por la Corona.
Milán del Bosch, que ya había sacado los tanques a la calle, no obedece
al Rey al instante, por eso el mensaje del Rey en la televisión no puede
emitirse hasta la madrugada.
En el 23-F los militares pagaron el pato,
todos los condenados menos uno eran militares, aunque en el golpe había
mas civiles que militares. Y con una dignidad y una lealtad digna de
mejor causa todos mantuvieron la boca cerrada.
A día de hoy, el
Estado de las autonomías ha destruido la unidad de la conciencia de
España; arruinado la economía nacional, destruido la clase media, que lo
tiene más que merecido por ser el principal sostén de estos miserables;
convertido en mileuristas o menos al 60% de los
trabajadores ocupados y llevado a la pobreza y al hambre a mas de tres
millones de españoles.
Y lo único seguro para 2014 son nuevos recortes -
pensiones, salarios y desempleo - y más injusticia social, mientras
Gallardón y el ministro del Interior siembran las semillas de un regreso
al autoritarismo y de un recorte, esta vez, de las libertades
personales.
Fuente: Antonio García Trevijano es abogado y escritor. EN EL CONFIDENCIAL.
