martes, 2 de octubre de 2012
EN 2011 tRANSPARENCY INTERNATIONAL" YA NOS SUGERIA:
Recomendaciones prioritarias del SNI de " Transparency International"
1. Cambiar la normativa de financiación de partidos políticos
y asegurar un organismo supervisor independiente de los mismos.
2. Modificar el sistema electoral ( desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad).
3. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el Tribunal Constitucional.
4. Es necesaria una Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas.
5. Creación de una Dirección Pública profesional y eliminación de los nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública.
Otras Recomendaciones del SNI (efectuadas en el informe del 2011 también y pensemos sobre la situación actual)
1. En algunos de los pilares, como el poder judicial o el legislativo, se destaca como problema la falta de recursos en la práctica.
No obstante, en la actual situación económica del país esta recomendación sería difícilmente aceptada. En todo caso, creemos que los recursos del poder legislativo, judicial y de las agencias de ejecución de la Ley deben ser mantenidos en su nivel actual sin recortes o ligeramente incrementados sobre la base de la reasignación de recursos públicos.
2. Se debe mejorar la independencia del legislativo y la rendición de cuentas de los legisladores con respecto a su distrito electoral, sin caer en un sistema imprevisible y caótico en el apoyo al gobierno; para ello, la introducción de algunas modificaciones en el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, por ejemplo) podrían contribuir a estimular un funcionamiento interno más democrático de los partidos y a favorecer la rendición de cuentas de los representantes ante sus
representados.
3. Se debería crear un código ético del diputado y actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés de los legisladores.
4. Sería conveniente despolitizar los órganos superiores del poder judicial. El establecimiento de una carrera judicial con criterios claramente meritocráticos y objetivos podría ser una solución para el acceso a los puestos en los tribunales superiores.
5. Convendría actualizar la normativa de conflictos de interés de jueces, magistrados y fiscales, regulando, entre otros aspectos, los controles a la excedencia y a los empleos aceptables tras ella.
6. Son necesarias mejoras procesales para hacer más
eficaz la persecución de la corrupción. Tal vez la
encomienda a los fiscales de la investigación haría más
viable el sistema.
7. Es necesario aprobar una ley de responsabilidad judicial. En ella, se incorporarían prácticas ya existentes, como la comparecencia del presidente del CGPJ ante las Cámaras anualmente o el desarrollo de las estadísticas judiciales y se deberían regular de forma más eficaz las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas.
8. La despolitización del CGPJ es esencial. La solución no es sencilla. Tal vez el nombramiento de sus miembros por sorteo entre magistrados calificados y entre abogados y juristas de reconocido prestigio, con una entrevista selectiva pública posterior en el Congreso y Senado para estos últimos, fuera una solución a plantearse.
9. Es necesaria una Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas; para ello, además, debería constituirse un órgano independiente que garantizase la efectiva implantación de la misma. Para reducir costes, este órgano podría ser la Agencia de Protección de Datos, siempre que se establecieran en ella dos secciones independientes.
10. Es recomendable la aprobación de una Ley de Rendimientos del Gobierno, que obligue a todos los organismos públicos a elaborar un plan estratégico y
presentarlo al Congreso, con una rendición de cuentas anual de su cumplimiento.
Para no cansaros, ir meditando estas recomendaciones que seguiremos publicando en Mentiras de la Crisis.
Fuente: Segunda Reunión del Comité Asesor
27 Septiembre 2011 www.transparencia.org.
lunes, 1 de octubre de 2012
HABRA QUE TOMARLO A RISA
Al español no le falta humor para reírse hasta de sus propias desgracias. Estos comics de http://caxigalinas.blogspot.com.es/2012/06/crisis-economica-espanola-en-clave-de.html tienen un fondo muy representativo del sentimiento de "cabreo" que nos embarga.
domingo, 30 de septiembre de 2012
YA EL AÑO PASADO CON ZAPATERO
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El despilfarro del Estado de las autonomías cuesta 24.000 millones al año.-
- Los excesos de los organismos públicos son cada día “más sangrantes”, advierten los expertos. La red de clientelas surgida alrededor de los Gobiernos regionales es uno de los graves problemas del sistema.
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El actual sistema autonómico es cada día más insostenible. “Estamos al borde de la bancarrota”. Así de alarmante describen la situación actual del Estado numerosos catedráticos, economistas y la práctica totalidad de los políticos pero, por el momento, sólo Mariano Rajoy ha prometido abordar una revisión en profundidad del Estado autonómico.
La propuesta, dicen en el Partido Popular, no la desvelarán hasta el programa electoral de 2012, pero ya han avanzado que el objetivo principal será delimitar competencias entre comunidades, ayuntamientos, Estado y diputaciones provinciales para acabar con los excesos del sistema.Según un estudio realizado por el economista y dirigente de Unión, Progreso y Democracia, Luis de Velasco, las duplicidades actuales del Estado de las autonomías nos cuestan anualmente entre un 0,7% y un 2,3% del PIB nacional.
Es decir, que si se acabara con esos excesos la Administración central se podría ahorrar un mínimo de 24.000 millones de euros. Esa cifra equivale, por ejemplo, a la deuda pública emitida por España en este año.
El sillón de consejera de Estado que ocupará la recientemente cesada vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega es un ejemplo claro de ese despilfarro del Estado descentralizado español. Prácticamente, todos los Gobiernos regionales han creado sus propios Consejos de Estado, algunos, incluso, tienen hasta dos consejos consultivos, como Cataluña.
Defensores del pueblo, del menor, sindicaturas de cuentas, agencias de protección de datos y un sinfín de observatorios sin competencias pero presupuestos abultados engrosan la lista de organismos públicos “poco eficaces y nada eficientes”, explica el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Bañón.
El mismo profesor resume a la perfección las tres vertientes de este elefante administrativo en el que se ha convertido el Estado de las Autonomías. “Por un lado, está el problema político. Hemos creado un sistema asimétrico en el que unas comunidades autónomas tienen un régimen privativo, es decir, que la seguridad en Madrid o en el País Vasco corre a cargo de la Bescam en un caso y la Ertzaintza en otro. La segunda vertiente es la económica. Un Estado de las Autonomías como el que tenemos montado es un despilfarro. La redundancia de gastos lo hace insostenible y, además, no se controla a dónde va el gasto público. El tercer problema es la descoordinación. Hemos traspasado la educación y la sanidad a las comunidades autónomas y eso supone la ruptura de la caja única y crear un problema de justicia, de vulneración de los derechos por el hecho de haber nacido en una u otra comunidad”.
Bajo esa maraña de traspasos económicos y competenciales está el verdadero anclaje que impide avanzar al barco. Según Bañón, el problema político y económico se resolvería si los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en hacerlo, pero esto supondría “romper las clientelas creadas por las comunidades”.
Una prueba de esas clientelas a las que se refiere el catedrático de la Universidad Complutense es que la mitad de los funcionarios existentes en toda España dependen de las Administraciones autonómicas, sin embargo, los Gobiernos regionales sólo gestionan el 30% de los presupuestos generales.
El informe elaborado por Luis de Velasco, por su parte, pone también de manifiesto el gasto desproporcionado de los parlamentos autonómicos. Según los datos denunciados en varias ocasiones por el partido de Rosa Díez, cada diputado regional catalán cuesta a las arcas públicas más de 505.000 euros, mientras que un parlamentario nacional supone un gasto de 280.000 euros. Esa desproporción surge de la división entre el número de representantes y el presupuesto de las cámaras. En este caso, el Parlamento catalán tiene una partida de 68 millones de euros y 135 diputados, mientras que el Congreso cuenta con un presupuesto de 98 millones y 350 parlamentarios.
Además de la duplicidad de organismos y ventanillas existente a consecuencia de la descentralización, otro de los problemas a los que se enfrenta el Estado, especialmente en la actual situación de crisis que se está viviendo, es la desproporcionada creación de empresas públicas. Entre esas compañías se encuentran las cajas de ahorros, cuya gestión ha quedado en evidencia y que, de acuerdo a la opinión de los expertos, son “reinos de taifas” contaminados políticamente.
En esta lista de despilfarro por triplicado se encuentran también las subvenciones otorgadas por cada una de las Administraciones que han dado lugar a entidades que viven única y exclusivamente de las ayudas públicas a pesar de su falta de actividad.
Otro de los problemas es la desigualdad entre territorios. Lo que ha dado lugar a un gran malestar entre los ciudadanos que apelan a las distintas clases de votantes, los de primera y los de segunda. En este sentido, lo más peligroso, según advierten los expertos, son las desigualdades relacionadas con la sanidad y la educación, que han provocado que los conocimientos de historia que adquieren los niños extremeños no tengan nada que ver con los gallegos, por ejemplo.
El caso de las embajadas autonómicas supone también, además de un despilfarro autonómico, un problema para la imagen que el país da en el exterior. Vender nuestro producto dividido en 17 piezas es poco operativo y menos competitivo.Más rémoras
Según el último estudio de Deloitte para UTECA, la asociación que agrupa a las grandes cadenas privadas de televisión, actualmente los canales autonómicos acumulan una deuda de 1.480 millones de euros.
Trece de las 17 comunidades autónomas cuentan con su propia televisión pública y dan trabajo a unos 10.000 trabajadores. Según los datos facilitados por las propias cadenas regionales, cada ciudadano vasco paga unos 140 euros al año por sintonizar en su televisor la EiTB; los madrileños, por su parte, abonan cada uno 15,5 euros por ver Telemadrid.
A pesar de que el coste de la televisión de la Comunidad madrileña no es de los más elevados, la primera presidenta autonómica que ha levantado la voz para plantear la posibilidad de privatizar la cadena pública de su región ha sido Esperanza Aguirre.
Últimamente, también la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha sumado a esa petición, pero la propia legislación existente es bastante restrictiva y determina que debe ser el Gobierno central el que debería abordar este asunto en coordinación con los Ejecutivos regionales.
El ejemplo de las cadenas regionales, que con la llegada de la TDT han incrementado el número de sus canales, es uno más dentro de una larguísima lista. Suma y sigue. El Estado pierde dinero por cada agujero de los bolsillos autonómicos mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se empeña en intercambiar transferencias a cambio de votos parlamentarios.http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/despilfarro-del-estado-las-autonomias-cuestN.R: así le fue al PSOE en las ultimas elecciones.
OCASO DE LAS IDEOLOGIAS.Reflexiones desde el caso chileno a meditar...
No cabe duda de que Gonzalo Fernández de la Mora tuvo
razón cuando pronosticó, en la mitad del siglo pasado, el
crepúsculo de las ideologías.
El mundo comenzó a cambiar al derrumbarse
estrepitosamente la URSS y los regímenes socialistas de Europa
.
Fue aquella una crisis espontánea, que no tiene otra causa
que el fracaso de un sistema. Es difícil, por lo mismo, que nuestra
juventud pueda comprender lo ocurrido en Chile durante la Guerra Fría,
cuando el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables que se
amenazaban con el exterminio, y en que cada elección podía sellar el
destino de nuestra patria.
Mucho menos podrá explicarse la profunda
crisis que sufrimos cuando nos enfrentamos a la posibilidad cierta de
seguir el camino de la Cuba castrista.
De aquí que lo sucedido sea
históricamente distorsionado, al extremo de invertir los papeles, ya
que mientras los que predican ahora su adhesión a la democracia fueron
ayer sus enemigos más obcecados, quienes la reconstruyeron sean hoy sus
destructores.
Dígase lo que se quiera, pero la verdad es que la
democracia la restauró el gobierno militar, a través de un itinerario
constitucional aprobado en un plebiscito, que se respetó rigurosamente
y que determinó la entrega del poder a los partidos políticos
tradicionales, tal como se previó diez años antes.
Se dirá que el
gobierno militar tardó mucho en crear las condiciones para volver al
democrático, y que hubo violaciones graves a los derechos
humanos. Lo primero la magnitud de la obra realizada, la misma
que aseguró al país estabilidad y continuidad institucional; lo segundo
es doloroso, pero producto de una resistencia subversiva que en todas
las naciones del mundo, sujetas a la misma experiencia, provocó
excesos, injusticia y sufrimientos.
Chile no podía escapar a esta
realidad, tanto más si, desde diversos países, se estimulaba el
enfrentamiento, se preparaban guerrilleros y se suministraban armas
para la resistencia armada.
Hoy las cosas son muy distintas. Los unos se han
renovado, abandonando posiciones irreductibles y utopías embriagadoras;
los otros han valorizado la importancia del entendimiento, el diálogo y
los acuerdos.
Poco espacio va quedando para el odio, el resentimiento y
el revanchismo histórico que envenena el alma. De aquí que sea justo
reconocer que Chile no es el mismo, que hemos cambiado y que el
sufrimiento no ha sido en vano.
Pero, sin duda, lo más novedoso y
alentador es la invasión de un pragmatismo que privilegia la
y el avance científico, y que exige desarrollo, igualdad de
oportunidades y justicia social.
La inmensa mayoría entiende que nada
de ello se conquistará si el país no crece, que no puede redistribuirse
la pobreza, y que todo lo que se conquiste será fruto de un esfuerzo
compartido.
Muchos sectores reclaman un cambio en los hábitos
políticos, la renovación generacional de las directivas partidistas, la
modernización de las estrategias electorales. Se observa un agotamiento
de los viejos liderazgos y la necesidad de crear nuevas manifestaciones
que expresen con fidelidad lo que anhela la común y
corriente.
Hoy es más importante mejorar la educación, la seguridad, la
salud y el trabajo, que discutir sobre el aumento de la presencia del
Estado en el proceso productor, o las regulaciones y los controles como
única vía para lograrlo, o volver sobre las limitaciones a la libertad
individual a pretexto de preservar valores inmanentes. Han muerto las
ideologías y surge con fuerza el pragmatismo tecnológico. Las utopías
ya no obsesionan a los pueblos, y quienes pretendan imponerlas serán
acallados por la historia.
La visión de esta nueva realidad no puede prescindir
de la necesidad de ensanchar los cauces de participación ciudadana.
En
la crisis de 1973, creemos nosotros, gravitó poderosamente esta
circunstancia. Cuando dichos se saturan, las corrientes de
opinión se desbordan y, generalmente, terminan provocando el caos. No
sólo hay que oír a la gente.
Lo que se requiere es permitir su
participación en las diferentes áreas del quehacer . Una
sociedad dominada por el pragmatismo tecnológico no puede quedar sujeta
a los viejos y desgastados instrumentos de participación concebidos
para otros tiempos.
http://tertuliapolitica.bligoo.com/content/view/720557/El-ocaso-de-las-ideologias.html#.UGgmw1Yvk5I
España: el drama de una prensa alienada y sometida, que manipula e ignora noticias importantes...
LO SABEMOS MUY BIEN ¿ Y QUE HACEMOS?
16.02.12
Mientras
la prensa española sometida y complaciente llena hoy sus portadas con
titulares e imágenes sobre la inútil y vacía primera reunión entre Rajoy
y Rubalcaba en la Moncloa, ignora la noticia más destacada del día: un
sondeo (Eurobarómetro) de Unión Europea, que revela que nada menos que el 93 por ciento de los españoles opina "que su Administración es corrupta".
El dato sobre la corrupción masiva en España es tan elevado que los
sociólogos lo consideran unánime, ya que el 7 por ciento restante son
políticos o asimilados. Aunque no está comprobado todavía, es probable
que el dato sobre la corrupción en España sea el más elevado y unánime
registrado por un eurobarómetro en toda Europa y uno de los más elevados
del mundo.
Los sondeos en España, convenientemente "cocinados" por el poder,
establecen que la primera preocupación de los ciudadanos es la situación
pésima de la economía, seguida del desempleo masivo y, en tercer lugar,
la clase política, que aparece con porcentajes de preocupación
inferiores al 30 por ciento, una cifra que nada tiene que ver con lo que
revela el último Eurobarómetro, según el cual nada menos que un 93 por
ciento, una cifra que refleja una rara unanimidad, cree que sus
políticos y gobernantes son corruptos.
Resulta incomprensible que la corrupción aparezca ya en las
encuestas españolas como la cuarta preocupación ciudadana, con
porcentajes muy pequeños, de menos de una cuarta parte de los que
refleja el sondeo europeo.
Una de las dos partes miente y me temo que es la española, ya que,
por lógica, la corrupción y el rechazo a la clase política están por
encima de dos políticas concretas, como son la económica y la del
empleo, responsabilidad y fracaso de esa clase política rechazada y
corrompida.
Lo que no reflejan las encuestas todavía, aunque seguro que ya
aparece como preocupación creciente, es la inutilidad y el fracaso de la
prensa española, obsesionada con la política, dependiente de los
políticos e incapaz de ser independiente y de cumplir con su deber de
criticar a los poderes y reflejar las preocupaciones y anhelos de la
sociedad, como establece la democracia.
La prensa española es una de las que dedica más espacio a la
política en toda la Unión Europea, pero lo hace no como reflejo de un
interés popular, sino como consecuencia de su vergonzoso sometimiento y
dependencia de la clase política, con la que está ligada a través de
alianzas desconocidas, financiaciones opacas y cruces de intereses que
muchas veces se traducen en autocensuras, ocultación de verdades y
defensas de políticas y de políticos alejados de la ética. .
La mayoría de los grandes pensadores políticos, filósofos y
sociólogos opinan que sin una prensa independiente y crítica, capaz de
fiscalizar al poder, es imposible que exista democracia y que una prensa
sometida y dependiente facilita la corrupción, el abuso de poder y la
arbitrariedad de los poderes.
http://blogs.periodistadigital.com/votoenblanco.php/2012/02/16/espana-el-drama-de-una-prensa-alienada-y
SI NO ME DAS LO QUE QUIERO ME INDEPENDIZO
Ahora
que CiU ha demostrado ser incapaz de controlar una crisis generada
sobre un modelo de administración autonómica ultra subvencionada y
mastodóntica que ellos mismos crearon, vuelve a agitar el fantasma
identitario, para que los catalanes miren el dedo y no la luna.
El
nacionalismo, ya sea catalán, vasco, gallego, canario o cartagenero, se
resume en una frase: si no me das lo que quiero, agito mis ‘hechos
diferenciales’ y me independizo.
En la mayor de las ocasiones, se trata
de una simple amenaza, de un chantaje con el que se logran no pocas
concesiones ante unos partidos ‘nacionales’ con más miedo que vergüenza
en reconocer ese papel, que debería ser su enseña diferencial en esas
regiones. Una vergüenza que demuestran ocultando ese carácter nacional
en esas regiones, donde se mimetizan con el ambiente y pasan por ser más
nacionalistas hasta que los secesionistas.
En
ese totum revolutum del despiste, con un PSOE pasando por tripartitos y
un PP poniendo señeras y negando la existencia de los conflictos
lingüísticos como hizo el actual ministro del Interior, los
nacionalistas sacan pecho y ventaja, ante el cainismo de los dos grandes
partidos nacionales, metidos en berenjenales para mimetizarse con el
ambiente, de café para todos, Nación de naciones y acercamientos y
excarcelaciones de etarras, que sólo dan oxígeno a las reivindicaciones
identitarias.
Ese chantaje constante, incluido el
uso torticero en lo que les conviene de la Constitución, debe acabar. No
puede ser que se pida a papá Estado que rescate a una región que debe
su crecimiento a las inversiones constantes ordenadas desde Madrid desde
hace siglos, y por otro se amenace a independizarse apropiándose de
esas inversiones realizadas ordenadas por Madrid cuando les conviene y
por un modelo absurdo e insostenible económicamente que ellos mismos han
creado.
No tiene sentido que Cataluña siga dedicando auténticas
millonadas a políticas lingüísticas, embajadas exteriores, promociones
de hechos diferenciales y a mantener toda una red clientelar y de empleo
a militantes convergentes, restándole ese dinero a la sanidad,
educación y a los trabajadores catalanes y que luego acuse al resto de
España de que les falta dinero para cuadrar sus cuentas.
Como no tiene
sentido tildar a Extremadura de “región subvencionada” a renglón seguido
de pedir el rescate financiero a Madrid. A Cataluña y a toda España le
hace falta mucha menos demagogia de sus políticos, que se bajen de los
coches oficiales, se reduzca el número de políticos en sus
instituciones, se ponga fin a gastos innecesarios como las embajadas
autonómicas y se adecue el tamaño de la administraciones a lo que
realmente nos podemos pagar. Eso, y recordar que todos los españoles
somos iguales y nadie es más que nadie por haber nacido en una u otra
región. En momentos como este nuestra sociedad no necesita demagogos ni
populistas para salir de la crisis, sino hombres de Estado.
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