En su libro El dilema de España (Península Atalaya), el catedrático de Economía y Estrategia de la London Business School Luis Garicano plantea que España debe decidir si quiere ser la Venezuela de Europa, a la que nos parecemos ahora, o la Dinamarca del sur,
a lo que, asegura, deberíamos aspirar. Para ello, explica (a modo de
relato ficticio en el que un periodista del año 2034 explica cómo ha
logrado España que dos científicos españoles ganen sendos premios Nobel)
las medidas que nuestros gobernantes deberían llevar a cabo.
Medidas políticas
1. Un gobierno de coalición
Un proyecto ambicioso requiere de un pacto ambicioso.
2. Expulsar a los políticos de los órganos técnicos
Lo
primero que debería hacer el nuevo Gobierno es exigir la dimisión
inmediata de todos los nombramientos políticos en órganos que deberían
ser técnicos, hechos por el anterior Gobierno, y nombrar en su lugar a
personas independientes de reconocido prestigio.
3. Una nueva ley de partidos
Que
imponga normas mínimas para las primarias, obligatorias para la
confección de listas, las auditorías y la transparencia de las cuentas.
4. Una reforma constitucional
Que elimine el Senado y las diputaciones provinciales, excepto las vascas.
5. Reducir el número de ayuntamientos
Dinamarca
convirtió los 1.389 ayuntamientos con los que contaba en 2007 en 98, y
obligó a todos los municipios a contar con, al menos, 20.000 habitantes.
España podría convertir sus 8.116 municipios en 600, lo que reduciría
el número de concejales de 68.462 a 5.000. Tras esto, se podría
transferir un gran número de competencias autonómicas en servicios
sociales y educación a los ayuntamientos.
6. Reformar el Estado autonómico
El
Gobierno debería introducir un sistema con competencias claramente
asimétricas, confederal en la práctica para Cataluña y el País Vasco, y
un nuevo modelo de financiación basado en la idea del cupo más una tasa.
Esto haría que la mayoría de catalanes se inclinaran a favor de la
permanencia en España.
7. Reforma de la ley de enjuiciamiento civil y criminal y de la carrera judicial
La
conjunción de ambas reformas eliminaría el exceso de formalismo y
garantismo y reduciría drásticamente el número de apelaciones. Mejoraría
la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley. Los delincuentes de
guante blanco y los políticos corruptos perderían su capacidad para
retrasar el sistema indefinidamente y evitar el castigo. Una nueva ley
anticorrupción, más dura, modelada en la legislación estadounidense
contra la mafia y la corrupción política, supondría un incremento
notable de la efectividad de los tribunales en estos casos.
Medidas económicas
8. Eliminar todos los contratos temporales y el Estatuto de los Trabajadores
Se
debería implantar, de forma general, un contrato de trabajo a la
austriaca. Todos los empresarios contribuirían con 10 días por año a una
pensión de despido (el 2,75% de la masa salarial) libre de impuestos,
que sea un derecho del trabajador. En caso de despido, el trabajador
cobra 10 días por año trabajado por esta pensión, además de un máximo de
10 días adicionales pagados directamente por la empresa, que se
convierten en 15 en caso de despido improcedente. Si el trabajador no es
despedido, los 10 días por trabajador contribuidos se añaden a la
pensión de jubilación.
La reforma reduciría los costes de la
Seguridad Social para compensar los costes laborales debido a la nueva
pensión por despido. Los costes adicionales de la reforma se
financiarían vía la expansión de la base del IVA y la subida de los
impuestos especiales (gasolina y tabaco).
9. Movilizar a los parados
Los
parados, para recibir su subsidio, tendrán que ser “enseñantes” o
“aprendices”. Habrá una lista concreta de materias de las que se podrá
impartir o recibir clase y se emparejará a los parados alumnos con los
parados profesores, según sus aptitudes. Mientras no se tenga un empleo,
los parados tienen que asistir como mínimo a cuatro horas de clase al
día, o enseñar dos. Tres faltas de asistencia conllevaría la pérdida del
subsidio. Supondría un cambio radical en la percepción de lo que
realmente es el paro: ya no se estaría desempleado, sino en proceso de
formación.
10. Reformar los mercados y organismos reguladores
Con
el lema “Incrementar la competencia y la protección del consumidor” se
introducirían reguladores independientes de los mercados y se reformaría
en profundidad la estructura de los mercados financieros, eléctricos y
petrolíferos, de comunicaciones, etc. Todo ello supondría una fuerte
caída de los precios, sobre todo eléctricos, y pondría la base para un
incremento de la competitividad de las empresas españolas, especialmente
las consumidoras intensivas de electricidad y energía.
11. Contundente simplificación administrativa
El
Gobierno debería trazar un ambicioso plan para que España se situara a
la altura de Singapur en los indicadores internacionales de facilidad
para hacer negocios. Se implementaría un nuevo marco jurídico para la
entrada y la creación de empresas y la eliminación de licencias previas y
otros trámites.
12. Incrementar la demanda de empleo para los parados sin cualificar
Esto
se podría lograr mediante el objetivo Florida. El plan pasaría por
introducir una serie de cambios fiscales y en la cobertura sanitaria con
el fin de que España fuera el destino más atractivo desde el punto de
vista económico para los retirados extranjeros. Esto incluiría la
eliminación de los impuestos de sucesión sobre la renta para los mayores
de 65 años.
13. Asegurar la sostenibilidad del Estado del Bienestar
Para
ello sería necesario conservar la sanidad pública, pero introduciendo
criterios de eficiencia bajo el modelo británico y un modelo de cuentas
nocionales a la sueca en las pensiones (un modelo por el cual cada
trabajador sabe en todo momento cuánto ha acumulado en su cuenta).
Finalmente, habría que introducir la eliminación definitiva de la
desgravación fiscal por vivienda y fomentar el alquiler hasta que llegue
al 40%, lo que favorecería la movilidad interna en el país.
Reformas educativas
14. Reforma del sistema educativo en su conjunto
La
educación en España requiere una metamorfosis profunda. El componente
clave de la reforma debe ser el cambio en la gobernanza de los centros,
así como en la carrera profesional de profesores y directores. Ambos
pasarían a cobrar mucho más (los directores el doble que los
profesores), y la educación atraería a mejores profesionales.
El
Gobierno debería crear una Agencia Independiente para la Evaluación de
las Escuelas, que publicara análisis detallados de su funcionamiento,
incluyendo los resultados en los exámenes estandarizados y análisis
pormenorizados de la creatividad, la capacidad de expresión oral y
escrita, etc. La financiación de los centros quedaría ligada a la
demanda de los estudiantes, de forma que aquellos sin alumnos tuvieran
que cerrar.
La reforma universitaria se adaptaría a los modelos
existentes, sobre tres pilares: autonomía absoluta personal y financiera
de la universidad, así como su desfuncionarización; el rector sería
nombrado por un patronato externo; toda la financiación se realizaría en
función del éxito de investigación y de docencia. Los avances en
investigación se medirán por su impacto, no por su número. Algunas
universidades caerían, pero el resto mejorarían.
Fuente: EL CONFIDENCIAL
