APENAS RECORTAN EL 4% DE SUS 1.268 DIPUTADOS
Las autonomías siguen decididas a
mantener íntegro su aparato político después de seis años de crisis económica y
tres ejercicios de recortes y ajustes presupuestarios cargados sobre el
capítulo de servicios. De los 1.268 puestos de diputados autonómicos actuales,
sólo cuatro de Cantabria y entre 18 y 28 de Castilla-La Mancha está claro que
van a desaparecer cuando se celebren las elecciones municipales y regionales de
mayo de 2015. Ello supondrá una reducción general de apenas el 2,2 por ciento
en la nómina de parlamentarios del Estado de las autonomías.
El Partido Popular intenta el
recorte en otras comunidades, pero los partidos de izquierda y los
nacionalistas se niegan. Además, los estatutos blindados en la etapa de
Zapatero exigen trámites de reformas legislativas complejas y mayorías de hasta
dos tercios que dificultan la reducción de la mayoría de las Cámaras regionales
casi como si se tratara de cambiar la Constitución. Hay estatutos de autonomía
como el de Madrid que hasta fijan el aumento automático de representantes según
crece la población.
En todo el Estado de las
autonomías, salvo los casos citados de Cantabria y Castilla-La Mancha, en las
que el PP se ha impuesto por mayoría simple para ajustar gastos y nóminas en
las respectivas asambleas, sólo el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de
reducir la Cámara gallega en 14 escaños (de 75 a 61) para las elecciones
previstas en 2016 tiene visos de salir adelante.
El
recorte total de parlamentarios autonómicos españoles sería entonces algo
superior al 3% y el 96% de los cargos políticos dedicados a legislar en el
ámbito regional se habría mantenido después de casi dos legislaturas de crisis
económica, lucha contra el déficit y ajustes en casi todos los ámbitos de la
Administración y los servicios al ciudadano.
"El chocolate del loro"
de 250 millones
Los argumentos de socialistas,
comunistas, nacionalistas y regionalistas para mantener el mismo número de
diputados autonómicos son variados: desde que forma parte de la esencia de la
autonomía o nación, a que es “el chocolate del loro” y que reducir gastos en la
nómina de los parlamentarios (más asesores, secretarias y resto de personal
adscrito) es puro “populismo” de quien lo defiende. Caso por caso pueden
parecer cifras presupuestarias menores, pero sostener al conjunto de los diputados
autonómicos le cuesta al Estado unos 250 millones de euros por legislatura.
Los dirigentes del Partido
Popular han propuesto el recorte de las Cámaras regionales en casi toda España
donde tenían algún peso para hacerlo. En Madrid, primero Esperanza Aguirre y
después Ignacio González, han promovido la propuesta de dejar los actuales 129
diputados en la mitad: 65. El PP necesita el apoyo del PSOE o de IU para
aprobarlo y no lo tiene. Sólo UPyD secunda a los populares, pero no suman la
mayoría necesaria para acometer la reforma.
En Cantabria hace un año que los
populares, frente a la oposición de la izquierda, impusieron su mayoría simple
para pasar de los 39 escaños actuales a los 35 para las próximas elecciones,
que es el mínimo fijado en su estatuto.
María Dolores de Cospedal fue más allá que los
demás, y de la doctrina oficiosa de la dirección del PP que otros presidentes
autonómicos no han querido seguir. Con la misma mayoría simple con la que el
PSOE aumentó el número de escaños en la legislatura anterior para evitar su
propia derrota, la presidenta de la Junta de Comunidades ha aplicado la
hegemonía de los ‘populares’ para dejar los 53 puestos de diputado en una
horquilla situada entre 25 y 35 para los próximos comicios. La oposición
considera que el recorte es “un pucherazo”.
Sin movimientos en Castilla y
León
En Castilla-León y en la
Comunidad Valenciana los Gobiernos regionales no han movido ficha. Alberto
Fabra necesitaba el respaldo de los socialistas y de entrada le advirtieron que
consideraban sagrados los 99 escaños actuales. En Asturias, la presidenta del
PP, Mercedes Fernández, ha promovido una iniciativa para dejar los 45 puestos
de parlamentarios en 35. Foro Asturias, el partido de Francisco Álvarez-Cascos,
la apoyaba, pero el rechazo de PSOE e IU cerró el debate.
Los estatutos de autonomía, la
izquierda y los nacionalistas ya habían frenado una de las sugerencias
incluidas en la propuesta del Gobierno para la reforma de la Administración
incluso antes de que se aprobara. Por encima del Ejecutivo, la reducción del
aparato político, legislativo y de gestión de las autonomías depende de la
voluntad de sus gobernantes y también de los partidos de la oposición. Sólo una
reforma constitucional (que también requiere el concurso del PSOE) podría
abreviar el proceso de racionalización del Estado autonómico.
Fuente: ELCONFIDENCIAL.