martes, 2 de octubre de 2012

EN 2011 tRANSPARENCY INTERNATIONAL" YA NOS SUGERIA:




Recomendaciones prioritarias del SNI de " Transparency International"

1. Cambiar la normativa de financiación de partidos políticos

 y asegurar un  organismo  supervisor  independiente de los mismos.

2. Modificar el sistema electoral ( desbloqueamiento  de  las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad).


3. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el Tribunal Constitucional.


4. Es necesaria  una  Ley  de  Acceso  a la Información que garantice   efectivamente   la   transparencia   de   nuestras instituciones públicas.


5. Creación    de   una   Dirección   Pública   profesional    y eliminación de los nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública.




Otras Recomendaciones del SNI (efectuadas en el informe del 2011 también y pensemos sobre la situación actual)

1. En algunos  de  los  pilares,  como  el  poder  judicial  o  el legislativo, se destaca como problema la falta de recursos en la práctica.


No obstante, en  la  actual situación económica del país esta recomendación sería  difícilmente  aceptada.  En  todo  caso, creemos que los  recursos  del  poder legislativo, judicial y de las agencias de ejecución de la Ley deben ser mantenidos en su  nivel  actual  sin  recortes  o  ligeramente  incrementados sobre  la  base  de la  reasignación de recursos públicos.


2. Se  debe  mejorar  la  independencia  del  legislativo   y  la rendición  de  cuentas  de  los legisladores con respecto a su distrito electoral, sin caer en un sistema imprevisible y caótico en el apoyo al gobierno; para ello,  la introducción de algunas modificaciones en el sistema  electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, por ejemplo) podrían contribuir a estimular un funcionamiento interno  más  democrático  de  los partidos  y  a  favorecer la rendición   de   cuentas   de   los   representantes   ante  sus
representados.


3. Se debería crear un código ético del diputado y actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés de los legisladores.
 

4. Sería  conveniente despolitizar los órganos superiores del poder judicial.  El establecimiento de una carrera judicial con criterios claramente meritocráticos y objetivos podría ser una solución para el acceso a los puestos en los tribunales superiores.
 

5. Convendría actualizar la normativa de conflictos de interés de  jueces,  magistrados  y  fiscales,  regulando,  entre  otros aspectos,  los  controles  a  la  excedencia  y  a  los empleos aceptables tras ella.




6. Son  necesarias   mejoras   procesales   para  hacer  más
eficaz   la   persecución    de    la   corrupción.   Tal   vez   la
encomienda  a  los  fiscales  de  la  investigación  haría  más
viable el sistema.
 

7. Es   necesario    aprobar   una   ley   de   responsabilidad judicial.  En  ella,  se  incorporarían  prácticas ya existentes, como  la  comparecencia del  presidente del CGPJ ante las Cámaras  anualmente  o  el desarrollo  de  las  estadísticas judiciales  y  se  deberían  regular  de  forma más eficaz las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas.
 


8. La despolitización del CGPJ es esencial. La solución no es sencilla. Tal vez el nombramiento de sus miembros por sorteo entre  magistrados  calificados y entre abogados y juristas de reconocido  prestigio,  con  una  entrevista  selectiva  pública posterior en  el Congreso y Senado para estos últimos, fuera una solución a plantearse.


9. Es  necesaria  una  Ley  de  Acceso  a la  Información que garantice   efectivamente   la    transparencia    de   nuestras instituciones públicas; para ello, además, debería constituirse un   órgano    independiente   que   garantizase   la    efectiva implantación de la misma.  Para  reducir  costes, este órgano podría  ser   la Agencia de Protección de Datos, siempre que se establecieran en ella dos secciones independientes.

10.  Es   recomendable   la   aprobación   de   una   Ley   de Rendimientos    del   Gobierno,   que    obligue   a   todos los organismos    públicos   a   elaborar   un  plan  estratégico  y
presentarlo al Congreso, con una rendición de cuentas anual de su cumplimiento.


Para no cansaros, ir meditando estas recomendaciones que seguiremos publicando en Mentiras de la Crisis.

Fuente:  Segunda Reunión del Comité Asesor
27 Septiembre 2011 www.transparencia.org.

lunes, 1 de octubre de 2012

HABRA QUE TOMARLO A RISA




Al español no le falta humor para reírse hasta de sus propias desgracias. Estos comics de http://caxigalinas.blogspot.com.es/2012/06/crisis-economica-espanola-en-clave-de.html tienen un fondo muy representativo del sentimiento de "cabreo" que nos embarga.

domingo, 30 de septiembre de 2012

HUMOR EN LA RED SOBRE EL 25-S-


YA EL AÑO PASADO CON ZAPATERO






  • El despilfarro del Estado de las autonomías cuesta 24.000 millones al año.



    Los excesos de los organismos públicos son cada día “más sangrantes”, advierten los expertos. La red de clientelas surgida alrededor de los Gobiernos regionales es uno de los graves problemas del sistema.

  • El actual sistema autonómico es cada día más insostenible. “Estamos al borde de la bancarrota”. Así de alarmante describen la situación actual del Estado numerosos catedráticos, economistas y la práctica totalidad de los políticos pero, por el momento, sólo Mariano Rajoy ha prometido abordar una revisión en profundidad del Estado autonómico.

    La propuesta, dicen en el Partido Popular, no la desvelarán hasta el programa electoral de 2012, pero ya han avanzado que el objetivo principal será delimitar competencias entre comunidades, ayuntamientos, Estado y diputaciones provinciales para acabar con los excesos del sistema.

    Según un estudio realizado por el economista y dirigente de Unión, Progreso y Democracia, Luis de Velasco, las duplicidades actuales del Estado de las autonomías nos cuestan anualmente entre un 0,7% y un 2,3% del PIB nacional.

    Es decir, que si se acabara con esos excesos la Administración central se podría ahorrar un mínimo de 24.000 millones de euros. Esa cifra equivale, por ejemplo, a la deuda pública emitida por España en este año.

    El sillón de consejera de Estado que ocupará la recientemente cesada vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega es un ejemplo claro de ese despilfarro del Estado descentralizado español. Prácticamente, todos los Gobiernos regionales han creado sus propios Consejos de Estado, algunos, incluso, tienen hasta dos consejos consultivos, como Cataluña.

    Defensores del pueblo, del menor, sindicaturas de cuentas, agencias de protección de datos y un sinfín de observatorios sin competencias pero presupuestos abultados engrosan la lista de organismos públicos “poco eficaces y nada eficientes”, explica el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Bañón.

    El mismo profesor resume a la perfección las tres vertientes de este elefante administrativo en el que se ha convertido el Estado de las Autonomías. “Por un lado, está el problema político. Hemos creado un sistema asimétrico en el que unas comunidades autónomas tienen un régimen privativo, es decir, que la seguridad en Madrid o en el País Vasco corre a cargo de la Bescam en un caso y la Ertzaintza en otro. La segunda vertiente es la económica. Un Estado de las Autonomías como el que tenemos montado es un despilfarro. La redundancia de gastos lo hace insostenible y, además, no se controla a dónde va el gasto público. El tercer problema es la descoordinación. Hemos traspasado la educación y la sanidad a las comunidades autónomas y eso supone la ruptura de la caja única y crear un problema de justicia, de vulneración de los derechos por el hecho de haber nacido en una u otra comunidad”.


    Bajo esa maraña de traspasos económicos y competenciales está el verdadero anclaje que impide avanzar al barco. Según Bañón, el problema político y económico se resolvería si los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en hacerlo, pero esto supondría “romper las clientelas creadas por las comunidades”.


    Una prueba de esas clientelas a las que se refiere el catedrático de la Universidad Complutense es que la mitad de los funcionarios existentes en toda España dependen de las Administraciones autonómicas, sin embargo, los Gobiernos regionales sólo gestionan el 30% de los presupuestos generales.


    El informe elaborado por Luis de Velasco, por su parte, pone también de manifiesto el gasto desproporcionado de los parlamentos autonómicos. Según los datos denunciados en varias ocasiones por el partido de Rosa Díez, cada diputado regional catalán cuesta a las arcas públicas más de 505.000 euros, mientras que un parlamentario nacional supone un gasto de 280.000 euros. Esa desproporción surge de la división entre el número de representantes y el presupuesto de las cámaras. En este caso, el Parlamento catalán tiene una partida de 68 millones de euros y 135 diputados, mientras que el Congreso cuenta con un presupuesto de 98 millones y 350 parlamentarios.


    Además de la duplicidad de organismos y ventanillas existente a consecuencia de la descentralización, otro de los problemas a los que se enfrenta el Estado, especialmente en la actual situación de crisis que se está viviendo, es la desproporcionada creación de empresas públicas. Entre esas compañías se encuentran las cajas de ahorros, cuya gestión ha quedado en evidencia y que, de acuerdo a la opinión de los expertos, son “reinos de taifas” contaminados políticamente.


    En esta lista de despilfarro por triplicado se encuentran también las subvenciones otorgadas por cada una de las Administraciones que han dado lugar a entidades que viven única y exclusivamente de las ayudas públicas a pesar de su falta de actividad.


    Otro de los problemas es la desigualdad entre territorios. Lo que ha dado lugar a un gran malestar entre los ciudadanos que apelan a las distintas clases de votantes, los de primera y los de segunda. En este sentido, lo más peligroso, según advierten los expertos, son las desigualdades relacionadas con la sanidad y la educación, que han provocado que los conocimientos de historia que adquieren los niños extremeños no tengan nada que ver con los gallegos, por ejemplo.


    El caso de las embajadas autonómicas supone también, además de un despilfarro autonómico, un problema para la imagen que el país da en el exterior. Vender nuestro producto dividido en 17 piezas es poco operativo y menos competitivo.

    Más rémoras

    Según el último estudio de Deloitte para UTECA, la asociación que agrupa a las grandes cadenas privadas de televisión, actualmente los canales autonómicos acumulan una deuda de 1.480 millones de euros.


    Trece de las 17 comunidades autónomas cuentan con su propia televisión pública y dan trabajo a unos 10.000 trabajadores. Según los datos facilitados por las propias cadenas regionales, cada ciudadano vasco paga unos 140 euros al año por sintonizar en su televisor la EiTB; los madrileños, por su parte, abonan cada uno 15,5 euros por ver Telemadrid.


    A pesar de que el coste de la televisión de la Comunidad madrileña no es de los más elevados, la primera presidenta autonómica que ha levantado la voz para plantear la posibilidad de privatizar la cadena pública de su región ha sido Esperanza Aguirre.

    Últimamente, también la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha sumado a esa petición, pero la propia legislación existente es bastante restrictiva y determina que debe ser el Gobierno central el que debería abordar este asunto en coordinación con los Ejecutivos regionales.

    El ejemplo de las cadenas regionales, que con la llegada de la TDT han incrementado el número de sus canales, es uno más dentro de una larguísima lista. Suma y sigue. El Estado pierde dinero por cada agujero de los bolsillos autonómicos mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se empeña en intercambiar transferencias a cambio de votos parlamentarios.
      
    http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/despilfarro-del-estado-las-autonomias-cuest

    N.R: así le fue al PSOE en las ultimas elecciones.

OCASO DE LAS IDEOLOGIAS.Reflexiones desde el caso chileno a meditar...



No cabe duda de que Gonzalo Fernández de la Mora tuvo razón cuando pronosticó, en la mitad del siglo pasado, el crepúsculo de las ideologías.

El mundo comenzó a cambiar al derrumbarse estrepitosamente la URSS y los regímenes socialistas de Europa .

Fue aquella una crisis espontánea, que no tiene otra causa que el fracaso de un sistema. Es difícil, por lo mismo, que nuestra juventud pueda comprender lo ocurrido en Chile durante la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables que se amenazaban con el exterminio, y en que cada elección podía sellar el destino de nuestra patria. 

Mucho menos podrá explicarse la profunda crisis que sufrimos cuando nos enfrentamos a la posibilidad cierta de seguir el camino de la Cuba castrista.

De aquí que lo sucedido sea históricamente distorsionado, al extremo de invertir los papeles, ya que mientras los que predican ahora su adhesión a la democracia fueron ayer sus enemigos más obcecados, quienes la reconstruyeron sean hoy sus destructores.

Dígase lo que se quiera, pero la verdad es que la democracia la restauró el gobierno militar, a través de un itinerario constitucional aprobado en un plebiscito, que se respetó rigurosamente y que determinó la entrega del poder a los partidos políticos tradicionales, tal como se previó diez años antes.

 Se dirá que el gobierno militar tardó mucho en crear las condiciones para volver al democrático, y que hubo violaciones graves a los derechos humanos. Lo primero la magnitud de la obra realizada, la misma que aseguró al país estabilidad y continuidad institucional; lo segundo es doloroso, pero producto de una resistencia subversiva que en todas las naciones del mundo, sujetas a la misma experiencia, provocó excesos, injusticia y sufrimientos.

Chile no podía escapar a esta realidad, tanto más si, desde diversos países, se estimulaba el enfrentamiento, se preparaban guerrilleros y se suministraban armas para la resistencia armada.


Hoy las cosas son muy distintas. Los unos se han renovado, abandonando posiciones irreductibles y utopías embriagadoras; los otros han valorizado la importancia del entendimiento, el diálogo y los acuerdos.

 Poco espacio va quedando para el odio, el resentimiento y el revanchismo histórico que envenena el alma. De aquí que sea justo reconocer que Chile no es el mismo, que hemos cambiado y que el sufrimiento no ha sido en vano.

 Pero, sin duda, lo más novedoso y alentador es la invasión de un pragmatismo que privilegia la y el avance científico, y que exige desarrollo, igualdad de oportunidades y justicia social.

La inmensa mayoría entiende que nada de ello se conquistará si el país no crece, que no puede redistribuirse la pobreza, y que todo lo que se conquiste será fruto de un esfuerzo compartido.


Muchos sectores reclaman un cambio en los hábitos políticos, la renovación generacional de las directivas partidistas, la modernización de las estrategias electorales. Se observa un agotamiento de los viejos liderazgos y la necesidad de crear nuevas manifestaciones que expresen con fidelidad lo que anhela la común y corriente. 


Hoy es más importante mejorar la educación, la seguridad, la salud y el trabajo, que discutir sobre el aumento de la presencia del Estado en el proceso productor, o las regulaciones y los controles como única vía para lograrlo, o volver sobre las limitaciones a la libertad individual a pretexto de preservar valores inmanentes. Han muerto las ideologías y surge con fuerza el pragmatismo tecnológico. Las utopías ya no obsesionan a los pueblos, y quienes pretendan imponerlas serán acallados por la historia.


La visión de esta nueva realidad no puede prescindir de la necesidad de ensanchar los cauces de participación ciudadana. 

En la crisis de 1973, creemos nosotros, gravitó poderosamente esta circunstancia. Cuando dichos se saturan, las corrientes de opinión se desbordan y, generalmente, terminan provocando el caos. No sólo hay que oír a la gente. 

Lo que se requiere es permitir su participación en las diferentes áreas del quehacer . Una sociedad dominada por el pragmatismo tecnológico no puede quedar sujeta a los viejos y desgastados instrumentos de participación concebidos para otros tiempos.

 http://tertuliapolitica.bligoo.com/content/view/720557/El-ocaso-de-las-ideologias.html#.UGgmw1Yvk5I

España: el drama de una prensa alienada y sometida, que manipula e ignora noticias importantes...

LO SABEMOS MUY BIEN ¿ Y QUE HACEMOS?

16.02.12


Mientras la prensa española sometida y complaciente llena hoy sus portadas con titulares e imágenes sobre la inútil y vacía primera reunión entre Rajoy y Rubalcaba en la Moncloa, ignora la noticia más destacada del día: un sondeo (Eurobarómetro) de Unión Europea, que revela que nada menos que el 93 por ciento de los españoles opina "que su Administración es corrupta". 

El dato sobre la corrupción masiva en España es tan elevado que los sociólogos lo consideran unánime, ya que el 7 por ciento restante son políticos o asimilados. Aunque no está comprobado todavía, es probable que el dato sobre la corrupción en España sea el más elevado y unánime registrado por un eurobarómetro en toda Europa y uno de los más elevados del mundo. 

Los sondeos en España, convenientemente "cocinados" por el poder, establecen que la primera preocupación de los ciudadanos es la situación pésima de la economía, seguida del desempleo masivo y, en tercer lugar, la clase política, que aparece con porcentajes de preocupación inferiores al 30 por ciento, una cifra que nada tiene que ver con lo que revela el último Eurobarómetro, según el cual nada menos que un 93 por ciento, una cifra que refleja una rara unanimidad, cree que sus políticos y gobernantes son corruptos. 

Resulta incomprensible que la corrupción aparezca ya en las encuestas españolas como la cuarta preocupación ciudadana, con porcentajes muy pequeños, de menos de una cuarta parte de los que refleja el sondeo europeo. 

Una de las dos partes miente y me temo que es la española, ya que, por lógica, la corrupción y el rechazo a la clase política están por encima de dos políticas concretas, como son la económica y la del empleo, responsabilidad y fracaso de esa clase política rechazada y corrompida. 

Lo que no reflejan las encuestas todavía, aunque seguro que ya aparece como preocupación creciente, es la inutilidad y el fracaso de la prensa española, obsesionada con la política, dependiente de los políticos e incapaz de ser independiente y de cumplir con su deber de criticar a los poderes y reflejar las preocupaciones y anhelos de la sociedad, como establece la democracia. 

La prensa española es una de las que dedica más espacio a la política en toda la Unión Europea, pero lo hace no como reflejo de un interés popular, sino como consecuencia de su vergonzoso sometimiento y dependencia de la clase política, con la que está ligada a través de alianzas desconocidas, financiaciones opacas y cruces de intereses que muchas veces se traducen en autocensuras, ocultación de verdades y defensas de políticas y de políticos alejados de la ética. . 

La mayoría de los grandes pensadores políticos, filósofos y sociólogos opinan que sin una prensa independiente y crítica, capaz de fiscalizar al poder, es imposible que exista democracia y que una prensa sometida y dependiente facilita la corrupción, el abuso de poder y la arbitrariedad de los poderes. 


http://blogs.periodistadigital.com/votoenblanco.php/2012/02/16/espana-el-drama-de-una-prensa-alienada-y

SI NO ME DAS LO QUE QUIERO ME INDEPENDIZO



Ahora que CiU ha demostrado ser incapaz de controlar una crisis generada sobre un modelo de administración autonómica ultra subvencionada y mastodóntica que ellos mismos crearon, vuelve a agitar el fantasma identitario, para que los catalanes miren el dedo y no la luna. 
 
 
El nacionalismo, ya sea catalán, vasco, gallego, canario o cartagenero, se resume en una frase: si no me das lo que quiero, agito mis ‘hechos diferenciales’ y me independizo.
 
 
 En la mayor de las ocasiones, se trata de una simple amenaza, de un chantaje con el que se logran no pocas concesiones ante unos partidos ‘nacionales’ con más miedo que vergüenza en reconocer ese papel, que debería ser su enseña diferencial en esas regiones. Una vergüenza que demuestran ocultando ese carácter nacional en esas regiones, donde se mimetizan con el ambiente y pasan por ser más nacionalistas hasta que los secesionistas. 
 
 
 
En ese totum revolutum del despiste, con un PSOE pasando por tripartitos y un PP poniendo señeras y negando la existencia de los conflictos lingüísticos como hizo el actual ministro del Interior, los nacionalistas sacan pecho y ventaja, ante el cainismo de los dos grandes partidos nacionales, metidos en berenjenales para mimetizarse con el ambiente, de café para todos, Nación de naciones y acercamientos y excarcelaciones de etarras, que sólo dan oxígeno a las reivindicaciones identitarias.
 
 
 
Ese chantaje constante, incluido el uso torticero en lo que les conviene de la Constitución, debe acabar. No puede ser que se pida a papá Estado que rescate a una región que debe su crecimiento a las inversiones constantes ordenadas desde Madrid desde hace siglos, y por otro se amenace a independizarse apropiándose de esas inversiones realizadas ordenadas por Madrid cuando les conviene y por un modelo absurdo e insostenible económicamente que ellos mismos han creado.
 
 
No tiene sentido que Cataluña siga dedicando auténticas millonadas a políticas lingüísticas, embajadas exteriores, promociones de hechos diferenciales y a mantener toda una red clientelar y de empleo a militantes convergentes, restándole ese dinero a la sanidad, educación y a los trabajadores catalanes y que luego acuse al resto de España de que les falta dinero para cuadrar sus cuentas. 
 
Como no tiene sentido tildar a Extremadura de “región subvencionada” a renglón seguido de pedir el rescate financiero a Madrid. A Cataluña y a toda España le hace falta mucha menos demagogia de sus políticos, que se bajen de los coches oficiales, se reduzca el número de políticos en sus instituciones, se ponga fin a gastos innecesarios como las embajadas autonómicas y se adecue el tamaño de la administraciones a lo que realmente nos podemos pagar. Eso, y recordar que todos los españoles somos iguales y nadie es más que nadie por haber nacido en una u otra región. En momentos como este nuestra sociedad no necesita demagogos ni populistas para salir de la crisis, sino hombres de Estado.
 
 http://www.diarioelaguijon.com